Comenzó el Brexit y reina la incertidumbre

Nueve meses después del referéndum que determinó la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el pasado miércoles se inició formalmente el proceso de desconexión

Es la primera vez en sus sesenta años de historia que la Unión Europea (UE) se achica. El Brexit (British-exit) dictaminado por el voto popular en junio del año pasado dio su primer paso el 29 de marzo cuando la primera ministra, Theresa May, invocó el artículo 50° del Tratado de Lisboa mediante una nota enviada al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. 

Se prevé un mecanismo para la retirada voluntaria y unilateral de los miembros que quieran abandonar el bloque regional. El país de la UE que desee retirarse debe notificar su intención al Consejo Europeo, que debe proporcionar las directrices para la celebración del acuerdo que establecerá las disposiciones necesarias para la retirada.

El proceso de desconexión debe concluirse a más tardar en dos años a partir de la notificación de la retirada. Pero no hay certezas acerca de cómo se desenvolverá el proceso y la incertidumbre reina, puesto que no existen antecedentes de esta situación.

No existe el divorcio fácil

En todos los divorcios hay fricciones y ésta no parece ser la excepción. Desde el comienzo May dejó claro que quiere un superacuerdo comercial sin precedentes que se active simultáneamente con la firma del acuerdo de desvinculación. La primera ministra británica hizo gala de algunas amenazas veladas a las que suele recurrir y supeditó los aportes británicos en materia de seguridad a las relaciones económicas futuras con la UE.

Concretamente, May expresó que “sería un error muy costoso debilitar nuestra cooperación, que garantiza la prosperidad y la protección de nuestros ciudadanos”. Ya en enero había afirmado en un tono más duro que “es mejor un no acuerdo que un mal acuerdo”, en referencia a que su prioridad era controlar la inmigración y que para ello no le importaría perder acceso al mercado único.

May amenazó a la UE al sugerir que si es preciso convertirá su país en el “Singapur de Europa”, es decir un paraíso fiscal, con el objetivo de birlarle inversiones al continente. En aquel entonces no obtuvo grandes resultados y quizás por eso ahora moderó las formas, aunque el mensaje de fondo sigue siendo el mismo.

El gobierno británico apunta a salir de la UE conservando la mayor cantidad de beneficios económicos y comerciales posibles al tiempo que quiere evitar los que supone “perjuicios” de pertenecer al bloque, es decir, la inmigración. Es por eso que intenta condicionar las negociaciones de su egreso amenazando con retirar sus contribuciones en materia de seguridad, defensa y lucha contra el terrorismo, ámbitos en los cuales el Reino Unido es una reconocida potencia global. Dicho en otras palabras, quiere un acuerdo comercial provechoso e inmediato, prácticamente simultáneo al acuerdo de divorcio. En caso contrario, desafía con dejar de cooperar contra el terrorismo.

Esta postura fue reforzada por la ministra del interior, Amber Rudd, quien manifestó claramente la posibilidad de que Reino Unido abandone la agencia policial de la UE, Europol, después del Brexit: “Si nos vamos, nos llevaremos nuestra información con nosotros”. Eso dejaría a las fuerzas de seguridad europeas sin una fuente de datos imprescindible.

La respuesta desde la sede del gobierno de la UE en Bruselas y desde la cancillería alemana no tardó en llegar y fue contundente. Se intentará limitar los daños provocados por el Brexit, pero no habrá negociaciones paralelas. Tampoco se tolerarán amenazas. Por eso la respuesta a los planteos británicos fue un “no” a todo, por lo menos en esta etapa inicial de la negociación.

Desde Bruselas establecieron como prioridad pactar la salida británica, cuyo costo se calcula en 60 mil millones de euros, y los derechos de los ciudadanos, teniendo en cuenta que 1,2 millones de británicos viven en suelo europeo, y 3,3 millones de europeos en las islas británicas.

Para el Parlamento Europeo, la condición previa para cualquier acuerdo futuro es consumar primero la salida británica de manera ordenada. Eso no parece ser objeto de negociación. La canciller alemana, Angela Merkel ratificó esa postura al expresar que “las negociaciones deben aclarar primero cómo vamos a deshacer nuestros vínculos actuales. Solo después podremos empezar a hablar de la futura relación”.

Pero también hay concesiones

El gobierno británico tiene que enfrentar un panorama que no es sencillo. Desde el referéndum, la libra esterlina se depreció frente al dólar, aumentó la inflación y se calcula que la salida de la UE podría impactar en una reducción de entre el 3,6 y el 6 por ciento del PBI.

Por esos motivos, las amenazas veladas en la carta de May estuvieron matizadas por algunas posibles concesiones. La primera de ellas es que eventualmente se aceptaría que entre el acuerdo de divorcio y el acuerdo comercial pudiera haber un periodo transitorio.

La segunda, es que se admite que las empresas británicas tendrán que someterse a las normas europeas, acordadas en instituciones de las que Reino Unido ya no formará parte. Esto se debe a que durante el período de dos años que demandará la desconexión, el Reino Unido ya no tendrá voz ni voto en las decisiones del bloque regional, pero las normas europeas que aceptó voluntariamente acatar en el pasado, seguirán vigentes hasta concluir el proceso, incluyendo aquellas que regulen el proceso de desconexión.

El problema es la incertidumbre

El impacto del Brexit hasta ahora fue relativamente menor al esperado. Para los británicos produjo una caída de la libra, que encarece las importaciones y empobrece a la gente. En el seno de la UE, se avivaron las corrientes que quieren abandonar el bloque para proteger sus economías y para eludir la crisis migratoria. El problema es que si la incertidumbre se mantiene en el tiempo, los daños crecerán.

El gobierno británico y el Consejo Europeo intentarán acercar posturas más adelante. Pero en el inicio de las negociaciones, el gobierno británico apostó a la división de sus adversarios para atraer a sus posiciones tanto a otros países afectados dentro de la UE como a los empresarios, siempre reacios a los episodios de volatilidad vinculados a la incertidumbre.

Por su parte, la UE mostró una unidad poco frecuente en un grupo fracturado de este a oeste por la crisis migratoria y de norte a sur por la crisis del euro.

Éste es sólo el comienzo de un proceso histórico que redefinirá tanto el futuro de Gran Bretaña como el de la UE. Es el inicio de un divorcio y, como tal, es traumático. Será también definitorio, porque el Reino Unido pone a prueba la definición del analista italiano Patrizio Bianchi, quien expresó que la UE es una coalición de potenciales perdedores frente a la globalización, unidos por un interés común. Si los británicos demuestran que no existe tal interés común, los integrantes del bloque correrán el riesgo de convertirse en simples perdedores.

 

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