Plan de desarme: un bache de tres años y una ciudad con cifras alarmantes

En junio habrá puestos móviles en los barrios que recibirán armas de fuego a cambio de un incentivo económico. La política pública reaparece en un escenario inédito en cuanto a la incidencia de las balas en la violencia urbana

Rosario volverá a tener un plan de desarme, una política estatal clave para achicar el arsenal en poder de los ciudadanos. La última campaña se llevó a cabo en mayo de 2015. En esta oportunidad, el contexto apremia más que nunca: casi todos los crímenes se cometen con un arma de fuego.

El ministerio de Seguridad de Santa Fe y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) ya diagramaron la puesta en escena del nuevo plan. Será muy parecido a los anteriores. Habrá puestos móviles en los barrios con personal capacitado que informará y orientará a los vecinos sobre los alcances de la iniciativa.

La convocatoria es para todos los civiles, sean legítimos usuarios o no. Las armas recibidas serán inutilizadas en forma inmediata en presencia de la persona que realiza la entrega y luego destruidas en un horno de alta temperatura. No es necesario acreditar la identidad y la bonificación rondará los tres mil pesos.

Las gestiones para que el plan llegue nuevamente a Santa Fe comenzaron a principio de año. La entrega voluntaria solo funcionó en provincia de Buenos Aires durante el 2017. “Está claro que en este contexto un plan de desarme ayuda más que nunca, admitió en febrero Matías Palavecino, director Provincial de Control de Armas, cuando el recrudecimiento de la violencia se convirtió en uno de los principales temas de la agenda política.

Los crímenes no cesaron y la violencia se transformó con el correr de los meses en la principal preocupación de la Casa Gris. Con un dato distintivo en relación a otras olas de homicidios (2013/2015): una mayor incidencia de las armas de fuego.

De acuerdo a un relevamiento de la fiscalía General del Ministerio Público (MPA) de la Acusación en el 86% de los asesinatos registrados en Rosario durante 2018 se utilizaron armas de fuego. Es el porcentaje más alto del país. En el Gran Buenos Aires roza el 65%.

En años anteriores, la cantidad de crímenes cometidos con armas de fuego oscilaba entre el 75 y 80% del total. Ahora esa cifra se elevó.

“Hoy la mayoría de los hechos son con armas que en su momento fueron legales. Se compran, se roban. Eso genera que haya mayor potencialidad ofensiva. Por eso es tan importante sacar armas de circulación”, explicó Juan Sánchez, Secretario de la fiscalía General.

En Santa Fe hay 100 mil armas registradas por civiles, seis veces más del arsenal que tiene las fuerzas de seguridad. “Es un número muy alto", admiten en el ministerio de Seguridad.

En lo que respecto a armas legales, uno de cada 39 rosarinos está autorizado a portar un arma de fuego y hay una por cada 23 habitantes, según el último relevamiento que difundió Anmac. El crecimiento es del 12% respecto al registro de 2015.  

Se calcula que el 30% de los portadores legales tienen sus licencias vencidas. El ministerio de Seguridad quiere endurecer el castigo contra quienes conserven armas sin habilitación. La idea es contar con golpear las puertas de aquellos ciudadanos que en su día registraron un arma pero que no renovaron sus credenciales.

“Este es un problema serio. Hay muchas armas que se coleccionan o que están guardadas sin uso alguno por la inhabilitación de sus portadores, pero que por robos pasan el mercado negro. Esto también hay que atacarlo”, analizó Sánchez en su última exposición ante la prensa.

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