La crisis que atraviesa Brasil, la mayor potencia de Latinoamérica, amenaza con convertir al país en un peligroso modelo regional a imitar. Con índices de desocupación que ya superaron el 13 por ciento, un déficit fiscal que no retrocede y un estancamiento económico sin precedentes, el gobierno de Michel Temer está haciendo el “trabajo sucio” que le encomendaron los grupos concentrados de poder económico y financiero, y que una dirigencia política -mayoritariamente corrompida- habilita con la esperanza de salvarse de la prisión.

Oro a cualquier precio

Mediante un decreto, Michel Temer le puso fin a la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca), un área de más de 46 mil metros cuadrados -mayor que la superficie de Suiza-, ubicada entre los estados norteños de Amapá y Pará. Se estima que la reserva contiene grandes cantidades de oro, níquel y otros minerales, además del cobre que le dio su nombre.

El gobierno argumenta que la decisión apunta a atraer inversiones y afirma que se preservarán áreas protegidas y reservas destinadas a los pueblos originarios. En concreto, se busca estimular la actividad en la zona a través de la minería, que contribuye actualmente al 4 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de Brasil.

Ante la reacción de los organismos ambientalistas, el gobierno se mostró ambiguo. Se asegura por ejemplo que se mantendrá la legislación específica sobre la protección de la vegetación nativa, aunque no se ofrecen precisiones respecto de qué parte de la reserva estaría habilitada a la minería.

Expertos en política ambiental temen que la riqueza mineral que atrae a empresas de diferentes países se ubique en las zonas de protección natural e indígena.

Algunos sostienen que la explotación minera en la zona afectará a toda la cuenca amazónica y a toda Sudamérica. Uno de los efectos más graves de la destrucción de la flora de la región, será la interrupción de la correa transportadora que lleva humedad desde el Atlántico hacia la región amazónica. Otros especialistas afirman que el mayor impacto no sería el provocado directamente por la explotación minera sino a nivel indirecto, dado que se producirá una afluencia de personas que conducirá inevitablemente a más deforestación, la liberación de agrotóxicos y más incendios.

Es menester recordar las muertes y la destrucción ambiental provocadas por una avalancha de lodo y desechos de mineral de hierro al romperse el dique de una empresa minera en el sudeste de Brasil en 2015.

Para algunos políticos opositores identificados con la protección ambiental, la medida es la más retrógrada en la materia en más de 40 años.

Retazos del Estado en liquidación

Además de avanzar sobre la Amazonia para alentar el negocio minero, el plan de Temer para aumentar sus ingresos frente a la caída de la recaudación, recuperar la confianza de los inversores tras el incremento en la previsión del déficit para este año y reanimar así la economía, incluye un amplio paquete de privatizaciones. Esta auténtica “liquidación” de bienes del Estado comprende aeropuertos, rutas, puertos, la principal empresa de electricidad “Eletrobras”, una lotería y la Casa de la Moneda. En total, el programa de ventas y concesiones a la iniciativa privada comprende 57 activos estatales, con los que se espera darle impulso a la economía mediante las inversiones.

Debe recalcarse que estas medidas no son en absoluto un conjunto de hechos aislados ni manotazos de ahogado, sino que forman parte de un plan cuidadosamente diseñado que ya incorporó varias medidas. La primera fue el congelamiento del gasto público y limitarlo al índice de inflación del año anterior por un período de 20 años, lo que supone una menor inversión del Estado en áreas sensibles como salud, educación y seguridad. La segunda, la precarización laboral, que supone entre otras medidas: que los convenios pactados entre trabajadores y empleadores tendrán valor legal, incluso cuando no se ajusten totalmente a las normativas en vigencia; dificulta y encarece el acceso a la Justicia Laboral; acaba con el aporte sindical obligatorio, que descuenta a los empleados un día de trabajo anual para destinarlo al gremio en que están afiliados; flexibiliza el control del lugar de trabajo insalubre para las mujeres embarazadas y lactantes; y ofrece hasta la posibilidad de negociar el horario de almuerzo. Esta medida fue criticada desde la Organización Internacional del trabajo, la Iglesia Católica y rechazada por el 70 por ciento de la opinión pública.

En tercer lugar está la todavía no alcanzada reforma del sistema de jubilaciones y pensiones. Esta consiste principalmente en modificar la edad mínima para la jubilación, que actualmente es de 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres, para llevarla a 62 y 65 años respectivamente. La propuesta gubernamental cambia la mayoría de las reglas para cobrar la pensión por jubilación, llevando el tiempo mínimo de contribución al sistema de 15 a 25 años. Los trabajadores que quieran cobrar la pensión completa tendrán que haber aportado durante 40 años, sin interrupciones.

En cuarto lugar está el impuesto al combustible, una medida muy impopular, que despertó críticas en todo el país.

Pero, pese a todas estas medidas el gobierno debió rever la meta de déficit primario para este año y para 2018 pasó de 44 mil a 50 mil millones de dólares. En este contexto y, para revertir la situación, el gobierno anunció que vendería Eletrobras, medida que despertó el optimismo y generó euforia en la Bolsa de San Pablo, que se disparó un 44 por ciento, a su mayor nivel desde 2011. Ahora continúa con este variado paquete de privatizaciones y concesiones, que se extenderá hasta fines de 2018, cuando finalizará el mandato de Temer.

¿Modelo regional?

La mayor amenaza que deja como saldo lo que está ocurriendo en Brasil, es que se está constituyendo en un modelo regional a imitar. Un gobierno ya sin legitimidad popular, con el apoyo del 7 por ciento de la población y con una crisis de representación sin precedentes, donde la dirigencia política ofrece muy pocas alternativas decentes y creíbles, adopta medidas estructurales que marcarán a la sociedad brasileña por décadas.

Ante los estragos causados por un gobierno que demuestra qué es lo que sucede cuando la política está al servicio de la economía, hay quienes, mirando desde afuera, elogian la actuación del poder judicial, que arrasó con la credibilidad en la política y en las instituciones brasileñas. Jueces y fiscales parecen desconocer un dato clave: el 92 por ciento de los brasileños piensa que el poder judicial trata mejor a los ricos que a los pobres. En el fondo, siempre se trata de lo mismo. De dominadores y dominados.