La jueza María Melania Carrara dictó prisión preventiva por 90 días contra el financista Patricio Carey, acusado por el fiscal Sebastián Narvaja de lavado de activos de origen ilegal a través de la agencia financiera Cofyrco, de Corrientes al 800. Había sido detenido esta semana en el aeropuerto de Ezeiza, cuando regresaba al país luego de haber viajado a Qatar para presenciar partidos de la Selección argentina. 

La decisión de la magistrada se fundó principalmente en la existencia de riesgo de entorpecimiento probatorio acreditado por un nuevo hecho presentado por el fiscal: el testimonio de un testigo relevante en la causa por la función que desempeñó en Cofyrco.

Este empleado había sido contratado para analizar los roles de los integrantes de la financiera para hacer más eficiente el trabajo que allí se realizaba, por lo que conocía detalladamente su funcionamiento. Cuando ya se encontraba imputado, Patricio Carey. lo citó personalmente para consultarle sobre la actividad que ellos realizaban en Cofyrco.

El testigo en cuestión en un primer momento declaró que no tenía mucho contacto con el imputado, que era una persona cerrada. Luego, ante una segunda convocatoria de la fiscalía en la que solicitó que no quedara registro de su declaración por temor a represalias, dio detalles de cómo funcionaba la financiera y el rol de dirección que tenía Patricio Carey. El contacto de éste con su ex empleado habría sido determinante en su actitud al declarar, lo que fue considerado por la jueza como entorpecimiento probatorio.

Los fiscales tuvieron conocimiento de este nuevo hecho el 18 de noviembre, cuando el imputado ya se encontraba de viaje, razón por la que dispusieron su detención al volver pese a que no tenía prohibición de salir del país y había avisado a la justicia.

De arrastre

Carey se encontraba ya imputado por los delitos mencionados, con medidas no privativas de la libertad donde la Fiscalía le atribuyó una operación de lavado de activos de origen ilícito consistente en haber recibido por parte de Marcelo Medrano (asesinado a tiros el 10 de septiembre de 2020 en Granadero Baigorria), dinero en efectivo en moneda argentina obtenido a partir del desarrollo de actividades criminales, para luego aplicarlo a operaciones de intercambio financiero, bajo la apariencia de tener un origen lícito. Así, unas horas antes de morir asesinado, Medrano acudió a Cofyrco, en Corrientes al 800. Allí, Fernando Verseci (ya condenado), Guido Garay (con suspensión de juicio a prueba), y Teodoro Fracassi (ya condenado), recibieron la suma de $2.350.000 pesos aproximadamente, a cambio de los cuales se le entregó la suma de U$S 17.776 dólares aproximadamente.

Esta maniobra de compraventa de divisas fue ejecutada por fuera de los canales regulados por el BCRA para el desarrollo de dichas operaciones. Esta operación fue llevada a cabo con conocimiento del perfil público de Marcelo Medrano, asociado al narcotráfico en la zona norte de Rosario y el cordón industrial. Por otra parte, fue realizada sin requerir a Medrano ningún tipo de elemento de acreditación del origen lícito de los fondos en pesos referidos, recibiéndose  fondos de dinero en pesos, para ser utilizados en operaciones de compra de moneda extranjera dentro del mercado legal de cambios, en operaciones de préstamos de dinero (mutuos) a terceros, de cambio de cheques y de adelantos de sumas en efectivo, con la consecuencia que dicho dinero circulara en el mercado, con la posibilidad que adquiriese la apariencia de un origen lícito, informaron desde el MPA. 

El dinero que Medrano cambió en las oficinas de Cofyrco SA eran el fruto de las actividades criminales en las que el mismo se encontraba involucrado, como única actividad económica desarrollada por el mismo, susceptible de explicar la magnitud del flujo de fondos que aplicaba a las referidas maniobras de compra ilegal de divisas, indicó el vocero. 

Además, al mes de septiembre de 2020, Cofyrco SA no contaba con autorizaciones del BCRA para operar en la compraventa de divisas, ni para tomar ahorro público o hacer intermediación financiera; tampoco contaba con habilitación de la CNV para operar bajo ninguno de los regímenes previstos por la Ley 26.831.

A Verseci, Fracassy y Garay se les imputó además la tenencia de 174 Documentos Nacionales de Identidad, en formato tarjeta, originales, de propiedad de personas físicas residentes en el país, extraviados, hurtados, o sustraídos ilegítimamente a sus propietarios/as. Carey también quedó involucrado en esta irregularidad. Los DNI habían sido extraviado, en su mayoría, en el boliche Sr Ming River House, tristemente célebre por ser el lugar de donde en febrero de 2020 patovicas sacaron y golpearon a Carlos "Bocacha" Orellano, cuyo cadáver apareció flotando en el río, junto a la estación fluvial.  

Usaban esos DNI para tomar esas identidades y justificar así compras de dólares del mercado legal, y luego venderlas a cotización blue.  Así se realizaron al menos 306 operaciones de dólares norteamericanos. Luego se volcaron dichos billetes en las operatorias irregulares de la firma financiera mencionada. Por tanto, obtuvieron un beneficio económico ilícito denominado “spread” de cambio, es decir la diferencia existente entre la cotización del dólar oficial y el denominado dólar blue.