La ley de narcomenudeo se cargó el primer búnker de drogas en Rosario
El gobernador, Maximiliano Pullaro, obtuvo la normativa para avanzar contra el microtráfico. Se trata de una construcción precaria ubicada en calle Riobamba a la altura del 5000, en la zona oeste, que funcionó como punto de venta.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, afirmó hoy que existre un comprimiso "a dar una respuesta inmediata" para "reestablecer el orden jurídico en la provincia", al participar en la ciudad de Rosario de la demolición del primer "búnker" de venta de drogas al menudeo desde la entrada en vigencia de la ley de desfederalización de ese delito.
"La investigación federal de narcotráfico es muchas veces de mediano y largo plazo", explicó el ministro, quien agregó: "Nosotros nos comprometimos a dar una respuesta más inmediata, sin perjuicio de que sigan las investigaciones ulteriores".
"Hoy necesitamos restablecer el orden jurídico en la provincia de Santa Fe", sostuvo Cococcioni, y dijo que "esta es una estrategia de intervención que será sostenida con bases en datos de inteligencia criminal".
El ministro brindó una conferencia de prensa durante el "primer derribo de un puesto de venta de drogas en el marco de la nueva ley de microtráfico", informó la cartera a su cargo.
Se trata de una construcción precaria ubicada en calle Riobamba a la altura del 5000, en la zona oeste de Rosario, que funcionó como punto de venta de drogas al menudeo, habitualmente conocido como "búnker".
Cococcioni resaltó que "a trece días de la entrada en vigor de la ley provincial de microtráfico, se efectuó una primera muestra pública de la aplicación práctica, más allá de la faceta investigativa y judicial de la Fiscalía en coordinación con la Policía de Investigaciones y otras fuerzas policiales".
El ministro agregó que "la ley permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial".
Así se refirió a la adhesión por parte de la Legislatura de Santa Fe a la ley nacional que habilita la desfederalización de la persecución penal del comercio de estupefacientes a baja escala, de modo tal que puedan intervenir en esos casos los fiscales provinciales.
"Esto se logra a partir de la solicitud de un fiscal de una serie de medidas que son la privación cautelar de la libertad de las personas involucradas, la desactivación del punto de venta y, cuando es un búnker como en este caso, o una construcción precaria montada específicamente para la venta de drogas, la ley también permite la demolición del inmueble", explicó el ministro de Seguridad.