El gobierno nacional introducirá en la Cámara de Diputados un proyecto que propone ampliar la figura del arrepentido para casos de corrupción, y buscará debatirla este miércoles en un plenario. Ya existe esta figura para delitos de lavado y narcotráfico, pero la idea es ampliarla para casos de mal uso del poder público.

Se trata de una iniciativa impulsada por el gobierno de Mauricio Macri para favorecer la investigación en delitos contra el patrimonio estatal que ofrece una reducción de penas de entre un tercio y la mitad del total a quienes colaboren, además de castigos de entre uno y diez años de prisión a quienes brinden información falsa.

La iniciativa, que será consensuada con otras ya presentadas por varios bloques, comenzará a ser debatida este miércoles en un plenario de las comisiones de Seguridad y de Legislación Penal. La idea es consensuar un texto unificado para emitir dictamen y tratarlo el jueves en una sesión especial.

La figura del arrepentido ya existe para delitos como el de lavado de dinero y además del lavado de activos, la legislación actual prevé esta figura para los delitos de narcotráfico, secuestros extorsivos, terrorismo y trata de personas, pero el texto del Poder Ejecutivo propone ampliarla a los actos de corrupción.

La figura del arrepentido estaba incluida en el proyecto que establece nuevas técnicas de investigación aprobado la semana pasada en el recinto de la Cámara baja pero, debido a diferencias con la oposición, el oficialismo acordó sacar de esa iniciativa el artículo referido a esa figura y adelantó que el gobierno nacional trabajaba en una ley para ampliarlo a casos de corrupción.

Fuentes oficiales adelantaron que el proyecto confeccionado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en colaboración con la Oficina Anticorrupción, contempla la "reducción en un tercio del mínimo y la mitad del máximo de la pena que se trate, el cumplimiento condicional de la pena, excepcionalmente la eximición de pena" y alternativas "para situaciones especiales" ya establecidas en la ley de Ejecución de la Pena Privativa.

(Télam)