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La provincia negocia con Nación para traer una campaña de desarme 

En mayo de 2015 fue la última vez que en Santa Fe se llevó adelante una campaña para desarmar a la sociedad civil. La ola de violencia que sufre Rosario por estos días desnuda aún más le necesidad de contar con una política pública para sacar armas de fuego de circulación. Desde la Casa Gris dicen que las negociaciones están avanzadas

Criminólogos, funcionarios y especialistas en Seguridad Pública coinciden en un mismo diagnóstico: la violencia urbana que desde hace un tiempo sufre Rosario se debe, en parte, al exponencial crecimiento de armas de fuego en manos de civiles. La última ola de crímenes expone esta evaluación con crudeza. Las balas provocaron casi todas las muertes en la última ola de homicidios.

En contextos muy violentos, los planes de desarme asoman como una política central para achicar el arsenal en poder de los ciudadanos. Desde el 2005 y hasta diciembre de 2015 funcionó en el país un programa de entrega voluntaria que, con defectos y virtudes, tuvo muy buenos resultados. En ese lapso, se destruyeron más de 170 mil armas de fuego.

Con la asunción de Cambiemos, el viejo Renar--cuestionado por un sinfín de irregularidades-- se transformó en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). Los nuevos funcionarios prometieron poner en marcha un nuevo plan de desarme una vez superada la etapa de “transición”.

Lo cierto es que el desinterés por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo atentó contra su relanzamiento. El Congreso demoró 9 meses en sancionar la ley que estableció su prórroga hasta diciembre del 2017 (debe renovarse en el inicio de las sesiones ordinarias), la Casa Rosada se tomó casi dos meses para promulgarla y la Anmac recién puso en marcha el nuevo plan en julio del año pasado. Las primeras campañas se centraron principalmente en la provincia de Buenos Aires. 

El 40 por ciento de los usuarios legales tiene la licencia vencida. De los no registrados, se cree que triplican a los inscriptos.

La intención del gobierno de Miguel Lifschitz es lograr en los próximos meses un desembarco del plan en Rosario y en la ciudad de Santa Fe, los dos distritos más poblados y que arrastran mayores índices de violencia. La última campaña se realizó en mayo del 2015.   

"Hay buena predisposición de Nación y las gestiones están encaminadas", le confío a Rosarioplus.com Matías Palavecino, director Provincial de Control de Armas. Y agregó: "Hace tiempo que queremos tener un plan de desarme. Ojalá lo podamos traer cuanto antes".

Ante cada escalada de violencia, la política reacciona y envía policías a
realizar allanamientos y secuestrar armas.

Palavecino negó que las gestiones se hayan intensificado por el recrudecimiento de la violencia en este arranque de año. "Las charlas vienen de hace tiempo. Está claro que en este contexto un plan de desarme ayuda más que nunca", explicó.

La propia Mónica Fein pidió el año pasado la llegada de esta campaña. "Tenemos que hacer un fuerte plan de desarme en Rosario. Que los conflictos de cualquier tipo se terminen con armas de fuego realmente hace mucho más probable que ese conflicto termine con un herido o un fallecido. Es necesario fortalecer la posibilidad del desarme de la población", planteó. En las tres campañas realizadas en Rosario (2010, 2013 y 2015) se recolectaron 9.910 y 65.907 municiones.

Cómo funciona

El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego tiene como objetivo reducir el circulante de armas en la sociedad mediante la entrega anónima y voluntaria de armas de fuego y municiones a cambio de un incentivo económico. La bonificación oscila entre los 1.200 y los 3.000 pesos. 

La participación es abierta a todas las personas, sean legítimos usuarios o no. Las armas recibidas son inutilizadas en forma inmediata en presencia de la persona que realiza la entrega y luego destruidas en un horno de alta temperatura. En 2017 se destruyeron 11 mil artefactos. La cifra se eleva a 300 mil desde el 2005, cuando se puso en marcha esta política.

El paso posterior a cargo del Estado es la destrucción de las armas en un proceso que incluye la trituración, la separación de madera, plástico y metal, su fundición y la posterior fabricación de acero. Según los últimos números difundidos por la Anmac, en Argentina hay casi la misma cantidad de armas legales que ilegales: 1.541.000 contra 1.500.000.

Hay 987.000 usuarios legales y el 40% tiene las licencias vencidas.

Números locales

Si bien el mercado negro de armas creció en los últimos años, no hay ningún número certero sobre la cantidad que circula a lo largo y ancho de la provincia. En enero, el ministerio de Seguridad reveló que durante 2017 la policía secuestró 788 armas ilegales en Rosario, y otras 912 en la ciudad de Santa Fe. La suma de ambas cifras representaron a "una cifra récord para la historiografía santafesina de la lucha contra el crimen", según evaluó el ministro Maximiliano Pullaro.

En lo que respecto a armas legales, uno de cada 39 rosarinos está autorizado a portar un arma de fuego y hay una por cada 23 habitantes. Hay un total de 40.722 armas registradas en la ciudad. El crecimiento de este registro (12% entre 2015 y 2017) tiene su impacto en el mercado ilegal. Desde el ministerio de Seguridad reconocen que  "muchas armas que son robadas o extraviadas por el personal policial ingresan al circuito ilegal".

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