Nueve años después de que se presentaran los primeros proyectos para proteger a los humedales argentinos, una iniciativa sin consenso podría finalmente avanzar hacia la concreción de una Ley de Humedales. Por falta de voluntad política, la norma anterior, elaborada por organizaciones de todo el país, perdió estado parlamentario en diciembre de 2021, y fue vuelta a presentar en marzo de este año, sin mayor suerte. El proyecto oficial que hoy busca acuerdos representa un “desguace” del impulsado originalmente, fustigaron las organizaciones.

Las organizaciones ecologistas ven en ella un claro peligro y avance sobre estos espacios naturales y es por eso que mercaron notoriamente la cancha.  “No aceptamos cualquier Ley de Humedales”, reclamaron en documento firmado por la Multisectorial por los Humedales, criticando así el borrador de este nuevo texto elaborado por el Ministerio de Ambiente de Nación en la reunión con el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema).

El lunes de esta semana, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié encabezó 103ª asamblea ordinaria del Cofema. La novedad de la reunión fue el anuncio por parte del ministro del lanzamiento de un nuevo proyecto de Ley de Humedales que, reconoció, fue elaborado “sobre la base” de la propuesta legislativa de Presupuestos Mínimos de Humedales que había obtenido dictamen unificado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación en noviembre de 2020, y que perdiera estado parlamentario un año después.

Y si bien el ministro aseguró que el proyecto del oficialismo se elaboró con aportes de distintas organizaciones y su consenso para llegar airoso al Congreso, desde la Multisectorial lo desmintieron: “Lo que venimos a denunciar es la gran mentira que constituyen estas declaraciones. La dirigencia política al servicio de los lobbys utilizó las herramientas burocráticas para cooptar el proyecto de ley de humedales consensuado por el pueblo, las organizaciones y la ciencia digna; que ya tuvo apoyos de ediles, para satisfacer intereses de los poderes económicos concentrados".

Cabandié, además, destacó la importancia de que haya sido “consensuado de manera federal”, y en tal sentido, apuntó: “Eso constituye un hito en la materia de trabajo colectivo, conjunto y esperamos que en el seno del Congreso nacional la discusión tenga una impronta federal”, sin embargo quedó claro en la postura de los ambientalistas que este proyecto no tiene apoyo alguno.

En ese sentido, las principales organizaciones socio ambientales de todo el país que impulsaron la ley que fue coordinada en la Cámara Baja por el titular de la comisión, Leonardo Grosso (PJ–Buenos Aires), generó un duro cuestionamiento. “No a la traición de la política al servicio del poder económico”, titularon en un comunicado.

En la declaración de la Multisectorial por los Humedales se apuntó sobre la sorpresa que significó el anuncio de Cabandié para el “conjunto con más de 380 organizaciones de todo el país” que trabajaron con Grosso donde se anoticiaron “del desguace de este proyecto por parte del Gobierno Nacional. “Recordemos que el proyecto consensuado en 2021 tuvo instancia de tratamiento en comisiones de Diputados, se le dio dictamen en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ambiente Humano, para luego ingresar a la Comisión de Agricultura y Ganadería presidida por José Pitín Aragón, comisión que jamás trató el proyecto, lo que derivó en su pérdida de estado parlamentario. A comienzos de este año volvimos a presentarlo, y aún esperamos que se establezca el giro a comisiones por parte de Sergio Massa”, repasaron.

Conjuntamente argumentaron que calificar de “federal” y “participativo” al proyecto del Cofema en base a esas reuniones, cuando se trata de un texto completamente vaciado de valor y de contenido, que lejos está de proteger los humedales, no es más que una estafa al pueblo y una burla a quienes “dedican tiempo y energías a perseguir un real ejercicio de la democracia”.

La Multisectorial hizo referencia también en cuanto al anuncio del ministro de Ambiente que “durante los meses precedentes, se promovieron reuniones no vinculantes con las organizaciones que construimos el proyecto consensuado, que fueron utilizadas únicamente para poder decir que se cumplió con el Acuerdo de Escazú, donde se determina que debe haber participación ciudadana y se establece el derecho a la información pública ambiental. En la práctica, estos espacios no constituyeron ninguna posibilidad real de incidencia en los procesos de negociación, ni se nos brindó el acceso a la información de manera Transparente”.

“El proyecto consensuado es superador, inclusivo en la participación y construcción conjunta, donde la protección y desarrollo son acordes a los límites ecosistémicos, a los tratados internacionales, a los acuerdos ya reafirmados por el Gobierno Nacional, y al compromiso de no regresividad y equidad transgeneracional. Un proyecto que resulta acorde a la crisis climática, al presente y futuro de las generaciones presentes y venideras. Fue modificado para convertirlo en uno funcional a los lobbys que presionan para que los intereses económicos prevalezcan por sobre la protección de la vida”, insistieron.

Finalmente recordaron que las poblaciones en vínculo con los humedales son los “afectados directos, especialmente desde hace unas tres semanas, por enormes incendios intencionales en las islas del Delta del Paraná, en un patrón casi exacto a las quemas de 2020". "Por esto también señalamos que es evidente la planificación en el corrimiento de la frontera productiva a base de fuego. Que no se quede el pueblo dormido, las consecuencias de la especulación a costa de nuestra vida y derechos están a la vista, son anunciadas y planificadas. Queremos nuestra ley, la que nos incluye, que construimos y ya fue apoyada. Queremos que Sergio Massa habilite el tratamiento en comisiones del proyecto consensuado. Queremos plenario de comisiones. ¡Queremos Ley de Humedales Ya! La nuestra, la del pueblo”, reclamaron.