Nadia Schujman pidió el apartamiento de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, por su "falta de objetividad". Y lo mismo solicitó para el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, jefe de ambos oficiales de justicia y quien dio la orden de realizar el allanamiento a la sede rosarina del Ministerio de Seguridad el último 26 de noviembre, en el que secuestraron el teléfono de la histórica abogada de HIJOS y de otros funcionarios que habían llegado a la cartera en la gestión del exministro Marcelo Sain.

"El apartamiento es una institución que existe en la Ley 13.013, que regula al Ministerio Público de la Acusación. Nosotros entendemos que había méritos que con la sola materialidad de las cosas, demuestran que no puede pensarse que los fiscales estén actuando de manera objetiva, o que al menos no pudiesen producir esa sensación desde lo justiciable. Entonces, deberían cederle ese lugar a otros fiscales que den más garantías de objetividad en el trabajo", señaló el Juan Lewis, abogado de Schujman en esta causa y de otros cuatro funcionarios de Seguridad.

Lewis presentó un escrito al MPA solicitando el apartamiento a nombre de Schujman y denunció también las irregularidades del operativo: "Cuestionamos la falta de intervención de un juez, la falta de detalles sobre qué era lo que se iba a buscar, el secuestro de cuestiones que no tenían nada de público, como elementos personales de los funcionarios". "Pero todas estas irregularidades tienen un efecto, que es la falta de control sobre la actuación de los fiscales, de actuar sin recaudos y sin testigos", agregó.

A la hipótesis del "vuelto" de sectores del "círculo rojo" santafesino contra el equipo que conducía Sain en Seguridad por haber realizado investigaciones que pusieron de manifiesto la relación entre el delito y una parte de la política, el poder económico y la justicia, Lewis suma además un dato: "Esto también tiene que ver con algo crucial como es el futuro del MPA. El Ministerio Público de la Acusación es una institución relativamente nueva para la provincia. Y lentamente los órganos políticos y judiciales empiezan a darse cuenta el valor que tiene. Para que se entienda, es el único órgano que puede meter presa a una persona por cinco días sin dar explicaciones a nadie. No lo puede hacer ni el gobernador a eso. Entonces, en el manejo de esta institución se juega poder".

Y amplió: "Debemos saber que en abril de 2023 finaliza el mandato de Jorge Baclini como fiscal general y en 2022 se hará el concurso para saber quién lo va a suceder. Se deben mandar los pliegos a la Legislatura y allí se discutirán. En este marco, hay algunos candidatos que ya empiezan a hacer su labor propagandística, o labor de presión para asegurarse ese lugar. Y me estoy refiriendo concretamente a Carlos Arietti, que con estas acciones pretende posicionarse, con causas que están claramente por fuera de su competencia, de la fiscalía ordinaria".

Lewis finalizó: "Por eso también aparecen actores como los diputados provinciales Maximiliano Pullaro o Juan Cruz Cándido, que no entiendo como tienen supuestamente datos de la causa, siendo personas que no tienen nada que ver con la administración de la Justicia, al mismo tiempo que nosotros como defensa no tuvimos acceso a la causa. Hay movimientos extraños, de intereses que a lo mejor afectan la regularidad de una acusación de esta naturaleza. Si hay una acusación, que se investigue; pero no arbitrariamente. Y acá hay muchas circunstancias que empañan cualquier objetividad que debería revestir una investigación de este tipo. Por ello si realmente no hay ningún cuestionamiento, los fiscales también van a tener interés en que no se piense mal respecto de su actuación y van a ceder su lugar, conforme las pautas que establece la ley de subrogación y van a permitir que siga investigando otro fiscal que no tenga cuestiones que lo hagan sospechar como alguien interesado".