En el comienzo del juicio a 13 personas imputadas por formar parte de una red de megaestafa inmobiliaria, la defensora pública Martina Guirado, a cargo de la defensa de Sandra Moresco, manifestó su adhesión a un pedido de suspensión del juicio ya que asumió su defensa el anterior día hábil. El pedido lo había realizado la defensa del ex marido de Moresco, el sindicalista Maximiliano González de Gaetano, único imputado que llegó a juicio preso de antemano pero involucrado en otra causa: la que se le sigue por negocios de lavado de dinero y juego clandestino al financista Yalil Azum, detenido hace dos años.

Las defensoras no lograron frenar el juicio contra Moresco, pero a lo largo de la primera semana en la que desfilaron los alegatos de la Fiscalía y la Querella, Guirado consiguió que el juez de Primera Instancia Héctor Núñez Cartelle le concediera el pasado viernes un acuerdo abreviado a su defendida, en el que reconoció su participación de la banda pero solo en el rol de testaferro de su marido. Tendrá un año de prisión condicional.

“No fuimos notificados en esta defensa de que en la causa hubo acuerdos abreviados ya firmados por la fiscalía. Mis defendidas están coimputadas con esas personas”, precisaba la defensora Guirado en la primera jornada de juicio el pasado lunes, tras conocer que el mismo viernes anterior que asumía en la Defensa. Otro imputado, Leandro “Lelo” Pérez, firmó por su parte su propio juicio abreviado, y así logró salir de la lista de imputados justo antes de comenzar el juicio. Entonces la defensora tomó nota, e hizo el reclamo aun comenzado en beneficio de Moresco.

De esta manera, el pasado viernes 3 Sandra Moresco aceptó los cargos por los delitos de lavado de activos prestando su nombre en las operaciones ilícitas de De Gaetano, “en su modalidad de receptación y testaferraje, falsificación ideológica de documento, en concurso real y en carácter de autora”, precisó este lunes la prensa del MPA en un comunicado.

Aquel lunes de comienzo de juicio el fiscal Sebastián Narvaja solicitó para la imputada cinco años de prisión y multa de $40.526.404 pesos por dos hechos de estafa. Pero con la homologación de este acuerdo abreviado, aquella acusación queda atrás.