La oposición le reclama al gobernador Omar Perotti la no inclusión en el paquete de leyes para frenar la violencia criminal que envió a extraordinarias a la Legislatura el proyecto de ley que cambia las condiciones de detención de los presos de alto perfil. Estos son quienes lideran las bandas que siguen actuando desde las cárceles.

El pullarismo cuestiona que el texto, de autoría del diputado radical Juan Cruz Cándido, está listo para tratarse y no se incluyó a pesar que se había acordado ello en la última Junta Provincial de Seguridad. El eje central de lo que envió Perotti busca endurecer la prisión preventiva como medida ante ciertos delitos con armas y sobre casos de violencia de género. Pero anda de los líderes de las bandas encarcelados.

Justamente allí es donde pone el ojo el proyecto opositor: “la privación de libertad tiene por misión esencial evitar la continuación de la actividad delictiva desde la cárcel misma, protegiendo así a la sociedad y al propio personal institucional. Esto implica una revisión general de las normas de trato: alojamiento, visitas, comunicaciones, traslados, medidas de seguridad y todo un abanico de cuestiones”.

Pero, ¿quiénes son los presos de “alto perfil”? Los que forman parte de organizaciones ligadas al narcotráfico, involucrados en atentados contra edificios públicos, quienes tengan antecedentes por evasión de los penales y los que tengan recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo, para llevar a cabo algunas de esas acciones.

¿Qué propone? Celdas individuales, con inhibidores de señal y con custodias permanentes preparada. Se evita la posibilidad de traslado a otras dependencias policiales y restricciones en cuanto a la forma de contacto y duración de las visitas.

El personal afectado a los servicios de custodia interna, custodia perimetral, requisa, traslado o irrupción deberá estar con el rostro cubierto y sin insignias todo el tiempo. La custodia perimetral y al traslado de reclusos de alto perfil estará autorizado a utilizar carabinas y fusiles, para lo cual deberán estar debidamente entrenados.

Podrán recibir solo a dos personas para sus visitas por separado y cada quince días por dos horas, y deben ser familiares directos. Si realizan alguna violación a la norma, se pasa directamente a visitas por teléfono en cabina por 30 minutos.

Según explica el diputado radical entre 2015 y 2019 el ministerio de Seguridad que encabezaba Maximiliano Pullaro propuso iniciativas especiales en este sentido, pero “muchas iniciativas del segmento penitenciario en general, algunas de estas acciones fueron en la práctica impedidas, neutralizadas o limitadas debido a interferencias del estamento judicial o de otros organismos”.