La Municipalidad de Rosario cedió un inmueble para que la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) tenga lugar propio de trabajo en la ciudad para sus investigaciones sobre delitos vinculados al tráfico de drogas y al lavado de activos vinculados a ello. Asimismo, comenzará a suministrar a cualquier fiscal del país que se lo requiera información de la agencia local contra el lavado de dinero, e imágenes del sistema de cámaras de videovigilancia municipal.

Todo eso contiene el acuerdo que el intendente Pablo Javkin firmó este martes con el Procurador General de Nación, Eduardo Casal, y con titular de la Procunar, Diego Iglesias.

Se sellaron los acuerdos necesarios para avanzar en la cesión de una oficina con la que cuenta la Municipalidad para que la Procunar amplíe sus capacidades de trabajo en todo el territorio de la ciudad, profundizando las investigaciones de narcocriminalidad y lavado de activos a su cargo, informó el Ejecutivo local.

Firma convenio con el procurador general de la nación

Además de la cesión del espacio físico por parte del municipio a la entidad nacional que combate el crimen organizado, la Municipalidad se compromete a brindar las imágenes de sus cámaras (incluidas las que poseen detectoras de patentes) y compartir información que surja de la Oficina Antilavado para que los organismos nacionales realicen las actuaciones de acuerdo a sus competencias.

Tras la firma del acuerdo, el intendente valoró la rúbrica del convenio y destacó: “Necesitamos presencia en la ciudad de todas las agencias federales que tienen competencia en el narco delito", poniendo especial énfasis en la tarea de la Procunar y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). En ese sentido, remarcó la importancia de la cesión de un inmueble por parte del municipio para el funcionamiento de estas agencias, y señaló: "Ya tenían presencia acá, pero queremos jerarquizar esa presencia, darle su propio espacio, y por eso hemos hecho la cesión de un espacio que teníamos para que esa presencia sea permanente. Van a estar muy cerca de acá, vamos a poder trabajar coordinadamente".

Respecto de la información que el municipio brindará a través de sus cámaras, indicó que "claramente muestran una vez más que no cumplen una función sólo de tránsito, sino que tiene que ver con la persecución de vehículos, de delitos", y añadió: "Y vamos a agregar prontamente la colocación de las 600 cámaras con reconocimiento de rostro, todo eso también lo vamos a vincular con un trabajo directo que tiene que ver con la Procunar".

En la firma del convenio estuvieron la fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, y la fiscal Regional, María Eugenia Iribarren. Señalaron que el objetivo es "apuntarle a la parte de arriba del problema". "Apuntarle más a cómo ingresan las armas, cómo se mueve la droga, dónde se aprovecha el dinero que genera esa recaudación económica", enfatizó Javkin.

Mediante este documento rubricado en el Palacio de los Leones, la Municipalidad encauza la cooperación con la Procunar y la Procelac, a cargo del fiscal Diego Velasco. Ambas oficinas dependen de la Procuraduría General y sus titulares estuvieron presentes acompañando al Procurador General, con el objeto de generar la colaboración y el intercambio de información para el mejor cumplimiento de las funciones y misiones de ambas. Así, el municipio enviará a todos los fiscales del país la información que se considere necesaria del sistema SICIDEI, vinculada a la captación electrónica de infracciones de tránsito y de cámaras de videovigilancia.

La información que se proveerá a los organismos nacionales consiste en la lectura de las patentes de los vehículos automotores que circulen bajo el radio de captación del SICIDEI, junto a la fecha y hora donde haya sido registrada, la cámara, la localización por coordenadas y la dirección de la incidencia. A su vez, en caso de existir una imagen o video asociado, se brindará un link para su consulta.

También se compartirá información con la que cuenten las autoridad de la Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo, ejerciendo no sólo un control territorial sino monitoreando también la parte económica y financiera en busca de señales que puedan estar emparentadas con el delito.