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Identifican una veintena de teléfonos con los que se hicieron amenazas de bomba

Este miércoles alumnos del colegio privado La Salle debieron evacuar por una amenaza de bomba.

El fiscal Gustavo Ponce Asahad, a cargo de investigar el tropel de falsas amenazas de bomba a través de llamados anónimos a escuelas de la ciudad, reveló que los peritajes lograron detectar alrededor de veinte números telefónicos desde los que partieron algunas de esas llamadas. Mientras tanto, este miércoles por la mañana el insólito fenómeno se reiteró en otros establecimientos educativos.

En diálogo con la prensa, el funcionario judicial advirtió: “Tenemos un buen número de llamadas identificadas, unas 20, estamos haciendo rastrillaje y habrá medidas con el correr de las horas”. En ese momento, circulaba en las redes sociales la irrupción de nuevas alarmas -que luego resultaron falsas, como todas hasta ahora- que recayeron en las escuelas Almafuerte y Técnica Nº 5.

La investigación de la Unidad de Cibercrimen incluye todas las llamadas con amenazas de bomba, y lleva alrededor de 140 casos desde diciembre pasado. Los investigadores no descartan hipótesis, ya sea una broma estudiantil o maniobras fundadas en objetivos de índole político. La mayoría de las llamadas identificadas fueron realizadas con teléfonos radicados en Rosario, aunque algunos tienen el prefijo 011, que puede pertenecer a una cabina telefónica o a celulares de la ciudad de Buenos Aires, especificó el fiscal.

Ponce Asahad se manifestó preocupado: “Estamos ante un delito de gravedad, encuadrado en la figura de intimidación pública, y los que sean identificados afrontarán el proceso penal. Si nos menores será en en ese juzgado. La pena es de dos a seis años, y es excarcelable. Y si se encontrara un artefacto explosivo la pena es de tres a diez años”. A la vez que adelantó que va a pedir medida cautelar una vez se acuse a los responsables.

Este martes se había registrado una amenaza en el Colegio Verbo Encarnado, de La Paz al 500, y allí se descubrió que la autora había sido una alumna.

Cabe recordar que en junio pasado fue imputado por intimidación pública (por el ex fiscal Rodrigo, ahora a cargo de Ponce Asahad) el primer responsable, un joven de 20 años, por realizar una falsa amenaza en el colegio Brigadier López. Aunque no cumple prisión efectiva, tiene prohibida la salida del país, y fijó residencia en Rosario.

Consultado por las posibles causas de que esta práctica se haya expandido, el fiscal reflexionó que “ha atravesado la matriz del efecto espejo, se va sucediendo por contagio. Merece un abordaje interdisciplinario, con los padres”.

La mayoría son amenazas de bomba a establecimientos educativos, “con la gravedad que conlleva, ya que se lleva adelante un protocolo de rigor con recursos provinciales y municipal. Es un gasto considerable en términos económicos”, recordó y solicitó a los ejecutivos provincial y municipal que consideren “un resarcimiento en la justicia civil por parte de padres o tutores si los responsables fueren menores”.

Ponce destacó por otra parte que los ministerios provinciales de Seguridad y de Educación se sumaron con recursos para la investigación.

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