El gobernador electo Maximiliano Pullaro abrió el debate sobre la aplicación de la ley de narcomenudeo, una suerte de desfederalización del delito, por el cual se le daría intervención al Poder Judicial de la provincia y a la policía local, en procedimientos con personas que tengan una escasa cantidad de droga para comercializar. La cuestión, que debe pasar por la Legislatura para adherir a la ley nacional, gana adeptos, pero también resistencias. 

El ministro de Seguridad provincial actual, Claudio Brilloni, manifestó su apoyo a la propuesta. "Tal vez no nos cambie la vida en materia criminal, pero es una herramienta más contra el narcotráfico", dijo Brilloni en declaraciones a la prensa, y agregó: “Acá, quienes se disputan los territorios a los tiros son los narcomenudistas".

En tanto, la fiscal regional de Rosario del Ministerio Público de la Acusación puso reparos al sostener que "depende de cómo se implemente y cómo se piense la ley y su estructura". “No es lo mismo el narcomenudeo en Rosario que en una ciudad chica. Se tiene que pensar con lógicas distintas”, comenzó.

X de Maximiliano Pullaro

Luego apuntó a la policía: "Lo que tenemos que pensar es que el principal recurso para investigar es la policía santafesina. O sea, la justicia hoy lo investiga con la policía federal y lo hará con la provincial. Si no mejoramos los controles de la fuerza y profesionalizan la policía, va a ser lo mismo. Una ley no es milagrosa. Lo que la hace efectiva es cómo se implementa". En cambio, el exfiscal general del MPA, Jorge Baclini impulsaba la desfederalización.

Lo contrario opina la Corte Suprema de Santa Fe, quien el año pasado salió al unísono a rechazar la idea de desfederalizar el delito de narcomenudeo y que las investigaciones recaigan en la justicia provincial. "No cambiaría en nada, sumaría problemas", definió el ministro Daniel Erbetta. Antes fue el propio presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez el que dijo estar “totalmente en contra”. 

“Se generaría estadística con la persecución del eslabón más bajo del problema, el consumidor y pequeño distribuidor, y se empoderaría ventanas de supuestos nichos de corrupción. Además,  se sobrecargaría de trabajo a los fiscales provinciales que ya tienen mucho”.

Luego cuestionó a la política que promueve la iniciativa: "Es una brújula imantada: no se sabe dónde está el norte y el sur. Integrantes de un mismo espacio legislativo proponen sumar recursos federales, y por otro lado quitarle trabajo a la justicia federal y dárselo a la provincial sin sumarle recursos. Esto es inaceptable".