La patente de una vacuna es el derecho que otorgan los Estados para garantizar una exclusividad, que protege las informaciones técnicas necesarias para una innovación. De esta forma, el reclamo cada vez más generalizado de ‘liberar las patentes’ significaría que más laboratorios productores podrían fabricar las vacunas sin el riesgo de un litigio con una gran farmacéutica.

A eso se suma que no solo la fórmula del producto es patentada sino que también todas las tecnologías alrededor de este, y eso bloquea la producción de productos similares y con otras características. Y de esta forma se lo considera como un gran bloqueo al desarrollo científico y al balance de los precios de las vacunas alrededor del mundo, que se producen en unos pocos laboratorios monopólicos.

Ante un panorama complicado con la llegada de la segunda ola y de la tercera en muchos países, con personal médico agotado y poca distribución en la campaña de vacunación ante la alta demanda, cada vez fueron más los organismos que comenzaron a reclamar a sus Estados que liberen las patentes.

Este miércoles se conoció que Estados Unidos respaldó la exención de las vacunas, y el mismo día se debatió en la Organización Mundial del Comercio sobre la propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus, iniciativa impulsada por India y Sudáfrica, dos potencias regionales golpeadas por la pandemia, a la que se sumaron la mayoría de los Gobiernos de países de bajos y medianos ingresos, entre ellos Argentina.

Al país el reclamo llegó de la mano de Médicos Sin Frontera y Amnistía, y en seguida muchas organizaciones comenzaron a apropiarse del reclamo, que esta semana encarnaron dos entidades de origen local, que llamaron a adherir: los docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Rosario.

“Llamamos a los gremios, universidades nacionales, gobiernos y organismos internacionales a unir fuerzas en este reclamo para que las vacunas sean declaradas uso de bien público y se puedan producir en los distintos países, así como establecer mecanismos más equitativos para su distribución”, reproducía un comunicado emitido desde la difusión de COAD.

De esta forma, los miembros de la Federación Universitaria de Rosario y los docentes se posicionaron “a favor del pedido de liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 llevado a cabo por referentes y organizaciones sociales y políticas, Estados y organismos de integración de América Latina”.

A nivel mundial el proceso de vacunación se da de manera desigual entre los países del norte y el sur global: los Estados con mayor poder acaparan de manera inescrupulosa la mayor parte de las dosis, superando en dos o tres veces las necesarias para sus poblaciones, en detrimento de otros países donde escasean vacunas o donde todavía no han llegado, explicaron.

A esto sumaro que “en las empresas farmacéuticas transnacionales tienen participación fondos de inversión como BlackRock, The Vanguard Group y Goldman Sachs”, y para la FUR y COAD “el lucro con la salud de gran parte de la población mundial tiene como ganadores a laboratorios que, además, han financiado su producción con fondos públicos de los Estados nacionales”.

La democratización y el acceso universal tanto a las vacunas como a los insumos sanitarios y la tecnología médica son “una urgencia en un contexto donde vemos venir segundas, terceras o cuartas olas de contagios en muchos países y los sistemas de salud están saturados”.

Finalmente aseguraron que “la pandemia visibiliza la crisis civilizatoria que atraviesa la humanidad y profundiza las desigualdades sociales y económicas que produce el neoliberalismo. A la vez pone en el centro la necesidad de fortalecer la salud pública y la universalización de políticas sociales y redistributivas de la riqueza”.