Cuando la abogada Nadia Schujman anticipó que se venía una imputación penal clave contra una banda de policías que lucraban con un negocio de corrupción se refería a esta: quien hasta julio pasado fue el subjefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Ariel Zancocchia quedó ayer acusado formalmente como el líder de una asociación ilícita dedicada a ganar dinero el desguace de patrulleros policiales, la venta clandestina de esas autopartes como repuestos, y desmanejos en la reparación de los vehículos de la institución. A tal punto que controlaba un taller de mecánica, chapa y pintura que prestaba servicios para la Unidad Regional II.

Zancocchia y otros oficiales de Policía cayeron este año por una investigación de la Agencia de Control Policial, que hasta el mes pasado dirigía Schujman. Fue entonces cuando la Legislatura forzó la salida de Marcelo Sain, primero como ministro de Seguridad, y luego como director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación. Y tras ello, un inefable allanamiento a las oficinas de Schujman, sin orden judicial, impulsado por el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, enemigo de Sain. Para Schujman, haber desbaratado este negocio de autopartes en la Policía abonó la represalia que derivó en el carpetazo en su contra.

La audiencia imputativa tuvo lugar este miércoles, a cargo de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. También quedaron acusados y enviados a juicio Sergio Cantero (jefe de Agrupación Cuerpos); el jefe y la subjefa del Comando Radioeléctrico, Cristian Molina y Débora Savani; el jefe de Logística, Francisco Fernández, ;los oficiales asignados a contabilidad en la UR II y en la UR XVII de San Lorenzo, Martín Ronsisvalle y Daniel Vega, respectivamente; y el responsable de la "Base Tarragona", el predio del Comando en Fisherton donde se arreglan los vehículos policiales, Germán Trujillo.

El taller de la UR II en Tarragona y Juan José Paso, allanado por la investigación sobre corrupción con el arreglo de patrulleros.
El taller de la UR II en Tarragona y Juan José Paso, allanado por la investigación sobre corrupción con el arreglo de patrulleros.

Los fiscales consideraron probado que Zancocchia y sus subalternos "se beneficiaron con la administración y disposición de vehículos, repuestos y/o autopartes de vehículos pertenecientes a las fuerzas policiales de la provincia mediante maniobras consistentes en entregar repuestos a terceros a cambio de dinero; hacer uso de autopartes a sabiendas de la irregularidad de su disposición y/o colocación en los vehículos para los que se solicitaban; obtención y utilización de repuestos nuevos para automóviles por fuera de lo dispuesto por las normas administrativas que lo autorizan y las que regulan la adquisición y disposición de esos recursos del estado. Además hicieron uso de esos repuestos y/o los comercializaron indebidamente con terceros; y lucraron indebidamente con el redireccionamiento de vehículos que debían ser reparados en talleres oficiales a empresas de terceros".

De la pesquisa surgieron irregularidades en la administración del parque automotor policial. Quien lo había advertido antes, y se animó a denunciarlo, fue el responsable anterior de Administración y Finanzas en la UR II, que sufrió amenazas y hasta un atentado con explosivos frente a su vivienda familiar.

Los fiscales engrosaron las pruebas con escuchas telefónicas en las que surgió repetidas menciones a una misma razón social de proveedores, Genarino y Arfe SRL. Y resultó que el primer dueño de esa firma fue el propio comisario Zancocchia.

El ex jefe ahora caído en desgracia fue designado en 2015 como habilitado contable en la Policía. Entonces se desprendió en lo formal y vendió la empresa que, sin embargo, siguió como proveedora de servicios para la Policía. En rigor, Zancocchia direccionaba el envío de patrulleros para su reparación a ese mismo taller de mecánica que él había fundado. 

"Ariel Zancocchia –dice la acusación fiscal– en oportunidad que cumpliera funciones como logístico y desde 17/03/15 hasta 04/10/16 y siendo luego designado como subjefe de la Policía de Santa Fe desde 31/08/20 hasta 29/07/21 se interesó de forma particular en la realización de negocios dinerarios que beneficien a la empresa Genarino y Arfe SRL. Para ello, y apelando a su ascendencia como funcionario policial de jerarquía, procuró que estas empresas sean contratadas por la policía de Santa Fe para que presten servicios de mecánica integral a los móviles de la Policía de la Provincia con el fin de beneficiar económicamente a los titulares de las empresas mencionadas. A partir de esas transferencias realizadas un mes antes que Ud. asuma como logístico de la UR VII (17/03/15), Arfe SRL y GENARINO incrementaron su participación en la facturación de la UR II considerablemente siendo las dos empresas de mayor facturación en el período 2017, verificando que desde que Genarino comienza a facturar al Ministerio de Seguridad en el mes de julio de 2016 se produce un incremento sostenido hasta julio de 2020 donde comienza a decaer, de los $14.560.660 facturados en el período 2016-2020 por el Sr. Genarino $14.252.730 corresponden a servicios facturados a la provincia de Santa Fe. En relación al análisis financiero-tributario de la firma Arfe SRL, surge que entre julio de 2015 y diciembre de 2020, de los $17.612.402 facturados, $14.236.962 corresponden a facturas al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe".