Pablo Paillole, director del distrito VI de Federación Agraria y dirigente de las corrientes de base de la entidad, aseguró que “desde las bases de Federación Agraria Argentina no estamos a favor de este paro” anunciado por las entidades rurales agrupadas en la Mesa de Enlace, salvo Coninagro. Es el paro de 72 horas previsto entre el lunes y el miércoles próximos en protesta por el cierre de la exportación de maíz hasta el 1° de marzo. El gobierno dispuso esa medida ante la caída del stock y para asegurar el abastecimiento del mercado interno.

El dirigente agrario minimizó la gravedad de la medida que algunos sectores de la agricultura y la industria quieren imprimirle al explicar que “son solos dos meses que no se puede exportar el 10% de la cosecha que quedó del año pasado, para dimensionar de lo que estamos hablando”.

Algo de eso le planteó este jueves el ministro de Agricultura, Luis Basterra, al pool agroindustrial interesado en la exportación maicera, que aseguró garantizar la cuota de mercado interno. 

Según datos oficiales, de la campaña 2019/20 de maíz la exportación habría comprado 37,7 millones de toneladas y la industria 4,22 millones. Sobre una producción record de grano comercial estimada en 50 millones de toneladas, este volumen de comercialización equivale a un 83,8% de la cosecha.

“Para nosotros es importante que intervenga el estado como en su momento lo hizo con la Junta Nacional de Granos, que compraba directamente el maíz y disponía una parte para el mercado interno y otra para la exportación”, explicó Paillole.

El organismo estatal fue siendo vaciado de funciones y contenidos con la llegada de cada dictadura y gobierno liberal que paso por argentina luego de su creación en 1933 bajo la presidencia de Agustín P. Justo, con el nombre de Junta Reguladora de Granos, y luego reorganizado por el peronismo desde 1946 en el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), hasta su disolución en 1991 por el decreto Nº 2284/91, de desregulación de mercados, elaborado por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo bajo la presidencia de Carlos Menem.

Ninguna Renoleta. Mitín ruralista en Bell Ville, tras el anuncio de la suspensión de la exportación. (Rosarioplus)
Ninguna Renoleta. Mitín ruralista en Bell Ville, tras el anuncio de la suspensión de la exportación. (Rosarioplus)

“Después de que Cavallo y Menem terminaron de liquidar esos instrumentos al estado no le quedan muchas más herramientas de regulación que la suspensión de exportaciones”, explicó el dirigente agrario.

Sobre la efectividad de la medida Paillole afirma que “esto no tiene que ser una medida aislada y coyuntural solo por la escaces de maíz. Debería estar acompañada de un conjunto de medidas que incentiven el agregado de valor de la producción”.

Argentina produjo el año pasado una cosecha record de 50 millones de toneladas de maíz, de la cuales ente el 77 y el 80% se exporta como grano. Argentina está entre los tres productores mundiales de maíz, luego de EEUU y Brasil, y es el primer exportador mundial.

La diferencia con sus competidores es el perfil casi netamente exportador de productos primarios que tiene nuestro país, a diferencia de las demás potencias maiceras.

“En EEUU del total de la producción se exporta solo entre el 17 y el 20%, y el resto lo industrializa transformándolo en carne, biotenol, etc. Le dan valor agregado, generando fuentes de trabajo. Lo mismo sucede en Brasil. Acá esa cuenta es proporcionalmente inversa, el 80% se exporta como materia prima sin agregado de valor y solo se industrializa el 20% restante”, contextualizó Paillole, quien además es vocal del Consejo Directivo del INTA en representación de la Federación Agraria Argentina (FAA).

Pero no solo el valor agregado aparece como un incentivo para industrializar y transformar los cereales. “Si existe política para industrializar el maíz, no solo mejora la oferta porque bajan los precios de la carne de vaca, de cerdo, etc., sino que se generarían muchos puestos de trabajo”, asegura el representante de los pequeños productores. “Es fundamental una batería de medidas que acompañe para empezar a cambiar esta matriz productiva primarizante que tiene la Argentina, que solo exporta granos”.

Paillole señaló que el negocio afectado, y no tanto, es el de la agroexportación, y la Mesa de Enlace le es funcional a ese sector empresario. (Rosarioplus)
Paillole señaló que el negocio afectado, y no tanto, es el de la agroexportación, y la Mesa de Enlace le es funcional a ese sector empresario. (Rosarioplus)

Una mesa que es pata

La Federación Agraria está liderada actualmente por mendocino Carlos Achetoni, un productor ligado a las economías regionales proveniente de un sector muy afín al gobierno de Cambiemos. 

Por eso no hace tanto ruido la afirmación de Paillole sobre que la Mesa de Enlace, de la que participa Federación Agraria “es la pata gremial de Cambiemos, una expresión política que Cambiemos utiliza cuando necesita desestabilizar, generar mal clima, como hicieron en el caso Vicentin” y explica que la medida no afecta principalmente a los medianos y pequeños productores que representa la entidad.

“La mayoría de los pequeños productores, como los que están en Federación Agraria, ya vendieron todo, no es que tienen maíz guardado. O en todo caso tiene reservado como alimento de su producción cárnica. Y por otro lado tampoco es una medida que vaya a llevar a la ruina a los productores porque no pueden vender lo que les queda por dos meses”, asegura.

Finalmente sobre la necesidad de otros instrumentos de política pública para intervenir en el comercio de granos Paillole analiza que si bien hay una estigmatización cultural a ciertas palabras como Junta Nacional de Granos, es necesario que el estado intervenga porque de lo contrario “6 o 7 multinacionales terminan controlando del 80% de la producción de granos del país, y no puede ser que estas multinacionales agarren del cuello a cualquier gobierno democrático y le digan si no devaluás no liquido, o si no bajás retenciones no liquido los dólares. Es inadmisible”

“Si no cambia lo estructura, con un órgano estatal, del nombre que quieran, pero con participación de las cooperativas, los productores, etc, que tenga algún control de soberanía sobre el comercio exterior, y sobre todo sobre los granos, estos problemas estructurales que tuvimos estos meses y que se repiten de manera cíclica lo vamos a seguir teniendo”, aseguró.