El juez penal de la ciudad de Reconquista Santiago Banegas se negó a homologar el acuerdo abreviado alcanzado entre el ex secretario privado de Dionisio Scarpin, Marcelo Galaz, y su víctima por un caso de abuso sexual de menores en el que el ex funcionario del municipio de Avellaneda confesó haber violado a una sobrina cuando era niña.

El argumento del magistrado fue que carecía de "libertad" para fallar en virtud de las declaraciones del procurador de la Corte Suprema de Justicia provincial, Marcelo Barraguirre, que había adelantado que haría una investigación sobre el caso.

En el acuerdo que se había alcanzado, Galaz admitió los abusos, acordó una pena de 7 años de prisión y el pago de una indemnización de seis millones de pesos, con lo cual evitaba el juicio oral que lo exponía a una condena de 32 años de cárcel.

Sin embargo, Banegas se inhibió de firmar el acuerdo por declaraciones que el procurador de la Corte provincial realizó a una radio de Rosario: dijo que iban a "conformar un legajo de actuaciones para poder investigar las responsabilidades judiciales" y anticipó que se investigaría "la responsabilidad del magistrado en avalar, al homologar un acuerdo de partes en estos términos".

Ante las declaraciones de Barraguirre, el juez Banegas se inhibió mediante un escrito: "Me coloca en una encrucijada de la que no puedo salir indemne, careciendo de libertad para fallar conforme a mi leal saber y entender. Es por ello que corresponde inhibirme", argumentó.

Para el magistrado, los dichos del procurador "resultan de una gravedad institucional extrema" y "se trata de una injerencia indebida e inaceptable que claramente me condiciona a la hora de dictar sentencia".

"Esta situación, de por sí alarmante, luce aún más grave cuando se advierte que la opción que podría acarrear consecuencias perjudiciales hacia mí, es aquella que posiblemente habría tomado, si me hubiese encontrado en condiciones de dictar sentencia libremente y sin presiones indebidas ejercidas por el funcionario referido", añadió.

A Galaz se le imputó ser autor de abusos sexuales gravemente ultrajantes, reiterados en un número indeterminado de veces, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, reiterado también en un número de determinado de veces.

Voceros del caso indicaron que los abusos se iniciaron en 2000, cuando la víctima tenía 4 años, y se extendieron por seis años, hasta que ella comprendió el alcance de los hechos y lo amenazó con contar lo sucedido a su madre.

Galaz, que está en libertad, le depositó 3 millones de pesos a la víctima como parte del acuerdo y debía depositar una suma idéntica el 29 de abril pasado, como paso previo para que el juez homologara el acuerdo, a lo que finalmente se negó.

Ante la inhibición del magistrado, la Oficina de Gestión Judicial debe remitir el expediente a un juez subrogante que podría quedarse con el caso o rechazarlo, con lo cual la decisión quedará en manos de la Cámara de Apelaciones.