El Ministerio de Seguridad comenzó esta semana una instancia de capacitación a 43 personas que serán las encargadas de poner en marcha un dispositivo con el cual el gobierno espera desarmar a la población civil de Rosario, y promete resarcir con un incentivo económico a los ciudadanos que otorguen sus armas, con hasta 3000 pesos. El propósito no es menor: se estima que en toda la provincia hay unas 300.000 armas ilegales en poder de la ciudadanía, y con eso las autoridades se explican en parte la cantidad de homicidios que, en lo que va del año, ya pisa los 90 casos.

El curso que dotará de herramientas para trabajar en territorio consta de cinco encuentros, llevados adelante por integrantes del Ministerio de Seguridad provincial y referentes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).

Las jornadas consisten en "dotar a los multiplicadores de herramientas para concientizar a los ciudadanos de los distintos barrios de la ciudad sobre los riesgos que implica tener un arma en casa, explicaron voceros de esa cartera.

Los multiplicadores ahondarán en temas referentes a la legislación vigente, a los mitos sobre la tenencia de armas y al modo en que eso afecta al núcleo familiar.

El secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia, Ángel Ruani, señaló que “se empezó a trabajar con los multiplicadores sobre la información y las políticas para mejorar la convivencia y disminuir la violencia en los barrios”.

Por su parte, Pablo Suárez, director de Prevención y Seguridad Comunitaria, puso énfasis en que los multiplicadores tendrán “una incidencia directa su lugar de trabajo, con sus compañeros, en los barrios donde son referentes institucionales de organizaciones de la sociedad civil, de manera tal de ampliar la campaña de desarme a toda la población”.