El caso Floyd, una nueva fisura para Trump (Foto: EFE)
El caso Floyd, una nueva fisura para Trump (Foto: EFE)

La crisis sanitaria y económica sin precedentes que desató la pandemia de coronavirus Covid-19 se convirtió en el marco de la tormenta perfecta que se desató en los Estados Unidos el pasado 25 de mayo. Ese día, en la ciudad de Mineapolis, Estado de Minesota, el ciudadano afroameriano George Floyd, fue asesinado por un policía quien le quitó la respiración presionándole el cuello con su rodilla, mientras sus tres compañeros no hacían nada para evitarlo. Floyd fue detenido por haber pagado en un supermercado con un billete de 20 dólares presuntamente falso. Hacía pocos días había perdido su empleo producto de la ola de despidos que sucedió a la cuarentena. En los Estados Unidos, donde no hay una red de contención social y se rinde culto a la economía de mercado, más del 40 por ciento de la población perdió su empleo desde que comenzó la pandemia. Un dato que arrojó la autopsia de Floyd fue que dio positivo el análisis que se le practicó de Covid-19. Pero no lo mató el virus, la autopsia confirmó que lo hizo el policía.

Derek Chauvin, el policía que asesinó a Floyd acumula 18 quejas en su registro oficial, dos de las cuales terminaron en medidas disciplinarias por parte del departamento de policía y entre las que se incluían denuncias por represión. Estuvo involucrado en tres tiroteos, uno de los cuales tuvo víctimas mortales. Pese al asesinato de Floyd y sus nutridos antecedentes, no fue detenido hasta que estallaron las manifestaciones más radicales el 29 de mayo. Cabe suponer entonces que si no hubiese habido reacción popular, continuaría en libertad.

La violencia institucional contra la ciudadanía afroamericana es de larguísima data en los Estados Unidos. Tan larga como lo es el racismo ejercido por el grupo blanco, anglosajón, protestante y conservador que la alienta. 

Racismo estructural e impunidad

La discriminación contra los afrodescendientes en los Estados Unidos -primero como esclavitud lisa y llana, luego como segregación- tiene una historia de más de tres siglos y no ha desaparecido. Sólo ha cambiado sus formas. La discriminación en el accionar policial y en el sistema de justicia penal en su conjunto -incluyendo las desigualdades en las detenciones y las tasas de encarcelamiento-, así como otras diferencias en el acceso y el pleno goce de otros derechos civiles y políticos -incluido el acceso a la justicia para víctimas de violencia policial y sus familias, y consecuencias a largo plazo de la encarcelación, incluido el goce del derecho al voto- son sólo un aspecto visible de un problema sociocultural de miedo, prejuicio y discriminación de características estructurales contra los afroamericanos en los Estados Unidos.

Las desigualdades en la naturaleza y la intensidad de la vigilancia policial sobre las comunidades afrodescendientes y otros grupos históricamente marginados -como los pueblos originarios americanos y los hispanos entre otros-, han influenciado profundamente en los tipos de comportamiento y la clase de individuos que son considerados criminales, lo cual necesariamente impacta en las tasas de criminalización y el trato que reciben por parte del sistema de justicia criminal. Esto se traduce -según lo expresan estudios recientes- en que un hombre afroamericano tiene tres veces más probabilidades de ser asesinado por la policía que un hombre blanco. Por el contrario, los datos de la encuesta Mapeo de la violencia policial señalan que entre 2013 y 2019 solo el 1 por ciento de los oficiales de policía acusados de asesinato fueron castigados. 

Pero más que los datos es interesante observar la percepción que los propios estadounidenses blancos tienen respecto de la discriminación. Una reconocida educadora de tercer grado del Estado de Iowa le enseñó a generaciones de alumnos qué es el racismo pidiéndoles algo muy sencillo: quiero que se ponga de pie cada persona blanca en este salón que estaría feliz de ser tratada de la manera en que esta sociedad en general trata a los ciudadanos negros. Nadie se paraba. En definitiva, todos en los Estados Unidos, desde niños, saben que el trato es discriminatorio. Con ese simple ejercicio, la maestra lograba poner en evidencia los prejuicios y los comportamientos racistas que muchas veces las personas tienen sin darse cuenta, porque están naturalizados. Como contracara de la discriminación, los blancos son portadores de privilegios que, como tales, son invisibles para quienes los ejercen.

Trump y el arte de echar leña al fuego

Ante las reacciones populares -algunas pacíficas, otras violentas- Trump no hizo más que exacerbar la situación con sus amenazas contra los manifestantes, y envalentonando a la derecha supremacista. A las expresiones de violencia amenazó con sofocarlas utilizando al Ejército. A las expresiones pacíficas, las dispersó con gases lacrimógenos para hacer una demostración de poder y tomarse una fotografía en una iglesia a 50 metros de Casa Blanca, un día después de haberse sentido amenazado y haberse refugiado en un búnker antinuclear. 
Ante quienes se escandalizan por la violencia desatada desde el asesinato de Geoge Floyd, cabe preguntarse si abusar de un grupo de personas durante 300 años y esperar que aguanten indefinidamente no es -por lo menos- una sonsera. La intención no es aquí justificar la violencia, sino comprender por qué se produce. Y en ese sentido, es valiosa la mirada de Hannah Arendt: la violencia se funda en la impotencia. Tres siglos de impotencia contenida son capaces de parir una violencia inusitada. 

Mientras tanto Trump apuesta al juego que siempre le dio éxito en su carrera comercial, mediática y política: la polarización. Alimenta el miedo y los prejuicios de los blancos, anglosajones, protestantes y conservadores. Su objetivo es evitar que se dispersen sus votantes ante la carrera por la presidencia que culminará el 3 de noviembre. 

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía hasta la irrupción de la pandemia, funcionarios y exfuncionarios propios comenzaron a desafiar al mandatario. El secretario de Defensa, Mark Esper, rechazó la idea de desplegar el Ejército en territorio estadounidense para garantizar la seguridad sin recibir antes una petición formal por parte de los Estados federales que conforman el país. Esper no apoya la aplicación de la Ley de Insurrección, dado que el Ejército sólo debería ser convocado como último recurso en situaciones realmente urgentes y extremas, no frente a protestas legítimas.

Esta discrepancia se suma al apoyo de Jim Mattis, quien dimitió en diciembre tras una discusión con Trump por la retirada de las tropas de Siria. El exministro de Defensa opinó que Donald Trump es el primer presidente que no trata de unir al pueblo americano. Una dura acusación  hacia un presidente en ejercicio viniendo de uno de sus antiguos funcionarios. 
Sordo a las críticas de los propios y a las manifestaciones de los ajenos, Trump sigue insistiendo en la utilización del ejército si la situación no es contenida por los gobernadores. 
Esta polarización de los estadounidenses, sometidos a la presión de la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis sociocultural estructural de la discriminación, será definitoria en el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre. 

Pero no hay que ilusionarse demasiado. Aún si Trump fuera reemplazado por un líder sensato, el camino a desandar por los estadounidenses será largo y tortuoso.