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El robo de cuadros al Castagnino, una intriga a medida de Sánchez Reisse

Su nombre estuvo ligado a causas espectaculares: secuestros extorsivos durante la dictadura militar, tráfico internacional de armas, lavado de dinero del narcotráfico. Conoció el mundo a través del delito y un día hasta expuso ante el Senado norteamericano. Decía que era agente del FBI, que estaba vinculado con la CIA, que tenía un dato clave sobre los autores del atentado a la Amia. Leandro Ángel Sánchez Reisse, Lenny o el Marqués, parecía una especie de libro abierto del crimen internacional, pero un libro donde la ficción no se distinguía de los hechos reales. Y una de tantas intrigas lo trajo a Rosario: el robo de cuadros del Museo Juan B. Castagnino.

Nacido en Buenos Aires el 9 de mayo de 1946, Sánchez Reisse dijo ser contador, licenciado en administración de empresas por la Universidad del Salvador o bien, según lo que declaró durante el último juicio que afrontó, licenciado en publicidad. En junio de 1976 ingresó como oficial de nominación 1ª al Servicio de Inteligencia del Ejército y se incorporó al Batallón 601, el organismo que centralizó las operaciones de inteligencia y la dirección de los Grupos de Tareas del I Cuerpo de Ejército, entonces al mando del general Carlos Guillermo Suárez Mason.

La supuesta lucha contra la subversión económica aportó la excusa para que diversos grupos de tareas de la dictadura –y en particular el Batallón 601- se dedicaran a los secuestros extorsivos. Sánchez Reisse fue vinculado a los secuestros del banquero Pedro Fassan, y de los financistas Jaime Prisant, Fernando Combal –pagó un millón de dólares por su libertad- y Carlos Koldobsky, entre enero y mayo de 1979.

“Era el autor intelectual, el que preparaba el terreno. Y el que decía dónde había que mandar la plata”, según Guillermo Combal, hijo de Fernando. Pero ningún juez argentino lo llevaría a prisión.

Entre 1979 y 1980 actuó en el Grupo de Tareas del Exterior, el organismo de la dictadura que asesoró en “técnicas de interrogación a sospechosos” y “desaparición de personas” a la guerrilla que se propuso derrotar al gobierno sandinista de Nicaragua. El nombre de Sánchez Reisse aparecería en la nómina de militares argentinos involucrados en violaciones a los derechos humanos en Centroamérica, difundida por el gobierno de Honduras en 1996. Otra referencia en el curriculum de un profesional que parecía apto para todo servicio.

El fugitivo

De regreso en el país participó en el segundo secuestro de Carlos Koldobsky, el 19 de febrero de 1981. “Era una operación por izquierda, es decir que el 601 la asumía, pero no había que levantar la perdiz porque para el resto del aparato era un secuestro más del que nadie sabía nada”, dijo Sánchez Reisse al periodista Juan Gasparini.

Los secuestradores pidieron un millón y medio de dólares, a pagar en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Pero el 12 de marzo de ese año la policía helvética detuvo a Sánchez Reisse junto con Rubén Osvaldo Bufano, también del Batallón 601 y uno de los involucrados en la desaparición del escritor Haroldo Conti, y Luis Martínez, el Japonés, cuando trataban de cobrar el rescate. Los tres fueron enviados a la cárcel de Champ Dollon y condenados por intento de chantaje, en noviembre de 1983, a 4 años y 9 meses de prisión.

Sánchez Reisse obtuvo la libertad condicional, lo que aprovechó para fugar de Suiza en diciembre de 1985. Se instaló primero en España y después en Miami, una ciudad que ya conocía por sus actividades de agente encubierto de la dictadura. Para evitar la extradición a la Argentina, solicitada por el gobierno de Raúl Alfonsín, acordó con el FBI ingresar a un programa de protección a testigos.

El 23 de julio de 1987 compareció ante la subcomisión de Terrorismo, estupefacientes y operaciones internacionales del Senado norteamericano y declaró sobre la venta de armas norteamericanas a Irán para financiar a la contra nicaragüense. Aseguró que la intervención argentina en Centroamérica fue subvencionada por el narcotráfico, a través de las empresas Argenshow y Silver Dollar, la vinculó con el golpe de los narco-coroneles que usurparon el poder en Bolivia en 1980 e involucró a su antiguo jefe, el general Suárez Mason.

Poco antes, el 24 de marzo de 1987, habían sido robados cinco valiosos cuadros de la colección del Museo Juan B. Castagnino. La Justicia rosarina registró el ingreso de Sánchez Reisse a la historia a través de una comunicación telefónica con uno de los sospechosos, el ex comisario de la Policía Federal Juan Carlos Longo.

En principio fue la palabra de uno contra la del otro. Longo dijo que Sánchez Reisse lo había contactado para vender obras de arte robadas. Y Lenny afirmó que toda la operación había sido monitoreada por el FBI. En febrero de 1989 el ex comisario de la Federal y su esposa Hilda Arias fueron detenidos en Miami, con “Palomas y pollos”, atribuido a Francisco de Goya, uno de los cuadros robados en el Castagnino y una fotografía tomada al cuadro “Retrato de Felipe II”, de Sánchez Coello, sustraído en el Museo Firma y Odilo Estévez. La obra sería recuperada en un hotel porteño, donde la abandonó un reducidor.

Una investigación

En la tarde del 24 de marzo de 1987 dos hombres llamaron a la puerta del Museo Castagnino. Uno tenía respiración asmática y el otro parecía hablante de francés. Dijeron que llevaban correspondencia y redujeron al sereno Eros Basaldella con un arma y se llevaron “Palomas y pollos” y “Bandidos asesinando a un hombre y mujeres”, de Goya; “Paisaje con frailes y lavanderas”, de Alejandro Magnasco; “Un evangelista”, de El Greco, y “Retrato de hombre con pelliza”, de Pablo Cagliari, El Veronés. El entonces intendente Horacio Usandizaga había decidido levantar la custodia policial del museo en el marco de un recorte de presupuesto.

Previamente, el 2 de noviembre de 1983, tres hombres vestidos con mamelucos ingresaron al Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estévez y robaron los cuadros “El profeta Jonás saliendo de la ballena”, de José de Ribera, “Santa Catalina”, de José Murillo, “Retrato de un joven”, de El Greco, “Retrato de Felipe II”, de Sánchez Coello y el Retrato de María Teresa Ruiz de Apodaca y Sesma de Apodaca y Sesma.

En el libro El expolio del arte en la Argentina, el arqueólogo Daniel Schavelzon vinculó los robos con el del Museo Nacional de Bellas Artes (1980) y el de la residencia de Hortensia Tricerri y Victorio Capriolo (1986), en Rioja 1884, Rosario. “Los cuatro casos están relacionados con grupos parapoliciales y de inteligencia militar, ex integrantes de los grupos de tareas del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército”, dijo. Fue lo que se llamó la Conexión Rosaura, una organización dedicada al robo y tráfico de obras de arte, cuyos integrantes lograron permanecer en el anonimato.

El 29 de agosto de 1995 la Policía Federal detuvo en Recoleta a Ernesto Lorenzo, chofer de la banda de Aníbal Gordon que se hacía llamar Mayor Guzmán, con el Retrato de María Teresa Ruiz de Apodaca y Sesma, al que los ladrones cortaron con trincheta para sacarlo del marco. “Era una herencia que le dejó Aníbal Gordon”, dijo entonces el comisario Ernesto Curletto, de la Policía Federal, en referencia al represor muerto en la cárcel de 1987. El cuadro estaba valuado entre 3 y 5 millones de dólares.

La investigación por el robo al Castagnino corrió por cuenta del Juzgado de Instrucción de la Segunda Nominación, a cargo de René Bazet. El expediente caratulado Juan Vicente Chamorro y otro. Robo calificado y privación ilegítima de la libertad debió su nombre a un comerciante de arte porteño, sospechado de reducir las obras robadas.

Bazet procesó por robo calificado a Luis Alberto Ramos Cuello –otro ex agente del Batallón 601-, al ex comisario Longo y a su esposa, y por encubrimiento a Chamorro. Pero la Cámara de Apelaciones revocó los procesamientos, dictó la falta de mérito para los cuatro imputados y la causa volvió, como se dice, a foja cero.

Pese a que ya estaba nombrado en el expediente, la Justicia rosarina no alcanzó entonces a Sánchez Reisse. El ex agente del Ejército logró a fines de 1987 que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo desprocesara en relación a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, mientras que el juez Luis Cevasco -el mismo que consideró el asesinato de Jimena Hernández como un accidente- le dictó la falta de mérito en el secuestro de Fernando Combal.

La causa por el secuestro de Combal, sin embargo, tendría a mal traer a Sánchez Reisse durante tres décadas. Recién el 16 de junio de 2010 fue absuelto por el juez Eduardo Dafflis Niklison, junto con Rubén Bufano, del cargo de secuestro extorsivo agravado.

El expediente del caso Combal acumuló 30 cuerpos. Una montaña de papel inútil. “La verdad sobre lo realmente acontecido quedará en la memoria de sus participantes”, concluyó el juez.

Temporada en Rosario

En 1995 fue extraditado desde España, en uno de los tantos requerimientos para responder por el secuestro de Combal. El año anterior se había producido el atentado contra la Amia, y Sánchez Reisse aseguraba tener datos al respecto.

Como es habitual en los agentes de inteligencia, su relato parecía verosímil porque refería a sospechas, circunstancias y personajes conocidos –los carapintadas, los paraísos fiscales, Ciudad del Este como símbolo del crimen organizado, el fundamentalismo islámico- pero resultaba impreciso e imposible de verificar.

El 1° de julio de 1998 el secretario del Juzgado de Instrucción de la Segunda Nominación, Carlos Agüero, se enteró de que Sánchez Reisse iba a declarar ante el juez Juan José Galeano, llamó al magistrado porteño y le pidió que no lo dejaran ir. Por entonces el juzgado rosarino estaba vacante; dos días después asumió como titular Alejandra Rodenas.

Sánchez Reisse pasó 37 días preso en Rosario. El representante del FBI en Argentina, William De Godoy, avaló entonces su versión sobre la detención del ex comisario Longo.

En una entrevista con Carlos Duclos para el diario La Capital, Sánchez Reisse dijo que se había interesado por el atentado a la Amia “por una cuestión cívica, como argentino”, se defendió de la acusación antisemita con el conocido argumento “yo tengo amigos judíos” y prometió que se presentaría ante el Congreso de la Nación para hacer “denuncias muy concretas”. El cronista tomó nota de que Lenny estaba “impecablemente vestido”, como si la buena presencia sumara un argumento a su favor. En efecto, sabía cómo llevar el impermeable sobre las manos, para que no se notaran las esposas y mantener la elegancia.

La causa por el robo al Castagnino resultó tan voluminosa como poco efectiva para identificar a los responsables. En 1999 el Juzgado pidió la captura de Carlos Daniel Bufano, hermano de Rubén Bufano, ex oficial del Batallón 601 y ex chofer del general Leandro Anaya, ante la sospecha de que podía ser el hombre con “respiración asmática” que describió el sereno del Castagnino.

En octubre del año siguiente, Sánchez Reisse volvió a Rosario en busca del sobreseimiento definitivo en la causa por el robo al Museo. Más distendido que en su paso anterior por la ciudad, arrojó sospechas sobre la policía rosarina, prometió pruebas para detener a los responsables y se ofreció a recuperar los cuadros.

Las versiones conspirativas seguían siendo su fuerte: dijo que había sobrevivido a atentados, que su cabeza tenía precio y que se acercaba “la vietnamización de América latina”. Su abogado local, José Abichain Zuain, lo presentaba como un “auxiliar de la Justicia” no reconocido como tal.

La última causa

En febrero de 2015 el Tribunal Oral Federal número 6 lo juzgó en Buenos Aires por los secuestros de Alberto Martínez Blanco, Ricardo Tomasevich y Carlos Koldobsky, ocurridos en 1980 y 1981. También fueron imputados Rubén Bufano y Arturo Ricardo Silzle, otro antiguo miembro del Batallón 601 de Inteligencia.

"Las pruebas reunidas –dijo el juez Sebastián Casanello al resolver el procesamiento- permiten sostener que la organización ilícita investigada estuvo integrada por más de tres personas dependientes de las Fuerzas Armadas, de servicios de Inteligencia y de las restantes fuerzas de seguridad y de otros sujetos vinculados con éstas, entre ellos Bufano, Sánchez Reisse, (Luis) Martínez y Silzle, que llevaron a cabo delitos en distintas jurisdicciones y utilizaron armamentos de gran calibre".

En sus últimas palabras, Sánchez Reisse pidió a los jueces “la máxima clemencia posible”. Y se la concedieron: el Tribunal invocó el mandato constitucional que prohíbe la doble persecución penal, absolvió a los acusados y los puso en libertad.

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