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Una “puerta giratoria” que puede prescindir de coimas, bolsos y cuadernos   

Una investigación del Observatorio de las Elites Argentinas (Universidad de San Martín) revela la participación de muchísimos funcionarios en importantes cargos de compañías nacionales y extranjeras. “Hay un enorme riesgo que las políticas públicas sean pensadas para favorecer a las empresas de donde provienen”, analiza una de las autoras

Casa Rosada. La relación entre el gobierno de turno y el sector privado describe el momento político del país.

La relación entre el sector privado y el Estado, sus convenios, sus contratos y sus alianzas, refleja síntomas de época. La agenda política y mediática está hoy atravesada por supuestos acuerdos espurios que han salido a la luz gracias a las anotaciones de un chofer de un alto funcionario de la administración kirchnerista.

Esta relación colusoria en términos sociológicos (prohibida) entre empresarios y funcionarios se repitió con mucha frecuencia a lo largo de la historia argentina. Las coimas en la obra pública son un claro ejemplo. Empresas “amigas” del Estado beneficiadas con millonarias licitaciones y un dinero sucio que va a parar al bolsillo de algún funcionario o al financiamiento de las campañas.

La alianza Cambiemos, que gobierna el país desde diciembre de 2015, no tiene, por el momento, denuncias de esta naturaleza. Lo que sí tiene es una enorme puerta giratoria entre el Estado y el sector privado que no tiene antecedente en los libros de historia.   

Una reciente investigación del Observatorio de las Elites Argentinas de la Universidad Nacional de San Martín desnuda el fenómeno en toda su magnitud: 269 funcionarios que ocupan después de casi tres años de gestión 890 cargos en empresas privadas, ya sean locales o extranjeras.

“Estamos hablando de un criterio de reclutamiento que incrementa el grado de exposición a los conflictos de interés y a la captura de la decisión pública, es decir políticas pensadas y diseñadas para favorecer a las empresas de donde provienen estos funcionarios o las que piensan ir cuando se vayan de la función pública”, le explicó a Rosarioplus.com la socióloga Ana Castellani, una de las autoras de este relevamiento.

En el listado, por dar dos ejemplos, figuran el Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, con 33 participaciones en firmas privadas y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, con 13 puestos de autoridad en directorios empresarios.

-¿Cómo surge esta investigación?

 El Observatorio es parte de un programa de investigación que existe hace más de diez años y que analiza los perfiles de las elites argentinas. Con la configuración inicial del gabinete de Mauricio Macri vimos que se estaba dando un desembarco masivo del mundo privado, motivado por un reclutamiento consciente del presidente. En una primera investigación sacamos el perfil del nuevo poder Ejecutivo. Ahora entrecruzamos más información y obtuvimos esta cantidad de coincidencias.   

-¿Reclutamiento y coincidencias inéditas?

-Es bastante novedoso para la historia argentina. No es que nunca antes hubiera habido hombres vinculados a empresas. Pasó en todos los gabinetes. Lo que sí es novedoso es el alcance del fenómeno. Son muchos y están en todo el gabinete. No están solo circunscriptos a las áreas económicas, en las que históricamente ha habido más ejecutivos. Identificamos 269 funcionarios con 890 participaciones, por lo que hay varios funcionarios que tienen más de una participación.

-¿Cómo llegaron a este número?

-Hicimos un entrecruzamiento de dos bases datos públicas y oficiales. El mapa del funcionario de Estado que figura en la jefatura de gabinete y las autoridades de firmas comerciales que figuran en la Inspección General de Justicia (IGJ). Que haya tantos funcionarios ocupando alguna silla en firmas nacionales o extranjeras los expone a conflictos de intereses muy grandes.

-¿Puede pensarse que con este nivel de puerta giratoria ya no son necesarias las coimas, uno de los grandes talones de aquiles del kirchnerismo?

-Lo que pasó durante el kirchnersimo es el armado de una relación colusoria en términos sociológicos entre empresarios y funcionarios. Desde la función pública el funcionario arma acuerdos espurios con el empresario. Esto no lo inauguró el gobierno kirchnersita. Hay antecedentes ya en los 60, viene de larga data. La cantidad de obra pública que se hizo durante el kirchnerismo le dio aún más envergadura. Esta relación favorece a funcionarios particulares que se quedaron con la plata. Es un fenómeno cualitativamente distinto a este de la puerta giratoria, que no implica necesariamente que exista un delito (al menos con la legislación actual), pero que alerta sobre un tema de agenda a nivel mundial: ¿Qué pasa cuando los Estados quedan bajo el gobierno de los empresarios? Esto tiene consecuencias concretas. Se sabe que hay un riesgo enorme que se genere una captura de la decisión pública, que las decisiones que tomen los funcionarios sean pensadas y planeadas para favorecer a las empresas de donde provienen o al que piensa ir cuando se vayan de la estructura del Estado.

-¿Hay antecedentes en la región y en el mundo de tamaña puerta giratoria?

-A nivel regional está el caso de la primera presidencia de Sebastián Piñera en Chile. Se estudió mucho ese fenómeno. Y ahora Donald Trump en Estados Unidos incorporó en su gabinete un montón de empresarios. En la Argentina es novedoso porque nunca antes se había ocupado ese criterio para ocupar los cargos de gobierno. Sobre todo porque este gobierno viene de una alianza electoral con la Unión Cívica Radical, con enorme experiencia en la función pública, que ocupa pocos espacios comparados con los empresarios. Han sido más privilegiados los empresarios que los socios electorales.

-¿Con qué se sorprendieron o qué no esperaban encontrar en la investigación?

-Yo no estoy de acuerdo, pero alguien podría decir que no hay nada mejor que empresarios del sector para manejar el ministerio de Energía, lo cual es muy refutable. Ahora meter 26 funcionarios con trayectorias laborales en direcciones o gerencias de empresas en el ministerio de Desarrollo Social no tiene justificación alguna. ¿Por qué el subsecretario de Niñez, Minoridad y Familia tiene participación en un montón de empresas privadas? ¿Por qué se necesita ese perfil? Es desconcertante.   

-Si esta puerta giratoria perjudica los intereses del Estado, ¿se puede judicializar?

-Hoy tenemos dos problemas. El primero es la legitimidad. Habría que cambiar la Ley de Ética Pública para volver a poner controles muy estrictos a la puerta giratoria. Se sancionó con algunos controles en 1999, pero 2001 se quitaron todos los impedimentos de sumar empresarios con el argumento de reclutar a los mejores hombres del sector privado. Esa regulación se tiene que volver a introducir. Hay proyectos y esta investigación puede ayudar porque da evidencias. Y lo otro es que hoy la Oficina Anticorrupción depende del poder Ejecutivo, por lo que es muy difícil garantizar la autonomía. La oposición debería tener injerencia dentro de esta oficina.

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