La semana pasada, en la página del Enargas, el ente que regula a las empresas privadas que prestan el servicio de distribución de gas, se presentó el informe que se va a discutir en la Audiencia Pública de este viernes 16 de septiembre. Esta Audiencia debió hacerse antes de anunciar cualquier aumento, pero el ministerio de Energía recién decidió hacerla cuando la Corte Suprema de Justicia lo obligó.

El esquema de tarifas presentado por el gobierno muestra un aumento escalonado de las tarifas de los usuarios residenciales que llega hasta el año 2019, con dos aumentos por año, en abril y octubre, empezando por el próximo primero de octubre, justamente. Ese aumento paulatino lleva el valor del gas desde los 1,29 dólares actuales a 6,78 dólares los 27 metros cúbicos (la medida que se usa para comparaciones internacionales). El modo de aumentar el valor es quitar los subsidios a la energía que durante muchos años sostuvieron los precios controlados, por lo que estamos yendo a otro tipo de esquema, en el cual el mercado define los precios, en principio.

Decimos en principio porque si bien esto es lo que dicen las voces oficiales, en realidad es una vez más el Estado el que define el sendero de crecimiento de precios, garantizando en este caso las ganancias de las empresas tanto de producción como de distribución, aduciendo que esto es necesario para que, teniendo una visión de largo plazo, finalmente, estas empresas inviertan. Mientras que antes el Estado garantizaba un valor del gas bajo, hoy las prioridades han cambiado.

Sin embargo, hay una variable extra que no aparece en el discurso oficial pero sí es muy claro en el documento que será discutido desde el viernes, que es el valor del dólar. En efecto, las tarifas escalonadas que se proponen para los próximos cuatro años son en dólares y no en pesos. Eso implica que si el dólar en algún momento de los próximos cuatro años se devalúa más que lo que crecen los precios (como sucedió a finales del año pasado, donde hubo una devaluación del 57% en unos pocos días) las tarifas van a crecer, en pesos, mucho más deprisa de lo que se ve en ese cuadro tarifario. Es decir que el valor del gas domiciliario queda atado a lo que pueda pasar con el dólar, y esto es bastante más difícil de anticipar.

La dolarización de las tarifas es un esquema que ya se aplicó durante la década de 1990. En esa época, como había una equivalencia entre el peso y el dólar y no había posibilidad de devaluación, algunas de las tarifas se ataron a la inflación de Estados Unidos, por ejemplo, las telefónicas. Mientras que en Argentina la inflación era casi cero, en aquel país era más alta, por lo que ese esquema adoptado implicaba aumentos de las tarifas locales mayores a lo que deberían haber sido, con ganancias para las empresas telefónicas y a costa de todos los usuarios y consumidores. Hoy, de prosperar esta propuesta, volveríamos a un esquema similar.

Este problema es uno de los reclamos que seguramente se harán durante la audiencia de este viernes. Las autoridades del Ministerio de Energía, sin embargo, tienen la última palabra al respecto.