Los convencionales reformadores encargados de debatir las atribuciones del Poder Ejecutivo no tienen dudas de que el gobernador y su vice deben tener la posibilidad de una reelección. También está fuera de toda discusión la necesidad de bloquear la reelección indefinida, aunque algunos espacios habilitan distintas modalidades de aplicación.

Lo que preocupa sobre este punto es si el actual gobernador, Maximilano Pullaro, estará habilitado a postularse a un segundo mandato. Mientras que Unidos planteó sus razones para facultarlo, el resto de los espacios plantearon sus motivos por los que debería prohíbirsele y hasta incluso apelar al “mandato ético” de autolimitarse.

Tal fue lo que se habló en la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo que sesionó este martes al mediodía. Dese el oficialismo, Cristian Cunha (PRO) y Esteban Motta (UCR) coincidieron en incorporar una cláusula transitoria que permita la candidatura de Pullaro, dado que está cumpliendo su mandato bajo la actual Constitución. Motta lo comparó con el caso de Carlos Menem en 1994, cuando la reforma nacional lom habilitó a una reelección.

Sin embargo, la mayoría del resto de los espacios políticos se expresaron en contra de permitirle la reelección al actual gobernador. Rubén Pirola (Más para Santa Fe) expresó la idea de una reelección con un límite total de ocho años para el cargo, sin posibilidad de regresar a ese mismo rol en el futuro, aunque sí a otros cargos. 

Emiliano Peralta (Somos Vida) pidió una disposición transitoria que deje explícito que los actuales gobernadores no podrán reelegirse, porque “juraron por otra Constitución”. También sugirió una ley que ordene el período de transición gubernamental para asegurar eficacia y transparencia.

Desde La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz fue tajante: “Me parece malo que el actual gobernador se haya presentado como convencional”, dijo, y advirtió que las cláusulas ambiguas “podrían habilitar doce años de gobierno”. Además reiteró su propuesta de que la reforma sea sometida a un plebiscito vinculante en las elecciones de 2027.

Lucila Lehmann (Somos Vida) afirmó que permitir la reelección de Pullaro “desvirtúa la política” y llamó al gobernador a dar el ejemplo de una actitud republicana. En tanto, Javier Meyer (LLA) sostuvo que “esta reforma está apuntada a la reelección del gobernador, que quiere utilizar los fondos públicos para beneficio propio”. Eugenia Martínez (Activemos) también se expresó en contra de una reelección para el actual mandatario.

Sin DNU y con nuevos controles

En el tratamiento del artículo 72, la mayoría de los convencionales rechazaron incorporar la figura de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en la Constitución provincial. Gabriela Martínez (LLA) sostuvo que Santa Fe tiene una tradición republicana sin antecedentes que justifiquen su uso. Lo mismo opinó Emiliano Peralta, quien señaló que los DNU “son para cuando el Congreso no puede sesionar” y eso no se verifica en la provincia.

Rubén Pirola recordó que incluso durante la pandemia la Legislatura siguió funcionando, por lo que no habría motivos para incluir esa herramienta. Silvia Malfesi y Eugenia Martínez coincidieron en establecer una prohibición explícita para que el Ejecutivo no pueda emitir disposiciones de carácter legislativo.

En cuanto a otras facultades, Victoria Tejeda (UCR) propuso autorizar decretos de emergencia por 120 días ante desastres naturales, sin afectar áreas sensibles como el régimen tributario, penal o electoral. También sugirió permitir convenios internacionales con aval legislativo.

Sobre el presupuesto, casi todos los bloques coincidieron en que debería presentarse antes del 30 de octubre. Martínez y Farías propusieron incorporar esa fecha como límite impostergable. Cristian Cunha sumó que el vicegobernador podría tener funciones ejecutivas delegadas por el gobernador.

Ministro coordinador: figura discutida

El artículo 73, que introduce la posibilidad de un “ministro coordinador”, generó posturas divididas. Julio Garibaldi (Unidos) defendió la incorporación al señalar que no implica crear estructura ni gastos, sino mejorar el vínculo entre poderes. Farías añadió que su designación debería contar con aprobación legislativa.

En cambio, Gabriela Martínez (LLA), Rubén Pirola, Silvia Malfesi y Eugenia Martínez cuestionaron la necesidad de esa figura. Argumentaron que ya existe una Ley de Ministerios y que corresponde al gobernador decidir su estructura interna.

En el artículo 98 se amplió el universo de funcionarios que podrían ser sometidos a juicio político. Victoria Tejeda y Beatriz Brouwer propusieron incluir al vicegobernador y a ministros de la Corte. Eugenia Martínez sumó al fiscal general y al defensor del pueblo, mientras que Emiliano Peralta propuso agregar al fiscal de Estado, al Tribunal de Cuentas y al secretario electoral. También planteó eliminar la figura del Procurador General de la Corte.

Rubén Pirola acompañó la ampliación pero excluyó al defensor del pueblo, criterio que también defendió Daiana Gallo Ambrosis. Jaqueline Balangione (Más para Santa Fe) planteó una diferencia sustancial: quienes accedan por concurso no deberían estar sujetos a juicio político sino a otro mecanismo de remoción.