El 2017 estuvo signado por la proliferación de amenazas de bombas en escuelas secundarias rosarinas, tanto oficiales como privadas, que culminó con la imputación de siete padres y un estudiante por el delito de intimidación pública, con condenas que implican resarcimiento económico. Los allanamientos realizados en casas de familia y las detenciones de estos adultos y menores generaron el impacto esperado, según los que trabajan en el tema. Es que, en lo que va de 2018, en el marco de las primeras trimestrales, la cantidad de amenazas en relación al año anterior se redujo notablemente. 

El pasado miércoles al mediodía un llamado al 911 advirtió que había una bomba en uno conocido colegio secundario céntrico -del que, para evitar el efecto contagio, se preserva el nombre-, y una vez más el protocolo de seguridad debió ser activado, con la asistencia de una dotación de la Brigada de Explosivos de la Policía provincial, Bomberos Zapadores, Defensa Civil, agentes de Control y Convivencia y COEM. El resultado fue el mismo de siempre: negativo.

Las falsas alarmas, según datos brindados desde la Brigada de Explosivos a Rosarioplus.com, no son la marea que fueron en 2017. En lo que va del año hubo 3 llamados en marzo, 9 en abril, y 11 en mayo. En total, 23. El contraste es enorme, si se piensa por ejemplo que hubo 22 amenazas de bomba en el mes de agosto del año pasado. 

La delegada regional del Ministerio de Educación Daiana Gallo Ambrosis analizó las decisiones tomadas que, según ella, llevaron a que disminuya este tipo de delito. “Este año afortunadamente es muy diferente al 2017, que fue una ola terrible, generando casos en la Justicia de implicancias civiles y penales, con padres imputados que ahora están en libertad pero vinculados, y un adulto condenado por amenazar en varias escuelas y en Sede de Gobierno”, reflexionó la delegada regional.

Desde septiembre, en que los casos se judicializaron, el Ministerio se reunió con los directores de todas las escuelas oficiales y privadas, tanto primarias como secundarias. También se generaron encuentros con los estudiantes secundarios, con los que aplicó un dispositivo a través de los centros de estudiantes. “Además se enviaron notas en los cuadernos de comunicaciones para que los padres estuvieran al tanto de las implicancias que tiene el realizar esos llamados, que no son meras bromas de mal gusto sino un delito grave contra la seguridad pública. Incluso hubo padres que tras leer la nota en el cuaderno avisaron a las escuelas que sus hijos habían sido algunos de los responsables”, recordó Gallo Ambrosis.

En paralelo, Educación colaboró con el fiscal Gustavo Ponce Asahad, que contó con el Ministerio de Seguridad al rastrear las llamadas que derivaron en los allanamientos y detenciones de los padres e hijos. Sobre esto último, la funcionaria reconoció que “si bien fue fuerte y no queríamos llegar a esa instancia, fue contundente el mensaje sobre la peligrosidad de esas prácticas, y este año ya vimos cómo mermaron las llamadas”.

Consultada sobre la realidad actual, Gallo Ambrosis asegura que existen “amenazas aisladas” y que hay dos escuelas privadas que reciben llamadas recurrentes. "Desde que se detectó esto, se está prestando atención a ver qué ocurre en éstas, porque ni siquiera fueron en época de exámenes”, remarcó. Un caso extraño.

Finalmente, adelantó que desde el Ministerio se piensa demandar a los padres implicados en las causas “para que paguen un resarcimiento económico al Estado provincial por el gasto que implica cada protocolo de seguridad”, que es de 45 mil pesos para la Provincia, y 15 mil pesos para el municipio.