Tras años en prisión e innumerables idas y vueltas, el Tribunal Constitucional ordenó la inmediata
excarcelación de Alberto Fujimori, quien fuera presidente de Perú desde 1990 hasta 2000 y cuya
figura polariza al extremo a la opinión pública peruana.

Los orígenes de la “grieta” peruana

Para entender por qué la excarcelación del exmandatario desató la polémica en Perú, hay que recordar primero que su gobierno partió al medio a la opinión pública peruana. 

Alberto Fujimori llegó al poder procedente del mundo académico, aunque se hizo muy popular como anfitrión de un programa de televisión de debate llamado “Concertando”. Fue un auténtico “outsider” de la política y alcanzó la presidencia desplazando a los partidos y candidatos tradicionales producto de una gran frustración social, incluyendo a su principal adversario, el escritor y político Mario Vargas Llosa.

Cuando asumió el gobierno, Perú atravesaba una situación muy difícil, caracterizada por una aguda crisis económica con una altísima inflación, y una profunda crisis de seguridad producto del accionar del grupo guerrillero Sendero Luminoso, de extracción ideológica marxista-leninista- maoísta. Las acciones de Sendero Luminoso y, en menor medida, las del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, sembraron durante años el terror en la población.

Fujimori desplegó una política económica de shock bajo el asesoramiento y la supervisión del gobierno de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI) que logró terminar con la inflación y sentó las bases para un crecimiento macroeconómico que se mantuvo en el tiempo, aunque nunca se tradujo proporcionalmente en mejoras sustanciales en las condiciones de vida de los sectores populares.

Respecto de la guerrilla, el gobierno de Fujimori logró doblegarla mediante una estrategia antisubversiva que consistió en involucrar a las Fuerzas Armadas y concentrar su accionar junto al de la Policía en la captura los cabecillas de las organizaciones, poniendo el combate armado y el patrullaje en manos de los Comités de Defensa Civil Antisubversiva, bajo el seguimiento del Ejército. Simultáneamente, los Servicios de Inteligencia de la Marina, el Ejército y la Policía Nacional actuaron de manera coordinada con las denominadas “Milicias Rurales de la Sierra” - cuyos integrantes eran conocidos como “Ronderos”- adiestradas y equipadas militarmente. Las organizaciones guerrilleras fueron derrotadas y el hito más emblemático fue la captura del líder senderista, Abimael Guzmán, quien fue exhibido como trofeo dentro de una celda, con el clásico uniforme a rayas de los presos.

Sin embargo, para poder implementar medidas tan radicales sin disponer de apoyo legislativo, Fujimori acabó por dar un autogolpe de Estado en 1992: cerró el Congreso y suspendió al Poder Judicial. Eso le permitió reorganizar las estructuras legales y estatales a su arbitrio, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de seguridad. En 1993 y en virtud de que buena parte de la oposición no quiso participar en elecciones, el gobierno logró consolidar su posición mediante una reforma de la Constitución.

Como consecuencia de las acciones de gobierno, la política económica aumentó la inequidad, la política antisubversiva se extralimitó y causó flagrantes violaciones a los Derechos Humanos y el autogolpe fracturó la legitimidad gubernamental. Hacia el final de su gobierno, la corrupción se habían tornado inocultable.

El impacto de su gobierno llega hasta la actualidad y la “grieta” peruana se remite en gran medida a la polarización entre “fujimoristas” y “antifujimoristas”.

Sus partidarios destacan los éxitos de su política macroeconómica, el fin de la inflación y la derrota de la guerrilla. Sus detractores condenan su autoritarismo, las violaciones de los Derechos Humanos en la lucha antisubversiva y los escándalos de corrupción que caracterizaron el final de su gobierno.

La turbulenta salida de Fujimori del poder, a los pocos meses de comenzar su tercer mandato, incluyó su renuncia por fax y el abandono del país con rumbo a Japón, la tierra de sus antepasados.

Sobre él se abrieron numerosas acusaciones de crímenes de lesa humanidad, autoritarismo, paramilitarismo y corrupción, entre otros delitos.

Persecución, cárcel e indulto

El Poder Judicial persiguió durante años a Fujimori para que respondiera por las causas abiertas en su contra. En 2005 fue detenido durante una visita a Chile, aunque se lo extraditó a Perú recién en 2007. Ya en su país, fue condenado a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en los que grupos de militares dirigidos desde el gobierno asesinaron a 25 personas. Fujimori fue acusado de ordenar las dos masacres. También fue condenado por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer (ambos en 1992). Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de Latinoamérica era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes contra los Derechos Humanos.

Fujimori permaneció preso en el penal de máxima seguridad de Barbadillo donde compartió las instalaciones con otros expresidentes peruanos. Sin embargo, desde que fue condenado, los intentos por liberarlo dieron comienzo a una larga disputa judicial con giros políticos. Sus hijos Keiko y Kenji siguieron carreras políticas en parte para mantener una presión política que permitiera en algún momento su liberación. Fuerza Popular, el partido de derecha de su hija Keiko, compitió en varias oportunidades por la presidencia sin lograr alcanzarla, pero manteniendo siempre un nutrido número de legisladores en el Congreso que le permitió presionar y condicionar al gobierno de turno.

En 2017, en medio de la crisis política que acabó costándole la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto humanitario a Fujimori por motivos de salud, en lo que fue interpretado como un intento por ganarse el apoyo del fujimorismo para evitar el juicio político en su contra que se tramitaba en el Congreso.

Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en de 2018 en contra del indulto. Calificó los de Fujimori como crímenes contra la humanidad y requirió al Estado peruano un control judicial sobre el perdón concedido por Kuzcynski. Entonces la Corte Suprema peruana lo declaró nulo y Fujimori debió regresar a prisión.

En 2022 el Tribunal Constitucional revocó la decisión de la Corte y restableció la vigencia del indulto, pero una vez más, una resolución de la CIDH resolvió que la sentencia del Tribunal Constitucional peruano incumplía las disposiciones sobre la ejecución de la condena a Fujimori como autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y pidió al Estado peruano garantías de que el indulto estaba fundamentado y no abría la puerta a la impunidad ante crímenes cometidos contra los Derechos Humanos. En ese momento, la presidencia la ejercía Pedro Castillo, de extracción progresista, quien dio lugar a la resolución de la CIDH.

Finalmente, hace unas semanas, Fujimori presentó un nuevo recurso de hábeas corpus que el Tribunal Constitucional concluyó por resolver reafirmando nuevamente la validez del indulto concedido por Kuczynski en 2017 y ordenando la liberación inmediata del expresidente. Además, el Tribunal Constitucional expresó que la CIDH no es competente para pronunciarse sobre si su última sentencia es ejecutable. Con la libertad del expresidente estalló la polémica y lasmanifestaciones a favor y en contra. La grieta peruana se reavivó.

Cabe destacar que la liberación de Fujimori se produce durante el mandato de Dina Boluarte, anteriormente vicepresidenta del destituido Pedro Castillo, quien permanece detenido en la prisión donde se encontraba Fujimori. En sólo un año, el gobierno de Boluarte carga sobre sus espaldas con más de 60 personas muertas, 1300 heridas y 600 detenidas. Es tan difícil encontrar pruebas como albergar dudas acerca de un pacto de convivencia entre el gobierno de Boluarte y el fujimorismo.

En su hipótesis de máxima, Boluarte se propone completar el mandato de Castillo, que vence en 2026. En su hipótesis de mínima, se propone no terminar presa ella también, dadas las acusaciones por violaciones a los Derechos Humanos y por corrupción que existen en su contra. Mientras tanto, la libertad avanza para Fujimori quien, al igual que Henry Kissinger, fallecido recientemente, nunca pidió una sola disculpa pública por las decisiones que adoptó y que costaron la vida a gran cantidad de inocentes.