__tadevel:head__

Luego de la polémica por la "cajita feliz" docente, el Ministerio de Educación de Santa Fe aseguró que en caso de comprobarse lo denunciado por maestros, se cambiará la reglamentación de cursos para la formación docente. El eje del debate: capacitaciones exprés ofrecidas por establecimientos educativos privados en donde la entrega de certificados se realiza en forma anticipada, es decir, sin que se hayan completado los cursos.

"Hay que evitar la mercantilización y la estafa en el conocimiento", remarcó el secretario de Educación de Santa Fe, Oscar Di Paolo, en diálogo con Rosarioplus.com. El funcionario sostuvo que el Ministerio controla a "las instituciones que otorgan la certificación de los cursos", y la designación del puntaje que le corresponde a cada capacitación.

En cuanto a los cursos virtuales, Di Paolo señaló que son dictados por instituciones ajenas al Ministerio, que pueden "mercantilizar el conocimiento". Más allá de que haya cursos pagos, "el Ministerio genera permanentemente cursos de capacitación que son gratuitos y en servicio (horario de trabajo)", explicó el secretario y agregó: "Todos los cursos avalados le otorgan puntajes a cada docente para que las juntas de escalofonamiento puedan valorar sus antecedentes".

Según explicó, existe un "reglamento único" donde se deja en claro cuál es "el puntaje de cada curso dependiendo de dónde son emitidos".

Sobre la denuncia de los docentes, que manifestaron su descontento por el ofrecimiento de capacitaciones express con la entrega de certificados de forma anticipada, Di Paolo aclaró: "Si alguien otorga una certificación previa al curso está incurriendo en una falta. Si esto ocurre, hay una mercantilización del saber que nosotros no avalamos".

El secretario de Educación anticipó que se investigarán las denuncias y en caso de constatar el accionar de las instituciones que brindan capacitaciones, se realizará una comisión paritaria para modificar la reglamentación.

"Si esto es así, es pertinente hacer un cambio en la reglamentación a través de una comisión paritaria", indicó el funcionario y remarcó que el reclamo está en agenda pero "hay que darle un marco institucional".

"Se trata de un abuso, donde se utiliza esta posibilidad para el docente y se la transforma en una mercantilizar absoluta", concluyó.