A fines de mayo, tras los alegatos en la causa por la muerte de Franco Casco el fiscal solicitó prisión perpetua para 14 policías acusados de delitos de encubrimiento, falso testimonio y participación secundaria en la desaparición del joven, quien fue encontrado sin vida luego de haber sido detenido por personal de la comisaría 7ª en octubre de 2014. Los familiares de los imputados consideran injustas las acusaciones y aseguran que se trata de una “estructura dedicada a construir la culpabilidad de trabajadores incoenctes”.

“Se acreditó que Franco murió ahogado, que no tuvo un solo golpe en su cuerpo”, aseguraron en un comunicado enviado a los medios de comunicación. 

“Lo más importante en estas jornadas es que se pudo acreditar de manera definitiva que hubo una estructura dedicada a construir la culpabilidad de trabajadores inocentes”, aseguraron los familiares y detallaron que dicha estructura estuvo conformada por funcionarios públicos de la Fiscalía Federal y otros de la Secretaria de Derechos Humanos. 

Según sus acusaciones, estos organismos, “en connivencia con abogados privados consolidaron un grupo de tareas mixto que cometió todo tipo de irregularidades, y en algunos casos ilegalidades con el fin de construir la culpabilidad de trabajadores policiales”.

En el comunicado también detallan que “el abogado defensor Paul Krupnic pidió que se impute por falso testimonio agravado a Diego Rodríguez, funcionario de la secretaria de Derechos Humanos, quien participó en el direccionamiento de testigos, y por su parte el abogado defensor German Mahieu solicitó que se impute por el mismo delito a la Dra. Virginia Creimer al demostrarse en el juicio que mintió en perjuicio de trabajadores inocentes”.

En este mimo sentido, afirman que los letrados "Dr. Rodrigo Mazzuchini y la Dra. Antonella Travesaro pidieron la nulidad de todo lo actuado al entender que el delito no pudo ser demostrado por ningún medio", y que por su parte quedarán atentos a "los informes que emita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde Washington, quienes ya intimaron al Estado Argentino a realizar un descargo sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron contra trabajadores inocentes en la causa Casco".