“En Argentina, en la mesa donde se discuten los recursos no hay sillas para ninguna ciudad”. La frase de la intendenta Mónica Fein sintetiza un posicionamiento político del poder Ejecutivo local respecto de la incomodidad de no poder participar de las discusiones económicas en el seno del poder central. La interpelación al histórico rol secundario de los municipios no se desvanece en la retórica. El plan B consiste en posicionar y jerarquizar a Rosario en una “red internacional de ciudades” con “puertas abiertas” para lograr financiamiento, un objetivo prioritario para el Palacio de los Leones en este 2017.

Rosario dejó de participar de la Federación Argentina de Municipios (FAM)  una entidad pública sin fines de lucro, creada por Ley Nacional Nº 24.807, facultada para representar a todos los municipios del país, mediante su asociación voluntaria (el pago de una cuota). En las décadas del 80 y 90, el organismo cumplió un rol preponderante en la transformación de muchos municipios. Héctor Cavallero y Hermes Binner fueron algunos de los presidentes que tuvo el interior.

Pero durante la gestión de Néstor Kirchner, la FAM dejó de tener una presidencia rotativa. El mando lo tomó Florencio Varela, una localidad de peso dentro del conurbano bonaerense, y los recursos quedaron en manos de pocos municipios. Ante este contexto, Rosario abandonó la entidad y se centró en afianzar la cooperación internacional en materia de ciudades para poder captar recursos técnicos y financieros.

Rosario ejerce la vicepresidencia de cambio climático y sustentabilidad de la red de Mercociudades, creada en 1995, que actualmente incluye a más de 300 ciudades de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia, Perú y Colombia, donde viven más de 114 millones de personas.

También es miembro de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (Cglu), la organización de gobiernos locales más grande del mundo, con sede en Barcelona, una “fuente de apoyo” para administraciones locales “democráticas, eficientes e innovadoras”.

Fein participó en España de la reunión anual de esta entidad y fue una pieza clave en la “unificación de la representación latinoamericana”, un requisito impostergable para lograr la tan ansiada ayuda financiera. La Cglu entregará en breve 6 millones de euros para proyectos locales de la región. “Es poco, pero una puerta de entrada para obtener otras sumas más adelante. El paso fundamental que dimos fue consolidar el rol estratégico de nuestras ciudades”, confió la intendenta a su regreso.   

La posibilidad de conseguir recursos en este convenio entre ciudades no deja de ser una bocanada de aire para la gestión de Fein en medio de un contexto adverso en materia de financiamiento tanto a nivel local como nacional.

Es que, por un lado, las partidas siguen siendo muy escasas desde la Casa Rosada. “Rosario no es la más beneficiada en materia de financiamiento internacional. No lo era antes y no lo es ahora”, se quejó Fein. En esa línea crítica, admitió que la ciudad debería recibir 750 millones de pesos por la deuda que Nación le debe a Santa Fe en concepto de coparticipación. “La realidad económica sería otra con este dinero”, reconoció.

Y por otro lado, parece difícil sortear la traba del Concejo al pedido de participar del mercado de créditos. En las últimas sesiones del año pasado, el poder Ejecutivo pidió autorización para tomar una deuda por 150 millones de dólares para obras y servicios. La respuesta fue negativa.

“Vamos a hacer una contrapropuesta ahora en marzo. Hemos reformulado algunos puntos a partir de lo solicitado por la oposición. Ojalá logremos cambiar la opinión de muchos concejales”, detalló la intendenta al retomar su agenda.