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El saldo de la audiencia por el aumento de la EPE: cifras, quejas y propuestas

La audiencia pública convocada para discutir el pedido de aumento de la tarifa de luz que presentó la Empresa Provincial de la Energía terminó este viernes poco antes del mediodía sin demasiadas sorpresas, luego de que cuatro oradores de la EPE detallaran las razones por las que creen que es necesario el aumento y dieran los porcentajes de incremento por mes. Mientras que los representantes civiles tuvieron un espacio acotado para explayarse respecto de las contras. Incluso, algunos decidieron no asistir para demostrar su oposición a cómo se realizó la audiencia.

Participaron de la cita la secretaria de Estado de la Energía Verónica Geese, el presidente del directorio de la EPE Raúl Stival, el defensor del Pueblo Raúl Lamberto, en tanto que por la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera) fue Claudio Bulacio, por el Centro Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac) fue Juan Carlos Aviano y por la Cooperativa de Consumo Eléctrico de Cañada de Gómez, Omar Zorzenon, entre otros.

El presidente de la EPE Raúl Estival confirmó que desde diciembre ya rige un aumento del 15,9 por ciento debido a un incremento que se traslada de la mayorista. En febrero, se sumará un 12,9 por ciento, incremento vinculado a los costos propios de la empresa provincial. Y en marzo otro ajuste de 6,7 puntos, otro traslado de la mayorista. En resumen, se acumula una suba que ronda el 35 por ciento.

El diputado del Frente Social y Popular Carlos Del Frade fue uno de los pocos oradores que no pertenece a la EPE. En sintonía con la Multisectorial contra el Tarifazo, se manifestó “muy caliente por cómo convocaron a realizarla previo a las fiestas, un viernes temprano en una ciudad a más de 700 kilómetros de Rosario" y consideró que esto se realizó “con la idea clara de que no haya nadie, por lo que no es una democratización de la palabra, y los santafesinos vamos a pagar por lo menos un 30 por ciento más desde febrero”. 

Por su parte, durante la audiencia, Lamberto solicitó "minimizar el impacto al consumidor, unificar requisitos de tarifa social federal y provincial, en solicitar un tratamiento especial para las Pymes, y en la posibilidad de equiparar los electrodependientes al régimen federal".

A su turno, la secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese, expresó que “el pedido de aumento de la tarifa que daba al principio 15,8%, cuando se hizo el cálculo, va a impactar en un 12,9% aproximadamente en febrero para un usuario residencial”, lo cual constituirá “el único aumento pedido por la EPE para 2018. En abril de ese año, sumando el aumento nacional y el de la EPE, el incremento de la tarifa estaría en un porcentaje cercano al 33%”, añadió la funcionaria.

Fuerte fue la crítica del diputado Del Frade, quien calificó a la secretaria de Energía provincial Verónica Geese como “una funcionaria que cumple mandatos, no tiene una voz crítica, y ahí es donde vemos que el aumento se organizó según los intereses de los poderosos. El funcionario debe responder al pueblo, no a las empresas”.

Un aspecto de la audiencia que indignó al funcionario fue “que se admitan los costos como una cuestión inmodificable cuando se sabe que los servicios no son políticos, son derechos humanos y por lo tanto no pueden ser medido como una mercancía más de mercado, porque el aumento es exigido por el ministro Aranguren, quien debería estar preso y que trabaja para Shell. Nos exige 12 mil millones de pesos más”.

Finalmente, aseguró que presentará un proyecto de ley para que los gastos de los servicios los paguen los exportadores en vez de los usuarios particulares: “Ya presentamos un proyecto para suspender el aumento hasta que estas discusiones se democraticen en los 19 departamentos de la provincia, y buscaremos implementar un impuesto a las 23 grandes exportadoras provinciales, que pagando sólo un impuesto del 5% de lo que facturan es suficiente para cubrir el gasto de los servicios", planteó.

Juan Alcaraz, de la Multisectorial, explicó por qué decidieron quedarse al margen de la convocatoria: “No participamos porque se violó el derecho a la participación y a la información, ya que la cantidad de consumidores en toda la provincia es de un millón trescientos mil, y no puede hacerse en un pueblo de pocos habitantes una única audiencia”.

Alcaraz calculó que el impacto de todo el aumento de la energía será alrededor de un 50 por ciento, entre el pedido de la EPE de un 15,8 por ciento, y el otro 30 por ciento desde la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que aumentará en un 13 por ciento ahora en diciembre y otro 18 en febrero.

Sumado a este panorama, recordó que “desde la Secretaría de Estado de la Energía no difundieron la orden del día el jueves, por lo que los oradores no supieron hasta la audiencia quienes participaban ni el orden en que hablarían”. Es por esto que una vez se establezca el aumento, solicitarán un recurso de amparo para pedir nulidad de la audiencia, lo que podría llevar a impugnar el aumento, al que Alcaraz calificó de “confiscatorio, y viola los derechos humanos, ya que con el aumento superará al 10% del ingreso familiar”.

 

 

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