La causa que instruyen los fiscales Valeria Hurigot y Franco Carbone contra Ariel "Viejo" Cantero y otras veinte personas que fueron imputadas junto a él tras los allanamientos de fines de abril tuvo esta semana una nueva instancia, con la audiencia que por vía Zoom se realizó desde el lunes hasta el jueves al mediodía ante la Cámara de Apelación.

El recurso habia sido interpuesto por la defensa, que solicitó morigerar penas. No obstante el doctor Gustavo Salvador decidió convalidar a la Jueza de Primera Instancia Valeria Pedrana. Además de mantener firme la decisión de la magistrada, los argumentos con los que se fundamentó la resolución ratificaron conceptos que se habían escuchado durante la audiencia en que se imputó a la banda. 

“Si tiroteaban escuelas, podrían interferir en la construcción de pruebas hacia un juicio. Desde la cárcel instigaban delitos, estamos hablando de una banda criminal. Imaginen lo que podría pasar si se aceptan los pedidos de prisión domiciliaria, si estando en la cárcel varios de sus integrantes hicieron lo que se mostró con las evidencias”, razonó Salvador. 

El magistrado convalidó la idea de que existió una asociación ilícita que conmovió a la seguridad pública con su accionar, como claramente establecieron los fiscales. “Se trata de delitos de intimidación a toda la sociedad. Tenemos personas con antecedentes y con tobillera electrónica, otros sin antecedentes penales, por eso no puedo meter a todos en la misma bolsa y cada imputado debe ser analizado en su singularidad”, expresó. Luego, describió cada caso separado.

En esa línea, cuando analizó los delitos imputados por las cajas del Plan Cuidar que estaban en la casa de Cantero cuando se allanó el pasado 27 de abril, argumentó: “Acá no existe un intento de criminalizar el clientelismo político. Lo que hubo fue un aprovechamiento de Cantero, Pucheta y Montero de valerse de una situación social compleja para beneficio de una organización que cometió numerosos delitos".

Al imputar, se había hecho foco en la falta de firmas en los libros de actas de la Asociación Civil El Ceibo, que recibía las cajas que aparecieron en lo de Cantero. El juez indicó: "Más allá de la formalidad y la inscripción o no de las asociaciones civiles, son instituciones que tratan de paliar la situación social. Y acá hubo un intento de llevar a la gente a un fin distinto".

"No todas las asociaciones civiles con comedor se meten en actividades como las que estamos analizando penalmente. No somos el API o la AFIP, acá el problema no es si les faltó firmar un libro de actas, sino el de haberse vinculado a una asociación ilícita y a delitos graves”, añadiò luego.

Para el juez de segunda instancia, existen claras evidencias sobre el vínculo entre Cantero y Aguirre. Hay órdenes directas a veces con intermediarios, que es lo que “sucede muchas veces” en estos casos. “La peligrosidad procesal del señor Cantero está suficientemente acreditada”, falló.

Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa al pedir morigeración de penas, rebatido por Salvador fue el de darle el beneficio de la prisión domiciliaria a las mujeres de la organización con hijos menores de edad. "Esos niños ya habían nacido al cometer sus madres los delitos. Puso como ejemplo la situación de una de las imputadas, Marcela Aguirre: "Tenía celulares, armas, chips, cargadores. En las escuchas hablaba de buscar municiones. Que sea hermana de 'Pandu' no la convierte de antemano en culpable, lo que la involucra a ella es la propia evidencia de la causa. Y hay una peligrosidad procesal evidente. No tenía una bolsita de cocaína para consumo personal, sino una balanza de precisión. Que sea la mamá de una nena de 5 años no es excusa para morigerar pena. Podría haber pensado antes de delinquir en su rol de madre", reflexionó el juez. Algo similar había sostenido al comunicar el veredicto de primera instancia la doctora Valeria Pedrana.   

Tras culminar la audiencia, la fiscal Valeria Hurigot le dijo a Rosarioplus.com que los detenidos continuarán en prisión preventiva efectiva. Una de las detenidas es Celestina Contreras, madre del asesinado Claudio "Pájaro" Cantero y sobre quien pesa una causa federal, por lo cual la fiscalía solicitó a los jueces federales que se la traslade a una penitenciaría de esta jurisdicción y una posibilidad podría ser el Penal de Ezeiza.

“La investigación sigue firme y estamos pronto a evaluar el contenido de los teléfonos celulares, además tenemos investigación abierta en todo lo que es el tema patrimonial y se pidieron la reapertura de otras causas que están en trámite”.  

El audio 420

Un saludo de L-Gante, el cantante de la “Cumbia 420”, se había colado el martes en la segunda jornada de audiencias de la Cámara de Apelaciones. El cumbiero le había enviado un audio de Whatsapp a uno de los jefes de la organización, que es quien se sabe instigó la realización de numerosos delitos. Se trata de Nelson “Pandu” Aguirre, preso por homicidio y purgando condena en Coronda. En su teléfono estaba el mensaje del popular cantante.

Sobre esto la fiscal contó que ese material ya era de conocimiento de su repartición como parte de la extracción forense de algún aparato de telefonía celular y que fue ventilado en respuesta a un planteo de la defensa, que había dicho que "todo lo que rodea a la familia Cantero es utilizado como estigma para rápidamente relacionarlos con la vida delincuencial".

El audio que recibió "Pandu" -para los fiscales- es otra muestra de los vínculos del detenido en Coronda con el "Viejo" Cantero, que fue quien “consiguió” que el cantante le mande saludos . “Es un poco anecdótico y a la vez forma parte de la evidencia”, adujo la fiscal.