El juez que decidió el pasado sábado el regreso de Milagro Sala al penal de Alto Comedero, en la capital provincial de Jujuy, Pablo Pullen Llermanos, confirmó que la dirigente “incumplió” las condiciones  y aseguró que el traslado se resolvió de manera “legal y para que su salud estuviera bien tutelada”.

El magistrado jujeño descartó que existan posibilidades de que Sala vuelva a ser trasladada a su casa de El Carmen, más allá de "planteos" de la defensa o de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), e informó que “para aminorar el riesgo de cualquier ataque” contra la dirigente, dispuso que permanezca alojada en "una dependencia junto con la población carcelaria que ella desee”.

Sobre la decisión tomada, en declaraciones a la prensa aseguró que “fue por el incumplimiento de unas de las condiciones impuestas relativa a la atención de su salud”, y detalló que a la dirigente se le hacía dos veces a la semana un control para chequear en qué estado de salud se encontraba, y que “de allí surgió la necesidad de tener que realizarle una serie de estudios para ver si con una terapia medicamentosa podía salir adelante de los cuadros que presentaba por problemas estomacales”, indicó.

De allí se consiguió que se dispusiera de todos los médicos y los aparatos para que se le realicen los estudios requeridos en un hospital de la capital provincial, además de diagramarse todo un operativo de traslado, y “ella se negó a concurrir al nosocomio”.

“Se ordenó que se la trasladara para hacerle los estudios para que su salud estuviera bien tutelada, ella incumplió y yo decidí que volviera al servicio penitenciario”, sostuvo al fundamentar además que “todo demanda una gran esfuerzo por parte del juzgado” y que Sala tiene que “estar con atención médica inmediata”, lo cual “solo tiene lugar en el servicio penitenciario”.