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El pasado domingo una inmensa multitud de activistas demócratas calculada en 800 mil personas se manifestó con motivo de conmemorarse el inicio de sus protestas, hace ya seis meses. Los organizadores afirmaron que quisieron ofrecer a las autoridades locales una última oportunidad para responder a sus reivindicaciones. 

Hong Kong, una ex colonia británica reincorporada pacíficamente por China en 1997, se encuentra sumida desde junio en una crisis sin precedentes. Las manifestaciones son prácticamente diarias y exigen reformas democráticas además de una investigación imparcial respecto de las actuaciones de la policía durante las sucesivas protestas. 

La última manifestación se produjo dos semanas después del triunfo de los candidatos demócratas en las elecciones locales del 24 de noviembre, una fecha en la cual las autoridades especulaban con que una supuesta mayoría silenciosa de ciudadanos discreparía con los manifestantes, pero que finalmente no fue así. 

El último domingo los manifestantes dejaron claro su enojo con el gobierno chino y con la jefa del ejecutivo hongkonés en particular, Carrie Lam. Tanto las autoridades centrales como las locales afirman querer abrir vías de diálogo con los manifestantes, pero ellos denuncian que no se los escucha seriamente y que el gobierno sólo apunta a dividir la movilización para diluirla. Es por eso que las manifestaciones masivas cobran un carácter que va más allá de la catarsis o el reclamo, y apunta a involucrar a la opinión publica global y a la comunidad internacional.

El comienzo

El conflicto se inició con el debate de un proyecto de ley que las autoridades de Hong Kong promovieron para autorizar las solicitudes de extradición de criminales sospechosos de delitos como homicidio y violación a China, Taiwán y Macao. La medida se propuso luego de que un hombre de 19 años oriundo de Hong Kong, fuera acusado de asesinar a su novia de 20 años cuando estaban de vacaciones en Taiwán, en febrero de 2018. El individuo huyó a Hong Kong y no podía ser extraditado a Taiwán debido a la inexistencia de un acuerdo de extradición entre ambos lugares. 

Los promotores de la nueva ley afirmaron que los tribunales en Hong Kong tendrán la decisión final sobre las extradiciones y que cada caso se abordará individualmente. También expresaron que quienes fueran acusados de crímenes políticos y religiosos no serían extraditados. Otros delitos como la evasión impositiva también fueron retirados de la lista de extraditables. El gobierno también intentó calmar las dudas ofreciendo algunas concesiones, como la promesa de entregar solamente a sospechosos de ofensas que acarrean sentencias máximas de por lo menos siete años de cárcel.

Lo cierto es que el conflicto puso en evidencia el defectuoso sistema judicial chino y se desbordó transformándose en un catalizador de otras tensiones que estaban en estado latente en Hong Kong. Si bien el proyecto de ley de extradición fue el origen de las protestas, éstas derivaron rápidamente hacia otras reivindicaciones, reunidas en torno a la búsqueda de una mayor democratización y a la defensa de la autonomía local como sus ejes principales. Y lo más importante: las manifestaciones se convirtieron en una amenaza para las políticas del gobierno central para la región, en particular en lo que se refiere al principio denominado un país, dos sistemas.

La dualidad china

Deng Xiaoping ideó a mediados de la década de 1980 la doctrina un país, dos sistemas, según la cual si bien se reconoce que China constituye un solo país, se acepta que dentro de ese Estado chino unificado coexistan sistemas económicos y políticos diferentes en determinadas zonas, inclusive manteniendo el capitalismo en ciertas regiones, en paralelo con el sistema socialista. La doctrina había sido concebida como una expresión de pragmatismo y buena fe que permitiría alcanzar el objetivo histórico de la reunificación por medios pacíficos y de forma no traumática de Hong Kong, de Macao -excolonia portuguesa- y, eventualmente, de Taiwán. Organizada como una región administrativa especial, Hong Kong mantuvo su independencia judicial, su propia legislatura, su sistema económico y su moneda, el dólar de Hong Kong. Sus residentes gozan de la protección de ciertos derechos, incluyendo la libertad de expresión y de reunión, libertades civiles que no están a disposición de la ciudadanía en China continental.

El gobierno central mantiene el control de los asuntos exteriores y de defensa y, para viajar entre Hong Kong y China, se requieren visas o permisos. Hong Kong tiene acuerdos de extradición con 20 países, incluyendo el Reino Unidos y los Estados Unidos, pero nunca formalizó un acuerdo con China, a pesar de las continuas negociaciones en las últimas dos décadas. Los críticos atribuyen el fracaso de un acuerdo a las pobres protecciones legales para los acusados que ofrece el sistema judicial chino. Sin embargo, el Consejo Legislativo de Hong Kong, que es el organismo que debatió sobre la ley de extradición, es favorable a los designios del gobierno central. 

En 2017, el presidente chino, Xi Jinping, viajó a Hong Kong para la investidura de la nueva directora ejecutiva del Consejo Legislativo, Carrie Lam. En esa oportunidad, Xi advirtió contra cualquier intento de socavar la influencia de China sobre esa región administrativa especial. La Ley Básica que rige en Hong Kong vencerá en 2047 y no está claro qué sucederá con la autonomía del territorio a partir de entonces.

Cuando en 2020 el gobierno chino previsiblemente anuncie que ha erradicado la pobreza en el país, se dará la paradoja de que en Hong Kong, con una renta per cápita cinco veces superior, uno de cada cinco ciudadanos seguirá viviendo por debajo del umbral de la pobreza.

La desatención a las problemáticas sociales -ingresos, vivienda, educación, entre otras-, evidentes en el agravamiento de una desigualdad notoria, debería formar parte inexcusable de la autocrítica oficial. 

La cuestión territorial 

El problema de Hong Kong es la expresión de la complejidad del sistema político-territorial chino, articulado sobre la base de municipalidades dependientes directamente del gobierno central, provincias, regiones autónomas, etc. Conocidas son las tensiones nacionalistas en Tibet o Xinjiang, fundamentalmente. En Macao también emergen algunos movimientos políticos de signo desafiante. Pero el mayor desafío es sin duda Taiwán. 

Los efectos de la crisis de Hong Kong en Taiwán fueron notorios. El año pasado los soberanistas taiwaneses parecían declinar y sufrieron una derrota en las elecciones locales, ganadas por el Kuomintang, partidario de la unificación con China. En enero, Xi Jinping recordó el mensaje a los compatriotas de Taiwán que Deng pronunció en 1979, revalidando el mensaje de que habrá reunificación cueste lo que cueste, incluso por el camino de la fuerza si resultara necesario. La sensación de inseguridad suscitada resucitó la popularidad de la presidenta taiwanesa, la independentistas Tsai Ing-wen. Los sucesos de Hong Kong apuntalaron esa recuperación, de manera que actualmente encabeza las encuestas de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de enero de 2020. Mientras Xi reclama más velocidad en la senda de la reunificación con el horizonte de 2049 como frontera simbólica, la impaciencia parece volverse en su contra.

Además, la crisis política que atraviesa Hong Kong se ha convertido en otro factor más de tensión en las relaciones entre China y los Estados Unidos. La ciudad se convirtió en una pieza de la pugna estratégica -económica, comercial, financiera, tecnológica y militar- que enfrenta a ambas potencias. En nombre de la democracia, el gobierno estadounidense se rasga las vestiduras en defensa de los reclamos en Hong Kong puesto que se trata de China, su rival. No sucede lo mismo cuando se trata de países amigos como Arabia Saudita, por ejemplo. 

Por ahora el gobierno chino fue capaz de mantener la sangre fría y evitar un desenlace trágico que lo desprestigiaría en todo el mundo y serviría de pretexto para una campaña de demonización y boicot que pondría en serio peligro su actual estrategia exterior.