Plan Qunita: otro caso del lawfare que cayó por su propio peso
Bruno Moglia, hermano de uno de los creadores del proyecto, consideró a la causa de Bonadío como una "persecución bizarra y ridícula"
La fiscal Gabriela Baigún dictaminó este martes sobreseer a todos los imputados de la causa del Plan Qunita tras considerar que a lo largo de la investigación no se logró constatar que los acusados hayan incurrido en los delitos de fraude a la administración pública, ni el de abuso de autoridad, en el caso de los exfuncionarios investigados, informaron fuentes judiciales.
Bruno Moglia, hermano de Tiago Ares, uno de los creadores del programa Qunita, dialogó con Ariel Bulsicco en Si 989 y opinó sobre las secuelas que dejó la causa judicial en manos del imparcial juez Claudio Bonadio, fallecido el año pasado. También recordó a Tiago quien vivió con mucha congoja esta falsa denuncia y perdió su vida a causa de un cáncer de colon en octubre de 2015 con solo tan 25 años.
Si vueltas Bruno sostuvo al comienzo de la entrevista que la causa judicial que partió de la denuncia de Graciela Ocaña, que en ese momento ocupaba una banca como legisladora porteña por Cambiemos, “siempre le pareció muy ridícula, una persecución judicial bizarra”, no sólo por la acusación de malversación de fondos a una decena de funcionarios, sino también por los planteos estructurales que se hicieron sobre supuestas fallas en el diseño de los kits para recién nacidos.
“Yo siento que todos estos ataques hicieron que el proyecto quede en la memoria colectiva y hasta sirva para que en el futuro se piense en algo similar. Igualmente con lo que me quedo, más allá de la decisión de la Justicia de frenar el programa, es con la respuesta y el acompañamiento por parte de mucha gente que lo defendió y eso la verdad que fue muy valioso”, agradeció Bruno.
La idea de Tiago fue tomada de diversos planes que existían en el mundo para evitar el colecho, una de las causas de mortalidad más frecuentes en recién nacidos. En ese sentido agregó Bruno que a partir de allí se buscó algo más superador y de carácter equitativo, que además fuese durable y pasara de generación en generación, trajera más de cincuenta productos, entre ropa, juguetes para el bebé, accesorios de salud para las madres y una guía con ilustraciones para la salud del bebé y su mamá.
“Es algo que la gente lo usó y tomó con mucha alegría, y siempre tuvo palabras de agradecimiento y de amor para con el proyecto. Esto un poco viene a saldar este tema”, reflexionó el joven que para quienes denunciaron el proyecto de su hermano manifestó: “Les salió el tiro por la culata” porque no quedó en la sociedad y menos en los sectores populares como un hecho de corrupción.
Más bien se “agrandó”, precisó luego Bruno que reveló que a partir de los relatos de las madres que pudieron acceder al Kit se pudo constatar su seguridad. El programa duró pocos meses y los pequeños moisés fueron confiscados por el juez Bonadio, que además después intentó quemarlos por considerarlos inutilizables lo que habría sido un hecho lamentable para la causa.
Los detalles del sobreseimiento
La fiscal formalizó la presentación ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, que ahora deberá determinar si sobresee o no a los acusados y, en consecuencia, si se hace o no el juicio oral y público. El expediente de la causa del Plan Qunita tenía entre sus procesados al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y al exministro de Salud de la Nación y actual titular de esa cartera en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y su actual viceministro, Nicolás Kreplak, entre otros.
Entre las primeras consideraciones formuladas por la fiscal en su dictamen de 70 páginas, Baigún recordó que en este caso “recién se llevó adelante un peritaje contable y uno técnico con posterioridad a la elevación a juicio, como consecuencia de los pedidos realizados por las defensas y por este Ministerio Público Fiscal”.
La causa avanzó hasta el punto de ser elevada a juicio oral, a partir de una instrucción que, al no haber logrado determinar a través de un peritaje los precios de los kits, utilizó como parámetros para acreditar la existencia de sobreprecios una valuación realizada en función de facturas aportadas por la denunciante Graciela Ocaña y los valores aportados por la Sigen resultantes de las órdenes de trabajo.
