La temporada de negociaciones salariales de 2018 arrancó con cuatro elementos que prometen un escenario de conflictos de alta intensidad en las semanas venideras.

En primer lugar, desde el poder ejecutivo pregonaron que este año los salarios no deberían aumentar más que un 15% y que los acuerdos no deberían incluir ningún tipo de “cláusula gatillo” que habilite un reajuste en caso de que el incremento de los precios del año sea mayor que tal porcentaje.

El segundo elemento está constituido por un conjunto de datos concretos sobre la economía que hacen prever para este año una inflación muy por encima de ese porcentaje: a) 2017 cerró con una inflación de entre 25% y 26% según la medición que se considere, superando en un 53% la meta de inflación que el gobierno había establecido; b) el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), una encuesta realizada por el Banco Central a analistas especializados, reveló que los mismos esperan una inflación del 19,4% para este año en tanto que consultoras estiman una inflación del 21% para 2018; c) Los incrementos anunciados en las tarifas de los servicios públicos y en otros bienes, por otra parte, son muy superiores a estos porcentajes. Los aumentos de la energía eléctrica y del transporte (en Buenos Aires) se espera que sean superiores al 65%, la tarifa de gas natural y de agua se estima que se incrementará en un 50%, en tanto que los contratos de alquileres fijan un reajuste promedio del 30% para el segundo año. d) La fuerte devaluación de los primeros meses del año también se espera que se traslade a los precios, máxime teniendo en cuenta que, por ejemplo, el precio de los combustibles se liberó en octubre de 2017 para que las empresas puedan ajustarlos según la evolución del precio del dólar. Las expectativas del mercado establecen un dólar a $22,86 en diciembre de 2018, por lo que el encarecimiento de la moneda estadounidense en todo el año se estima en 29%.

El tercer elemento consiste en el ofrecimiento que las cámaras empresariales del sector financiero realizaron a los trabajadores del sector bancario y en la reacción de los mismos. La propuesta fue de un 9% de aumento inicial con ajustes posteriores por inflación. El menudo incremento inicial implicaría una fuerte pérdida de ingresos en relación a la inflación transcurrida desde la paritaria anterior. Según el sindicato de los bancarios, cada trabajador perdería en promedio $63.070 si se toma ese 9% de aumento en lugar de, por ejemplo, la inflación estimada por el REM. La respuesta sindical, ante la negativa de la patronal de rever su oferta, fue de dos paros durante febrero, uno de 24hs y otro de 48hs.

Por último, se acerca marzo y el comienzo de las clases parece estar bastante complicado. Sin dudas, el centro de la batalla docente estará en la Provincia de Buenos Aires. Allí, la gobernadora Vidal retrasó innecesariamente el inicio de las negociaciones paritarias con los docentes, pero finalmente, luego de algunas evasivas los convocó. El presidente Macri recibió el mismo día de la reunión, pero en horas de la mañana, a la gobernadora en la Casa Rosada para manifestarle su apoyo en lo que, desde el oficialismo, se considera “la lucha contra” los docentes.

La conjunción de estos elementos permite suponer un alto nivel de conflictividad social en los próximos meses. Los trabajadores organizados han demostrado su fuerza en las calles por encima de la fragmentación de la CGT juntando a más de 500.000 trabajadores en la puerta del congreso en diciembre de 2017. En los dos años transcurridos del gobierno de Macri el poder de compra del salario se redujo y cada trabajador perdió el equivalente a un salario en cada uno de esos dos años.

La práctica adquirida en las negociaciones salariales reinstaladas durante el gobierno de Néstor Kirchner por parte de los sindicatos es una garantía de que el ajuste sobre los salarios no pueda avanzar mucho más rápido y de que los trabajadores busquen recuperar lo perdido. Este aspecto de la realidad, las paritarias en marcha, constituyen, para el proyecto del gobierno, la verdadera pesada herencia de la década anterior.