Durante una nueva reunión de la Comisión de Régimen Municipal, los convencionales reformadores abordaron el debate sobre la autonomía municipal. Las distintas fuerzas políticas expusieron sus propuestas sobre cómo modificar los artículos 106 y 107 para consagrar ese derecho en la provincia de Santa Fe.

Por el lado de Más para Santa Fe, Diego Giuliano sumó la idea de incorporar la autonomía de control y poder de policía municipal, y eliminar la figura de comuna. Propuso distinguir entre municipios metropolitanos, regionales y comunales. Pablo Corsalini se centró en la coparticipación: propuso porcentajes mínimos garantizados por Constitución, como un 19% de las transferencias federales y un 6% para comunas, además de la creación de un organismo fiscal provincial y un fondo compensador.

Desde el bloque Unidos, María Sánchez Lecumberri propuso una autonomía constitucional sólida, funcional y sostenible, con un esquema de tres niveles institucionales de municipios según población y territorio, estableciendo la posibilidad de redactar cartas orgánicas propias a partir de los 50 mil habitantes. También se manifestó a favor de la reelección consecutiva por un solo período.

Su compañera de bloque Germana Figueroa Casas planteó limitaciones a la potestad tributaria municipal —"sin nuevos impuestos", remarcó— y propuso una nueva ley de coparticipación, además de reglas claras para el endeudamiento. Mauricio Maroevich insistió en que Santa Fe está "en mora" con la Constitución Nacional y propuso unificar todos los mandatos provinciales a cuatro años, al tiempo que alentó el intermunicipalismo.

El Partido Socialista dentro de Unidos, representado por Joaquín Blanco y Gino Svegliati, propuso una visión de autonomía en cooperación, respetando los diferentes tamaños poblacionales. Blanco diferenció entre municipios según población y defendió que los de más de 20 mil habitantes puedan tener carta orgánica. Rechazó fijar porcentajes de coparticipación en la Constitución, mientras que Svegliati vinculó la autonomía con el derecho a la ciudad y la gobernanza democrática.

Josefina del Río (Unidos - CREO) apoyó una autonomía en línea con la Constitución Nacional, acompañada de los recursos necesarios. También defendió la figura del viceintendente como una opción para las cartas orgánicas y valoró los convenios intermunicipales.

Desde La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart defendió una autonomía integral (política, institucional, administrativa, económica y financiera), manteniendo la figura de comunas pero con mandatos de 4 años. Propuso permitir cartas orgánicas solo en municipios con más de 200 mil habitantes. Rechazó la “doble o triple imposición tributaria” y pidió que cualquier nuevo tributo cuente con una mayoría agravada. También defendió el dominio local sobre los puertos en ciudades ribereñas como Rosario y Santa Fe. Javier Meyer, también de LLA, se opuso a sumar concejos en las comunas por considerar que “agrandaría el aparato estatal”.

Desde el espacio Activemos, Rubén Giustiniani propuso que toda comunidad con vida propia pueda constituirse en municipio, estableciendo la autonomía plena para localidades de más de 30 mil habitantes. Defendió la capacidad de los municipios para crear y recaudar impuestos y propuso que las cartas orgánicas sean sancionadas por convenciones constituyentes municipales.

Daniel Machado (Somos Vida) fue el único que aclaró que su bloque no presentó un proyecto propio, pero manifestó su disposición a construir consensos. Defendió una autonomía con competencias, recursos y autogobierno, evitando “detalles excesivos” en el texto constitucional.