La Multisectorial Contra la Violencia Institucional emitió un comunicado tras la finalización este miércoles de las audiencias en el Juicio Oral y Público que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, donde remarcaron que al joven bonaerense “lo mató la policía” y que esa situación quedó “en manifiesto” en cada una de las audiencias que se dieron a los largo de este año.

Por la feria judicial, habrá un receso en el juicio, que continuará en febrero de 2023, donde se llevarán adelante los alegatos y la sentencia. La fiscalía tiene una lista de acusados que está encabezada por el entonces comisario de la seccional séptima, Diego Álvarez, seguida por agentes, cabos, sargentos y oficiales.

Tanto familiares y organizaciones de derechos humanos manifestaron que el Juicio se desarrolló en un contexto de acciones de hostigamiento sistemático en redes sociales y en el espacio público a los familiares de Franco y de desprestigio a las organizaciones y actores de la sociedad civil que acompañamos el pedido de justicia. “Estas prácticas se inscriben además en las innumerables acciones de encubrimiento y negacionismo de la propia policía, actores políticos y judiciales desde el año 2014 en adelante”, agregaron.

En este juicio en el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rosarino, integrado por Otmar Paulucci, Osvaldo Facciano y Beatriz Caballero,  se “deberá juzgar” a los “responsables” por este “aberrante delito” pero también se espera una condena que “marque un precedente que acerque a la una sociedad con políticas adecuadas para la prevención, detección y sanción de violencia institucional, garantizando el acceso a la justicia y la reparación integral de víctimas y familiares”, sostuvieron desde la Multisectorial.

Cómo se dieron los hechos

La desaparición de Franco Casco fue perpetrada el 6 de octubre de 2014 luego de que el joven emprendiera camino hacia la estación de trenes Rosario Norte para regresar a su casa en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Fue detenido por efectivos policiales de la Comisaria 7ma y 24 días después su cuerpo apareció flotando en la orilla del rio Paraná

Según se ventiló en el juicio, el joven bonaerense fue trasladado a la Comisaría 7ma y alojado en un lugar conocido como “la jaulita” entre la tarde y noche del 6 y la madrugada del 7 de octubre. “Allí lo sometieron a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Como consecuencia de ello perdió la vida, sin que su familia ni la sociedad en su conjunto tuvieran durante un lapso de veinticuatro días conocimiento de su paradero”, señalaron desde la Multisectorial.

Durante el mes de mayo en el marco del el juicio oral prestó testimonio como perito la médica forense Virginia Creimer y en su declaración fue contundente al afirmar que se trató de una muerte violenta por asfixia. Además, sostuvo que es altamente probable que Franco fuera arrojado ya sin vida al río Paraná. Destacó lo que definió como práctica de la policía rosarina la de arrojar cuerpos al río como forma de borrar huellas y rastros e impedir así reconstruir lo sucedido. En relación a las sogas encontradas en el cuerpo, afirmó que no son sogas de arrastre y que como estaban colocadas fueron puestas previamente, lo que puede indicar que le ataron un peso.

Por otra parte, la experta destacó que de la inspección realizada en la Comisaría 7ma dio positivo el luminol en la "jaulita", pequeña celda en la que estuvo alojado Franco. Destacó que dicha prueba evidencia la existencia de sustancias biológicas que estaban esparcidas de tal manera que se correspondían con una golpiza.

También declararon jóvenes que estaban detenidos en esa dependencia policial, únicos testigos de lo sucedido con Franco y dieron cuenta, fehacientemente, no sólo de la presencia de Franco en ese lugar y las vejaciones que sufrió el joven, sino también de la habitualidad de las prácticas de tortura que eran cometidas en dicha comisaría.

La lista de acusados está encabezada por el entonces comisario de la seccional séptima, Diego Álvarez, seguida por agentes, cabos, sargentos y oficiales. Las imputaciones tienen que ver con diferentes responsabilidades del delito de desaparición forzada agravada por la muerte de la víctima; encubrimiento y participaciones secundarias.

En la elevación de la causa a juicio, Fiscalía consideró  que “se encuentra acreditado que los funcionarios policiales imputados participaron en la privación ilegal de la libertad de Franco Ezequiel Casco, negaron información sobre las circunstancias de su detención, ocultaron su paradero y obstaculizaron su búsqueda, resultando de ello la muerte de la víctima. Conductas éstas que resultan encuadrables en el delito de desaparición forzada de persona".