El expresidente Mauricio Macri se presentó este jueves a declaración indagatoria en la causa donde se lo acusa de haber promovido espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017, pero el trámite se suspendió porque no está relevado de su deber de guardar secreto de Estado sobre temas de inteligencia.

Macri ingresó poco antes de las 12 al juzgado federal de Dolores a cargo de Martín Bava junto a su abogado Pablo Lanusse y se retiró casi una hora después sin declarar. Según explicaron las fuentes, cuando iba a comenzar el trámite se informó que, por su condición de exmandatario, está obligado a guardar secreto de Estado.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) informó al juzgado no estar en condiciones de relevarlo de esta obligación ya que el pedido debe hacerse ante el presidente de la Nación Alberto Fernández. Ante esto, la defensa solicitó la suspensión de la audiencia y el juez hizo lugar.

La nueva fecha se fijará una vez que se cumpla con este requisito para que Macri pueda hablar o responder preguntas vinculadas a cuestiones de inteligencia.

A horas de la indagatoria, el tribunal de apelaciones rechazó la recusación con la cual la defensa de Macri pretendía correr de la causa al juez que el 1 de octubre dispuso que se lo convocara a dar explicaciones por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal que, de acuerdo con la investigación judicial, habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan "desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de Gobierno".

Se lo acusa de haber ordenado y posibilitado, entre diciembre de 2017 y finales del 2018, "la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos".