El Concejo municipal se prepara para una caliente discusión en el recinto en un tema que pondrá como eje central el control de la Municipalidad de Rosario. Es que tres concejales impulsaron un proyecto para crear una Oficina Anticorrupción destinada a poner la lupa sobre la administración pública municipal, y a empresas proveedoras de bienes y servicios vinculados a ella.

Los concejales Martín Rosúa, de UCR 1983, Alejandro Rosselló, de Unión PRO y Diego Giuliano, de Rosario Federal, son los autores de esta iniciativa que prevé la creación de un organismo con independencia funcional y autarquía financiera para realizar investigaciones sobre agentes municipales, funcionarios o empresas vinculadas al Estado.

La propuesta cayó como una bomba en el socialismo, incluso hizo ruido hacia dentro del Frente Progresista ya que el concejal Rosúa es radical aliado al oficialismo que gobierna la ciudad, lo mismo que la presidenta del Concejo Municipal, Daniela León, quien suscribe a la iniciativa.

Diego Giuliano en contacto con Rosarioplus.com se refirió a esa cuestión: “El socialismo lo vio como una amenaza y en realidad es una oportunidad de mejorar los procesos de control. Debería ser bien aceptado por quienes gobiernan hoy la ciudad”. Y recordó que la intendenta Mónica Fein en la apertura de sesiones planteó el tema de la transparencia en la administración y recalcó que Rosario no tiene ningún hecho de corrupción.

¿Quién lo conduce?

La polémica también explotó porque el texto propone que la conducción del organismo de control lo designe el Concejo municipal pero a propuesta de la segunda fuerza política más votada en las últimas elecciones a intendente, por lo que un hombre del PRO sería el designado en caso de aprobarse sin modificaciones en este punto. En los comicios de 2015 Ana Laura Martínez quedó un escalón más abajo que la intendenta Mónica Fein.

Vale aclarar que hoy el Tribunal Municipal de Cuentas realiza el control y evaluación de la gestión administrativa municipal en relación de la administración central, el Concejo municipal y entes descentralizados, pero lo hace con posterioridad a que los hechos sucedan. Por eso Giuliano insiste en que “se necesita un control en tiempo real de los procesos administrativos”.

En este sentido, el comunicado de la presentación oficial del proyecto planteó que para incentivar y evaluar el cumplimiento de los estándares establecidos se fijarán controles periódicos, auditorías específicas, sumados al tablero de control de gestión, y se fijarán pautas de detección de alertas tempranas y posibles desviaciones, previniendo “así conductas corruptas antes que se produzcan, evitando  perjuicios e impactos negativos en la ciudadanía”.