Un joven asiste a una guardia por un fuerte dolor en su abdomen. Tras una serie de estudios de rutina, le comunican que deberá ser intervenido quirúrgicamente de urgencia por una peritonitis. En la espera, ya en la sala de internación, recibe al cirujano que le comunica que será él quien lo opere. Hasta ahí se trata de una historia rutinaria que puede suceder en cualquier nosocomio de salud.

Sin embargo, el profesional trae algo entre manos: le comunica que para hacer la intervención quirúrgica deberá aplicarle un plus de 35 mil pesos. Al paciente no le queda otra. Al borde del quirófano, en pleno estado de vulnerabilidad y con una patología grave, accede. Sabe también que la práctica es ilegal e implica una violación a los convenios que los profesionales mantienen con las obras sociales.

El cobro de plus por parte de los médicos de cualquier rama se volvió cada vez más común en los últimos años. La crisis económica y la inflación hicieron que los costos en materia de salud se volvieran onerosos y que los doctores cada vez cobren menos por su trabajo. En este esquema, donde el poder lo suele tener el matriculado, quien pierde es el paciente, muchas veces en estado de vulnerabilidad total, frente a una situación de riesgo.

Esta dinámica oculta una relación viciosa entre el médico y la seguridad social. Si el profesional quiere cobrar una consulta particular no debería inscribirse en las cartillas de las obras sociales ni prepagas. Por el contrario, al momento de querer ofrecerse al universo de afiliados de una empresa privada, debe firmar un contrato y cumplir con éste. Pero eso no sucede.

Según la abogada especialista en salud Carina Mazzeo, estas situaciones se repiten habitualmente. Tal es el caso de los obstetras que piden una retribución extra para ser ellos quien atienda el parto o el pedido de un dinero extra ante una cirugía compleja, donde le hacen “creer al paciente” que solo “ese medico puede operarlos”.

Para la letrada, si bien existen normas que prohíben esta práctica, sería una buena acción de los prestadores médicos “blanquear cuál es la relación que mantienen con los médicos” para que de esta forma “los afiliados conozcan sus derechos”. Por ejemplo, cuando un médico hace su contrato con la empresa de medicina prepaga u obra social, “acepta las condiciones impuestas por el prestador y por lo tanto no debería recaer sobre el paciente el cobro extra si este hizo un mal acuerdo”. En esta negociación, advirtió Mazzeo, “el afiliado siempre queda afuera”.

La mujer explicó que los prestadores le piden a los afiliados que hagan la denuncia con ellos, situación que sin comprobante de por medio se vuelve la palabra del médicos contra la del paciente. “Después de la denuncia, si se corroboró quee se cobró plus, lo que suelen hacer es sacar al médico de la cartilla, lo que genera un inconveniente mayor para el paciente que se queda sin la cobertura total de esa práctica. Ante esa situación, muchos prefieren pagar para evitarse la burocracia”, lamentó Mazzeo. 

Afiliados de IAPOS,  los más perjudicados por esta mala práctica

El director del Iapos Oscar Broggi dijo que el pago de un plus que oscila entre los mil y dos mil pesos para las consultas médicas ambulatoria. En los tratamientos y cirugías, depende de cada médico, "que le cobra a cada persona por la cara y no suele dar factura, lo que representa además una evasión fiscal”. “Advertimos que esta práctica avanza. El cobro del plus es un abuso y un acto ilegal”, indicó a Rosarioplus.com y agregó que los médicos para ser prestadores de cualquier obra social firman una declaración jurada donde se acuerdan los valores mediante las gremiales médicas.

Otro tema en cuestión que señaló Broggi es que en algunas clínicas y sanatorios en atención ambulatoria, “obligan al afiliado a presentar dos órdenes de consulta, que es un acto irregular porque cada una de ellas representa una práctica exclusiva”. Según el prestador, estadísticamente, un afiliado consume cinco órdenes de consulta anuales. “Como eso también lo tiene que presentar a la gremial médica, donde los auditan, la trampa es que lo presente otro profesional que trabaje en la misma clínica”, amplió.

El presidente de IAPOS dijo que la denuncia se trata de un trámite que permite a los afiliados realizar reclamos por situaciones en las que los prestadores no respeten los compromisos asumidos. Los reclamos se pueden realizar bajo dos modalidades: nominados o con reserva de identidad. En los casos de reserva de identidad, los datos identificatorios del afiliado serán resguardados por el Centro de Gestión de Reclamos de la obra social.

Una ley provincial vigente que prohíbe el cobro de plus médico  

Desde 2017 rige en la provincia de Santa Fe una ley (la Nº13.731) que prohíbe el cobro de plus médico por parte de los profesionales de la salud. La ley aprobada con gran conceso fue una iniciativa del diputado justicialista Luis Rubeo. A casi seis años de sancionada la ley, el legislador aseveró que la norma no se lleva a la práctica en su plenitud porque no se establecieron los mecanismos para que esto suceda. Además, es el Ministerio de Salud quien debe hacer las campañas de difusión, tanto en medios, como en los efectores de salud, de que existe la prohibición. “Eso nunca se hizo”, lanzó Rubeo.

Conjuntamente, dijo que el organismo de control es la Defensoría del Pueblo y “ahí es donde está el problema”, porque dicha entidad “no cuenta con la estructura acorde para poder llevar adelante las inspecciones. La norma habla de la conformación de un cuerpo de inspectores y eso nunca se conformó”.

La mirada del problema desde la gremial médica rosarina

Dardo Dorato, secretario general de la Asociación Médica de Rosario (AMR), señaló que para entender este tipo de prácticas “es necesario comprender cómo funciona el sistema de salud, la seguridad social con financiamiento doble por parte del empleador y el empleado respecto del sueldo que se percibe y las prepagas con un sistema de aseguramiento”.

“Lo que hacen las prepagas y obras sociales es comprar servicios a privados o asociaciones médicas que hacen de vínculo entre los financiadores y los prestadores (médicos). En este esquema, el principal problema es el gran fraccionamiento. Por ejemplo, a nivel nacional hay más de 300 obras sociales, más las provinciales y las de régimen especial. Y cada obra social negocia por separado”, explicó.

Este fraccionamiento, aseveró Dorato, genera inconvenientes en el funcionamiento del sistema de salud, que es muy difícil de articular. De hecho, a esto se le suma “el enorme costo que tiene la salud hoy, sobre todo los medicamentos, situación que se da en todo el mundo y es alarmante. Eso genera que el presupuesto general con el que se cuenta dentro de una obra social  o prepaga, cuando avanza un sector de financiamiento sobre otro afecta a los demás y en este caso los medicamentos no tienen techo”. En solo tres años el costo en medicamentos para un prestador pasó del 14% de su presupuesto al 34%.   

“Esta situación hace que se limite el remanente del presupuesto que queda para el resto y en eso los principales perjudicados son los médicos, que son quienes tienen la mayor dificultad para actualizar su mano de obra, es decir la habilidad adquirida, además que existen otros costos que están en la alta complejidad, donde existe una puja distributiva donde los médicos hoy están muy atrás”, adujo el profesional y alertó que hoy un profesional cobra un 80% menos en cuanto a lo que valdría su trabajo.

En cuanto a las acciones que se llevan a cabo desde las gremiales médicas para desalentar  el plus médico  dijo que se habla contantemente con los profesionales para que esto no suceda, de hecho, ante una denuncia de un paciente, se convoca al profesional para que haga su descargo y si se comprueba la falta éste puede perder su convenio con esa obra social, salir del padrón.