El extenso marco probatorio que respalda la investigación judicial contra varios peces gordos de la ciudad refleja conductas, prácticas y logísticas comunes a la hora de concretar las estafas. En tres de los seis casos que detalló la fiscalía para imputar a los acusados se repite el mismo modus operandi en la selección del botín del fraude: inmuebles con dueños fallecidos.

Para la Unidad Fiscal especializada en Delitos Complejos y Económicos, la organización delictiva comenzaba sus operaciones a través de la “pesca” de propiedades que en apariencia tenían algún “grado de desposesión de sus dueños”. En dos oportunidades eligieron titulares mayores, ancianos con poca capacidad de reacción. También le apuntaron a bienes deshabitados, como las dos casas que tenía la familia Marelli, dueña de una reconocida empresa de construcción de Rosario, frente al río.

Pero la modalidad que más se repitió fue la de identificar inmuebles sin propietarios visibles. En el caso de un campo de Villa Amelia y de dos casas de Rosario utilizaron firmas apócrifas de dueños ya fallecidos, lo que hizo aún más burda la estafa. En esta etapa inicial del fraude participaron el empresario Roberto Aymo y el escribano Eduardo Torres.

La primera estafa con estas características ocurrió en mayo de 2013 con un inmueble ubicado  en calle Viamonte N° 5390. Según consta en el acta de imputación, Aymo y Torres confeccionaron un falso poder en el que se detallaba que Ernesto Paulino González y Daniel Rafael González, titulares de la propiedad, le conferían a Javier Zarate (chofer de Aymo) la representación para ceder, vender o transferir la casa.

La estafa quedó al descubierto ni bien los fiscales dieron curso a la denuncia de sus familiares. Ernesto Paulino falleció en 2003 y Daniel Rafael en 2010. Luego de esa primera maniobra, Aymo acordó con Zarate para vender el  inmueble a Ramona Isabel Rodríguez, la pareja del empresario, en 80 mil pesos.

Al enterarse de la estafa, Blanca Rosa Coman, prima de los fallecidos, mostró ante la justicia la documentación que la declaraba como la heredera junto a otros familiares. Entregó los certificados de defunción y explicó que la ilegal venta se realizó en el mismo momento que se tramitaba la sucesión. “Están muertos, nunca podrían haber firmado esos papeles. Es irrisorio”, se quejó ante los fiscales.

El segundo caso data de febrero de 2014 cuando Aymo, Torres y Transito Manuel Portillo, otro cómplice, concretaron la compraventa fraudulenta del 50 % de una fracción de terreno ubicado en Villa Amelia (5.000 m2 en la Ruta 18 km 9200). Para poder quedarse con el botín tuvieron que confeccionar un falso poder con la firma de Antonio Otaduy, dueño de la parcela. Portillo se quedó con el terreno por la “aparente” suma de 450 mil pesos, según se especificó en el apócrifo boleto de venta.

Un año y dos meses más tarde, en abril de 2015, Daniel Eduardo Achaga, heredero de la propiedad, se presentó en Fiscalía para denunciar la estafa. Declaró que Antonio Otaduy, un “viejo amigo” suyo, nunca pudo haber estampado esa firma debido a que murió en 2002. Contó que tuvo que realizar “distintos desalojos” en ese terreno y que “para su sorpresa” se enteró de la ilegal transferencia al pedir un extracto de dominio ante el Registro General de la Propiedad. “Mi amigo falleció 12 años antes de la fecha de ese supuesto poder”, explicó.

Y detalló: “Antonio me legó una porción de campo que él tenía. Me escribió una carta, habrá sido allá por el 2004. Yo lo fui a ver al Hospital Naval, él tenía un cáncer terminal. Quería que yo me quede con todo. Yo hablé con mi abogado, Manuel Ferreyra para hacer una usucapión, para poder obtener el campo. Tuvimos muchos disgustos por varias usurpaciones y ahora nos venimos a enterar que hay un tipo que se ha hecho dueño de la mitad del terreno”.

Por último, en abril de este año, Aymo y su señora vendieron fraudulentamente como libre un inmueble ubicado en calle Pasco Nro. 1038/1040 a los representantes de la firma Bauen Pilay S.A, tras falsificar documentación sobre el estado de la propiedad (levantaron un litigio que pesaba sobre esa parcela). En la “falsa creencia” de que el bien se encontraba “libre”, los compradores entregaron 450 mil dólares.

El fraude contó con otra documentación apócrifa: un poder otorgado por Walter Cosme y Noemi Josefa Rosario Downes y sus respectivos conyuges, ambos fallecidos. La estafa fue descubierta por Marcelo Adrián Napolitano, abogado de las víctimas.

En sede judicial, declaró que se puso en contacto con el escribano Torres para saber qué estaba pasando: “Le mandé una carta documento haciéndole saber que mis clientes no habían estado en el país en los últimos 10, 15 años o más años, que ambos eran viudos y que evidentemente el poder contaba con firmas falsas, por lo tanto le pedía que se abstuviera de usarlo”.

Luego de eso tuvo un “cara a cara” con el notario. “Le cuento la realidad de éstas personas, dos están muertos y dos están radicados fuera del país y no han venido para nada, nunca pusieron en venta ese inmueble. El escribano se encuentra sorprendido por la noticia que le estoy dando, me dice que va a ver la solución y me llama al día siguiente para decirme que me quedé tranquilo que va a anular la escritura del poder. Obviamente no lo hizo. Al reanudarse el año 2014, tomé conocimiento que efectivamente habían usado el poder, habían transferido la propiedad”.