El caso de Flor Chávez desnudó el flagelo de la violencia en el departamento San Martín

Flor Chávez tenía 19 años y una vida por delante cuando se vio acorralada por años de abusos y violencia sumado a la falta de acompañamiento desde el Estado. Tomó una gran cantidad de una medicación, y a pesar del intento de salvarla de los médicos, terminó con su vida. La figura penal que entienden sus familiares y amigos, así como la organización Mujeres de la Matria Latinomericana que acompaña, es la de suicidio inducido. También se lo conoce como “suicidio femicida”, un efecto del abuso de poder crónico basado en motivos de odio o desprecio a las mujeres e identidades feminizadas.

La historia de Flor destapó en abril pasado un iceberg de una problemática que es generalizada en el departamento San Martín, donde el 70 por ciento de las personas tras las rejas es por causas vinculadas a la violencia de género. Si las organizaciones feministas hacia años venían reclamando la Emergencia departamental tras los casos de Florencia Gómez en San Jorge y de Verónica Soulé en Pueblo Casas, el suicidio femicida de Flor Chávez fue el hartazgo, por lo que elevaron a la Legislatura un pedido de declaración de Emergencia en Violencia de Género, que espera ser tratado.

Hablar del concepto de suicidio suele estar vedado en los medios por la lógica entendible de evitar cualquier influencia en esa decisión personal. Es lo innombrable en esta sociedad cuyo valor máximo es la vida. Sin embargo el suicidio inducido es un acto que, de comprobarse, tiene a un tercero como el homicida. Y si encima éste es consecuencia de una situación de violencia de género, el problema entonces es indudablemente un asunto de Estado. Más cuando en todo el Departamento San Martín hay un solo fiscal a cargo de todo tipo de causas, no hay una fiscalía de género, y a eso se suman sucesivas negligencias de médicos, funcionarios judiciales y policiales.

Es que Florencia Chávez en los días previos a su muerte vivió el derrotero impensado: luego de más de dos años de relación abusiva, su agresor Daniel Álvarez la violó el martes 5 de abril,  ingresó por la ventana para amenazarla que no lo contara y rompió su celular (dejándola incomunicada) el viernes. Allí fue cuando Florencia decidió ir al hospital, donde fue revisada por una médica de guardia que no hizo la denuncia correspondiente al ver los signos del maltrato. En el Área de la Mujer no atendieron la llamada. Se dirigió a la Comisaría de la Mujer para realizar la denuncia, no quisieron atenderla y esperó horas. Fue entonces que desde la organización Mumalá informaron al Área de la Mujer de El Trébol y recién después de estas intervenciones fue tomada su denuncia.

Al abrirse la causa finalmente, Flor fue revisada por el médico legal que exigió el cambio de la carátula porque la denuncia fue realizada sin perspectiva de género. Fue entonces que el fiscal Carlos Zopegni pidió la detención de Daniel Álvarez. El sábado Florencia fue revisada por la médica policial -ya la tercera revisación médica- quien constató las lesiones provocadas por el abuso sexual.

La joven de 19 años fue enviada de regreso a su casa sin acompañamiento del Estado o de un profesional. Durante todo el fin de semana no recibió la visita ni el acompañamiento de ningún área específica, y fue el domingo 10 de abril que ella tomó más de 50 comprimidos de una medicación, y fue encontrada con vida y derivada al Samco El Trébol donde fue internada, y donde murió el lunes 11 de abril por la tarde.

“Flor es una doble víctima de abusadores y triple si sumamos la incompetencia del Estado”, lanzó María José Zochi, referente regional de Mumalá, quien acompaña a la familia de Florencia desde aquel momento. Y explicó: “Creemos que por todas las inacciones y errores de los médicos y policías, y la falta de acompañamiento psicológico que pudo haberle dado alguien desde la Justicia o municipio, su suicidio es un desenlace por esas negligencias. Flor debía haber quedado internada ese sábado”.

Sumado al derrotero de sus últimos días y años de relación abusiva, cabe precisar el origen del daño en su subjetividad: Florencia tenía 16 años cuando se animó a contar a su padre y hermanas que había sido abusada sexualmente por su padrastro. Y aun era menor de edad cuando comenzó su relación de pareja con Daniel Álvarez, quien actualmente está detenido. Por eso su historia cuenta con dos causas diferentes en la Justicia.

María José precisó que “el suicidio femicida sucede generalmente en un contexto de violencia de género, trata o prostitución y/o de abusos sexuales”, y es por esto que se trata de un problema de Estado, y es “un modo de suicidio, el cual sí está tipificado como muerte violenta y suele investigarse en las fiscalías del país”.

Recordó que el Observatorio Nacional de Mumalá contabiliza, además de los femicidios, los suicidios femicidas que se tiene registro, y como es un flagelo invisible, considera que “eventualmente deberá sumarse la calificación legal como lo tiene El Salvador en su Código Penal”.

Luego de mucho diálogo con los familiares y las amigas de Flor Chávez, desde Mumalá promovieron la necesidad de que el Gobierno provincial declare la Emergencia Departamental, y lo visibilizaron así el pasado 3 de junio en el aniversario del Ni Una Menos, cuando junto a otras organizaciones y familiares de víctimas de femicidios se manifestaron frente a la Fiscalía de San Jorge, cabecera del departamento San Martín. "Cuando un campo tiene problemas de sequía o de inundación, la Legislatura declara la emergencia agropecuaria. Acá se trata de mujeres y niños en permanente riesgo", referenció Zochi sobre este reclamo.

Entre las necesidades, Zochi destacó “que se abra una Fiscalía de Género en este departamento ante este tipo de delitos que son más usuales que la delincuencia, fortalecer el Área de la Mujer que es para toda la región”, y reclamó la importancia de que el fiscal Zopegni “realice investigación sobre el accionar desde la Comisaría de la Mujer, los médicos y otras áreas del Estado, porque ella fue víctima de la falta de perspectiva de género”.

En torno a la historia familiar de la joven fallecida, también consideraron que la negligencia fue desde el Estado, ya que “a pesar de que denunció a su padrastro a los 16 años, nunca le dieron contención psicológica y nunca intervino la Dirección de Niñez provincial”.

Una defensora en sintonía con el reclamo de Emergencia

María José Zochi recordó que la defensora pública Patricia Hidalgo manifestó hace poco que está preocupada por el hacinamiento en la Alcaidía en Sastre con lugar para 16 presos habiendo un total de 39. Y que de los 39 presos, un total de 27, o sea un 70 por ciento, son por situaciones de violencia de género. “Y tenemos conocimiento que son tres denuncias por día que se realizan por situaciones de violencia de género. Son muy esporádicos los casos de delincuencia en contexto de robos”, destacó.

Hidalgo misma destacó en sintonía: “Notamos un crecimiento de delitos sexuales, y sobre todo la violencia de género”. Y expresó su preocupación por el crecimiento en detenidos por delitos sexuales y violencia de género en la Alcaidía de la URXIII de Sastre.

Si avanza el reclamo en la Legislatura, y se declara la emergencia departamental en violencias por razones de género, el Estado tendrá herramientas para avanzar con la prevención y asistencia tal como lo establece la Ley Provincial N° 13.348 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.