Este lunes 22 de marzo se presenta en Rosario la querella contra ex directivos de la firma Acindar, para determinar si la empresa fue cómplice en la desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios contra sus obreros durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón y luego en la última dictadura militar. Esta semana, se cumplirán 47 años de un operativo militar y para policial, con financiamiento de la propia empresa, que determinó el secuestro de delegados obreros en la localidad de Villa Constitución, en 1974.

La UOM VIlla, representada por los abogados Matilde Bruera y Santiago Bereciartua, formará parte de la acusación. "Se trata de un hecho histórico, que pretende sacar a la luz la represión policial y parapolicial que sufrió una de las organizaciones de los trabajadores más importantes de la época", señaló Bruera.

Para los abogados, se encuentra acreditada por numerosas pruebas recolectadas La puesta a disposición, por parte de la empresa, de instalaciones en Acindar para la colocación del destacamento policial y el funcionamiento de un centro clandestino de detención en los albergues de solteros de la fábrica, al que varios trabajadores recuerdan haber sido conducidos luego de su secuestro, e inclusive haber sido torturados en ese lugar.

Por otro lado, según pudo reconstruir la investigación que acompañará a a presentación judicial, la empresa dio la orden a sus operarios a fines de 1975, para que se realizaran el trámite de cédula de identidad de la Policía Federal y un nuevo carnet de fábrica, para lo cual se tomaron fotografías al personal. "Luego esas mismas fotos fueron empleadas por las fuerzas represivas para identificar a las víctimas durante los operativos de secuestros y allanamientos", determinaron Bruera y Bereciartúa..

En la misma línea, se menciona la existencia de posibles listas confeccionadas por la empresa con nombres de las personas que debían ser objeto de la represión. Y la sospecha de que Acindar aportaba medios de transporte que fueron empleados para llevar adelante los crímenes contra los trabajadores.

Con estos elementos, la UOM Villa Constitución y sus abogados solicitarán ahora a la Justicia que "investigue la responsabilidad de las personas que formaron parte del directorio de la empresa Acindar Industria Argentina de Aceros SRL y su personal jerárquico (entre 1975 y 1979), por los secuestros, homicidios y desapariciones de los trabajadores que fueron denunciadas en la presente y de las que surjan de la investigación".

José Martínez de Hoz, que en 1976 pasó de ser presidente de Acindar a ocupar el cargo como Ministro de Economía, fue reemplazado en su cargo en la empresa por el general Alcides López Aufranc.

Tras la huella empresaria 

En febrero de 2020, desde su lugar como diputada provincial, Bruera había presentado un proyecto en la Legislatura para que se cree una comisión bicameral, que se avoque a realizar un informe sobre los casos más paradigmáticos de complicidad empresarial en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico, militar, empresarial y eclesiástica. Además del caso Acindar en Villa Constitución, la legisladora mencionó la necesidad de investigar a Vicentín, en el norte provincial. La iniciativa será tratada en el período ordinario de sesiones que comienza el próximo 1 de mayo.