Los fiscales Franco Carbone y Aurelio Cicerchia brindaron detalles sobre la investigación que puso en el banquillo a los últimos tres recapturados de la filmográfica fuga de la cárcel de Piñero, y que este lunes culminó con la imputación penal de los ocho protagonistas. Aseguraron haber sabido siempre que el más buscado, Claudio “Morocho” Mansilla, se encontraba en Santa Fe, y no descartaron que hubiera una connivencia de algunos miembros de fuerzas de seguridad que le brindaba impunidad y prolongaba su condición de fugitivo. 

Cuando sucedió la fuga un año atrás, en los días que la Seguridad provincial se abocaba a dar con los fugados se hablaba de que Mansilla podía encontrarse en Paraguay (su país de origen) y la Interpol lanzó un alerta internacional. Sin embargo al ser recapturado unos días atrás en el oeste rosarino se confirmó que nunca se fue del país, algo que despertó sospechas de que para permanecer en territorio de su fuga debía tener connivencia de la fuerzas de seguridad. En torno a esto, el fiscal Carbone aseguró: “Lo de Paraguay nunca fue así. Siempre lo supimos, pero trabajábamos distintas líneas investigativas. Mansilla se estuvo moviendo por otras provincias argentinas, y sabemos fehacientemente que estuvo en la ciudad de Santa Fe”.

Luego deslizó que “posiblemente tuvo una connivencia o apoyo de alguna fuerza de seguridad” y aclaró no tener conocimiento aunque no lo descartó, y precisó que "las fiscales Gisela Pairola y Marisol Fabbro están investigando posibles situaciones”.

Este lunes fueron imputados los últimos tres evadidos recapturados, Daniel Piccione, Martin Catelli y Mansilla, y al resto se les recalificó el hecho, de además de la evasión, el uso de armas de guerra.

Otros cómplices que siguen prófugos

Los fiscales fueron consultados sobre otras complicidades civiles desde fuera de la cárcel en la fuga, y Carbone recordó que quien manejaba el vehículo aún permanece prófugo, de sobrenombre “Guachín”. “Eso aún se investiga, es una persona que aún no fue identificada y hay mas personas que participaron de la evasión”.

El fiscal Carbone recapituló sobre la efectividad de la causa: “Las recapturas de las ocho personas evadidas fueron de formas diversas: muchos fiscales estuvimos investigando con distintas fuerzas de seguridad, la sección operativa de la AIC y la reciente Unidad Especial de Investigación contra el Crimen Organizado. Se hicieron 70 allanamientos en procura de Mansilla.

Aseguró que “lo importante de las imputaciones nuevas es que sus condenas en expectativa pueden ascender a unos 25 años de prisión”.

Sin cámaras y con centinelas incomunicados

Cicerchia y Carbone negaron que se investigue al personal del Servicio Penitenciario fuerza connivente de la fuga: “No se puede hablar de complicidad en la fuga, sino de fallas de seguridad: las cámaras no funcionaban y los tejidos perimetrales eran muy fácil de franquear. Tampoco había comunicación entre los centinelas de las diferentes garitas. Muchas de esas cosas fueron cambiadas.

A este cuadro preocupante sobre las condiciones de seguridad de la cárcel se sumó que quienes sí tenían (y una muy fluida) comunicación eran dos de los internos a través de celulares: “Se pudo comprobar que había una comunicación fluida de varios internos que facilitó la fuga, entre Cañete y uno de los imputados hasta las 17.10 que fue la fuga. Esta no pudo haber ocurrido si no hubiera habido celulares en la cárcel”.