Datos, propuestas y reproches en torno al robo de cables
Diputados convocó a debatir el problema previo a una ley que vigile la compraventa de metales como cobre y bronce. Empresas de servicios expusieron cómo les afecta esta variante delictiva y reclamaron más y mejor control del Estado. Otras voces, en cambio, dejaron en off side a Telecom.
La Cámara de Diputados puso en agenda el problema del robo de cables a empresas de servicios, los trastornos que ocasiona eso, y un negocio oculto más grande de lo que se supone. Lo hizo con una audiencia pública este miércoles en la delegación Rosario, pero la ocasión fue caja de resonancia para dejar en off side a la empresa Telecom y las falencias de su servicio de telefonía fija. Con todo, el problema existe y motiva un proyecto de ley destinado a establecer un control legal de los comercios que compran el metal robado. La EPE aseguró que en el último año este pillaje le hizo perder 7 mil toneladas de cobre; y Telecom sostiene que en Rosario registra 6 robos por día en promedio. Otros, además, repararon en el detalle de que "Argentina exporta cobre aunque no lo produce", como para dar cuenta de que el asunto es más complejo que el mero robo callejero.
El fenómeno, dicen, dejó de ser "un delito esporádico para instalarse como estable y permanente". Por eso alumbró iniciativas parlamentarias como la presentada por la socialista Lionella Cattalini para crear por ley un "Registro Único de Comerciantes de Metales No Ferrosos", donde los comercios del rubro de chatarrerrías y chacaritas informen sobre sus compraventas y las personas que intervengan.
"El robo de cables es uno de los delitos que más daños ocasionan, tanto por la cantidad de damnificados como por el perjuicio que produce para las empresas. Desde la EPE por ejemplo expresaron que ya les robaron 160 mil kilos de cobre sólo en la ciudad de Rosario", explicó Cattalini.
En la audiencia, coordinada por el diputado Oscar Martínez, y con la presencia de la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, y del secretario de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, hablaron representantes de compañías damnificadas como la EPE, cooperativas eléctricas de la provincia, Express, Telecom, Claro y dirigentes vecinales.
El robo de metales como cobre y bronce para su venta a comercios que lo adquieren en negro se funda en la suba de cotización de estos commodities, y lleva a la paradoja de que Argentina haga exportaciones de cobre a pesar de que no lo produce. "Una modalidad delictiva capaz de alimentar un importante mercado negro con fácil disponibilidad de dinero", señaló la diputada.
Los testimonios abundaron en detalles sobre el impacto de esta variante delictiva en las empresas de servicios, pero también en sus clientes. Un representante de Telecom dijo que "Rosario es el epicentro nacional del robo de cables", y aseguró que desde octubre de 2020 esa telefónica empezó a detectar el aumento del fenómeno. Citó desde entonces "3400 robos en la ciudad, unos 160.000 kilos de cobre". Y enumeró esquinas puntuales adonde sus cuadrillas han repuesto cableado hasta 20 veces por robos sucesivos, en Bella Vista, en Empalme Graneros, y otros.
Dos abogados de la EPE señalaron robos reiterados sobre transformadores rurales, un centenar en subestaciones transformadoras, y además los cables. Unas 7000 toneladas de cobre perdidas en un año, dijeron. "El delito primario, el robo, tiene pena mínima, por lo que se necesita un abordaje integral con la comercialización que hay detrás", señaló uno de ellos, Sebastián Nitti.
Un representante de Claro marcó que los cables de esa empresa son fibra óptica, pero se los roban igual. "Tuvimos que poner carteles para que sepan que no es cobre, que (a los ladrones) no le servirá", contó.
El secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignago, puso distancia a las demandas de control y demandó la intervención de otros niveles del Estado. "El negocio del cobre no se resuelve en una ventanilla de habilitaciones municipal. Nuestro país no produce cobre pero somos exportadores. Las chacaritas son un rubro comercial más entre los 36000 comercios habilitados en Rosario, pero el municipio solo tiene esa competencia. Hay que hacer inteligencia criminal y poner la mirada en el negocio grande. El cobre no se funde en cualquier lugar", indicó.
Brilloni e Iribarren replicaron que sí hay investigaciones que derivan en allanamientos y detenidos, como ocurrió una semana atrás en Rosario, Baigorria y San Lorenzo.
Hugo Valetto, empresario de línea blanca en el sur rosarino, contó que su fábrica estuvo 4 meses funcionando con generadores de energía. "Habían robado los cables, la EPE vino y los repuso en línea aérea. Volvieron a robarlos y con una motosierra cortaron el poste y lo robaron también. Pasaron cuatro meses hasta que cablearon en subterráneo y se acabó. Telecom, directamente desistió. Después de que robaron los cables ya no nos atendió más", dijo.
La compañía telefónica que integra el Grupo Clarín quedó en tela de juicio también con otros disertantes. El exconcejal Osvaldo Ortolani, de la Vecinal Empalme Graneros, la señaló como "el dueño de la pelota detrás de esta mafia". Relacionó el abandono que la empresa hizo hace un par de años respecto del servicio de telefonía fija. "Como aquello de 'ramal que para, ramal que cierra', estos malnacidos de Telecom dijeron 'teléfono que se descompone, no lo arreglo más'. Rosario tiene 35 mil teléfonos de línea sin reposición, pero siguen cobrando e intimando al pago. Después iremos a la plaza a ahorcar a un mendigo que lo pescaron robando un cable, mientras somos cómplices de una corrupción mucho mayor de lo que se ve", disparó Ortolani. Y el enviado de Telecom tragó en seco.
En la misma línea coincidió Marcelo Remondino, concejal de San Lorenzo. "La mitad de San Lorenzo está sin comunicación desde octubre. El Enacom constató la desidia de Telecom para con cinco barrios, y no da respuesta. Los chicos no pueden estudiar, los abuelos incomunicados porque no usan celular, usan teléfono fijo. Esta empresa llora porque perdió 160 millones de pesos por el robo de cables, y ganó 193 millones de dólares por su actividad. Envía cartas documentos para reclamar el pago del servicio en barrios muy humildes, y doña Rosa paga 17.000 pesos sin tener línea. Seguro dejó de comer para pagar el servicio de teléfono que no le funciona", expuso.
El tema dejó tela para cortar. Seguirá el miércoles 17 a las 10 en la Cámara de Diputados en Santa Fe, con la segunda audiencia.