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La Policía Federal Argentina (PFA) dio detalles del operativo que se realizó este jueves por la mañana y que tuvo como resultado la detención del jefe del Sindicato Unido de Portuarios Argentinos, Herme Orlando Juárez, y otros seis hombres.

Según informaron desde la PFA, tras los allanamientos se bloquearon las cuentas bancarias que la Cooperativa de Trabajadores Portuarios tiene en Argentina, cuyos montos ascenderían a más de 100 millones de dólares.

Bajo la supervisión de funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones (dependiente de la Secretaría de Seguridad), el personal de la fuerza de seguridad realizó 31 allanamientos en oficinas, viviendas particulares y sedes de cooperativas y mutuales ubicadas en las localidades de San Lorenzo, Puerto San Martín, Funes y Carcarañá (provincia de Santa Fe), Victoria (Entre Ríos) y Merlo (San Luis).

Se destaca que en las acciones tuvieron importante participación funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de la AFIP, del Ministerio de Producción y Trabajo, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Juárez, titular del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y presidente de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de San Martín, fue detenido en su domicilio.

En tanto, otras seis personas, entre las que se encuentran un abogado, un síndico y un socio del mencionado sindicato, también fueron apresados. Según la PFa, la Cooperativa monopoliza la carga de granos en los puertos del extremo norte del Cordón Industrial de la ciudad santafesina de Rosario.

Los elementos que fueron secuestrados para la causa son 248.000 dólares, 1.200.000 pesos,  joyas de diseño (anillos, relojes, pulseras, dijes, gargantillas, piedras preciosas, etc),  un Ford Focus, cheques, entre otros elementos.

Los aprehendidos estarían involucrados en diversas maniobras ilícitas, como ser el desvío de fondos desde las cooperativas y mutuales a cuentas privadas de los responsables de las mismas. Ese dinero habría sido utilizado luego para la compra de inmuebles y autos de alta gama.

Por ese motivo, se libró un exhorto internacional a fin de requerir a la República Oriental del Uruguay el aseguramiento preventivo de los cuantiosos bienes que la organización poseería en ese país.

Asimismo, a través del Banco Central de la República Argentina se ordenó el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo y demás productos bancarios y financieros de la asociación, cuyos montos ascenderían a más de 100 millones de dólares.

Interviene en los hechos el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.