Para muchas mujeres que trabajan hoy de la oferta sexual en Rosario, el Estado solo ve “víctimas o proxenetas” y no deja lugar para “los grises”, donde se ubican quienes eligen esa actividad para alcanzar un sustento económico. “Se criminaliza y se empuja a la clandestinidad”, denuncia Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar).

Rosarioplus.com publicó este martes una radiografía de cómo se ejerce la prostitución en la ciudad desde que en 2013 el Concejo resolvió prohibir los cabarets y las whiskerías, un rubro que tenía alrededor de 15 establecimientos en los comienzos del siglo y solo tres abiertos al momento de la sanción de la normativa.

Hoy la oferta sexual está centrada en la calle, en departamentos privados y en “casitas”, una modalidad que empezó a funcionar en los últimos años en la zona de la terminal de colectivos cuando los moteles de la zona empezaron a prohibir el ingreso de las trabajadoras sexuales. Se estima que más de 700 mujeres ejercen esta actividad en la ciudad.

El pedido de reglamentar el oficio, un viejo reclamo del gremio de meretrices, va en contramano de la postura del Estado en sus tres poderes y en sus tres niveles, nacional, provincial y local. Se defiende una posición abolicionista, que propugna que la prostitución carece de todo tipo de reconocimiento en el mundo jurídico con el objetivo de desalentar y erradicar la actividad.

La Directora del Instituto Municipal de la Mujer, Carolina Mozzi, explica que por las normativas vigentes no hay diferencias entre la trata de personas, la explotación sexual y el ejercicio de la prostitución. “La postura no se sostiene desde una pata ideológica, sino desde el cuadro normativo al que debemos aferrarnos en nuestro accionar”, explica la funcionaria.

Para el municipio, la oferta sexual es sinónimo de explotación, violencia, dominación y sometimiento. La práctica esconde la idea de que el cuerpo de la mujer es una “mercancía que se puede comprar y vender”.

Mozzi aclara que no es correcto hablar de una “política prohibicionista”, porque el objetivo de la municipalidad es “combatir la explotación sexual a partir de la restitución de derechos”. “La mujer es una víctima en esta problemática. La municipalidad no intenta ni criminalizar ni estigmatizar, todo lo contrario poder trabajar con y al lado de ella”, subraya.

¿Qué se hace?

La ordenanza del 2013 creó una “mesa principal” contra la trata de personas, de la que participan distintos organismos municipales y provinciales para idear estrategias de prevención, capacitación y asistencia a las víctimas.

El Instituto Municipal de la Mujer lleva adelante desde el año pasado un programa del que participan muchas de las mujeres que hasta el 2013 trabajaban en cabarets y whiskerías. Consiste, por un lado, en la formación y capacitación de oficios; y por el otro en aprendizajes teóricos-subjetivos para que las mujeres puedan “empoderarse”  y pensar proyectos de vida diferentes.

El proyecto está atravesado por el programa “nueva oportunidad” (herramientas para la inserción laboral) y cuenta con la articulación de la Institución Adoratrices,  que tiene un recorrido histórico en el combate de la explotación sexual.

En 2016, participaron 91 mujeres. Este año hay 80. Hay cursos de costura, cocina y peluquería, entre otros oficios. “Se dieron experiencias muy positivas, mujeres que lograron emprendimientos personales de marcas de ropa o gastronómicos”, señala Mozzi, quien resalta que hoy Rosario tiene un abanico de políticas que no existen en otros municipios.

Así y todo, aclara que la problemática “excede” a un municipio local y que se está ante una práctica “muy compleja y arraigada en el tiempo necesita ser abordado con más fuerza”. Mozzi habla de “deudas del Estado”, como por ejemplo qué se hace con “el varón que consume prostitución, por qué una sociedad no cuestiona eso y qué pasa con una sociedad que ve a la mujer como un objeto de consumo”.

Reglamentación vs abolicionismo, dos modelos en pugna en el resto del mundo

Agustín Aráoz Terán es abogado de la Fundación María de los Ángeles por la Lucha contra la Trata de Personas. En una reciente columna de opinión en el diario Página 12, explicó que a diferencia de la trata de personas, a la que nadie se animaría a justificar, cuando se habla de prostitución, las “aguas se dividen y se revuelven”. La problemática una serie de debates, entre ellos,  si esta práctica debe ser reglamentada o directamente abolida del sistema social.

La necesidad de la reglamentación apareció en la última audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde miembros de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe RedTraSex expusieron su preocupación por el “alto índice de asesinatos de mujeres trabajadoras sexuales, el alto índice de impunidad que existe para esos crímenes, las barreras en el acceso a la justicia, la violencia institucional por parte de fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales y otros agentes estatales, entre otros graves problema”.

En su columna, Aráoz Terán detalló que en Alemania y Nueva Zelanda, dos sitios que reglamentaron la prostitución, los resultados no fueron los esperados.  En el país de Oceanía, el Comité de Revisión de la Ley encontró que después de la reglamentación de la prostitución, la mayoría de las personas prostituidas seguían sufriendo actos de violencia y que el estigma y el acoso por parte del público en general continuaban.

En Alemania, cinco años después de que entrara en vigor la ley, el Ministerio Federal alemán de Asuntos de Familia, Jubilados, Mujeres y Juventud, publicó un informe donde señaló que no existían indicios de que se redujeran los delitos alrededor de esa actividad. Para males, la mayoría de las 400.000 mil mujeres en situación de prostitución no tenían contratos de trabajo.

El modelo abolicionista, que, como ya se explicó propugna que la prostitución carece de todo tipo de reconocimiento en el mundo jurídico, no penaliza a la persona que se prostituya pero sí a quienes lucren con su explotación sexual como a quien consume prostitución.

A juicio de Aráoz Terán, este modelo ha sido hasta ahora “el más eficiente de todos los estudiados para la reducción de la práctica de la prostitución y por consiguiente del delito de la trata con fines de explotación sexual”.

En Suecia se inició en 1999. Hay una ley que  contempla la sanción a toda persona que demande servicios sexuales, la asistencia integral por parte del estado a las mujeres en situación de prostitución, el desarrollo continuo de campañas masivas de sensibilización dirigidas a hombres y mujeres y la capacitación permanente a policías y funcionarios públicos.

El 80 por ciento de la sociedad sueca no acepta hoy la compra de servicios sexuales y el país posee bajos niveles de mujeres en situación de prostitución y por ende menores índices del delito de trata de personas.