Un documental de Netflix reactualizó, gracias a su impactante producción, la cuestión de los entresijos de la administración de justicia, y la brutal influencia de los medios de comunicación en las decisiones que toman los magistrados cuando no tienen el temple necesario para resistir la presión de quienes demandan “resultados”.

“Carmel, ¿quién mató a María Marta?”, no zafa de esa lógica donde lo impactante prevalece sobre lo periodístico, pero, al estar distanciada temporalmente de los hechos, induce a una reflexión más objetiva sobre la actuación de la prensa argentina en una época donde la venta de diarios había dejado de ser negocio.  

Hacia octubre de 2002 la venta de diarios había caído en picada. Gobernaba Eduardo Duhalde, el país no terminaba de encaminarse y las ejecuciones en plena calle de dos militantes sociales, Kosteki y Santillán, habían agregado una nueva cuota de escepticismo sobre el futuro argentino.

Entonces el asesinato de una mujer “de la sociedad”, dentro de un country, un tipo de urbanización que evocaba misterio, era un excelente episodio para explotar periodísticamente. Tenía además el encanto de demostrar que la prensa sí se atrevía a meterse con los ricos.

Carmel: ¿Quién mató a María Marta? | Tráiler oficial | Netflix

“Cuando se descubrió que la  información podía ser un negocio, la verdad dejó de ser importante”, enseñó el notable periodista polaco Ryszard Kapuscinski.

Y Argentina reprodujo el esquema del periodismo moderno, nacido sobre fines del siglo XIX, cuando los dos diarios de mayor tirada de Estados Unidos, el New York World, de Joseph Pulitzer, y el New York Journal, de William Randolph Hearst competían en venta. Sin demasiados escrúpulos, sin respaldo de fuentes más o menos seguras, había que conseguir lectores.

El aumento de ventas no se compadecía con la veracidad de sus noticias. Hasta se publicaron informaciones falsas para lograr que los estadounidenses acepten que su país se inmiscuya en una guerra con España en 1898 por la propiedad de Cuba. Los dos diarios tendían al impacto emocional, a la “primicia exclusiva”, generalmente de contenido siniestro, sin que importara demasiado que sus fuentes estuvieran contrastadas.

De María Marta a Cristina

Los diarios argentinos publicaron más tapas con episodios sobre el juicio por la muerte de María Marta García Belsunce que por el juicio a las Juntas Militares de la última dictadura.

En 2009 Carlos Carrascosa, agente de bolsa y marido de María Marta, fue condenado a prisión perpetua por homicidio calificado. Tres años después fueron condenadas por encubrimiento cinco personas, con penas de prisión de entre 3 y cinco años, todos allegados a la víctima. Recuperaron su libertad quince días después, tras pagar sendas fianzas.

Durante todo el proceso el juez de San Isidro, Diego Barroetaveña, se negó a dictar la prisión a Carrascosa, y el fiscal Diego Molina Pico consiguió el dictamen en la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, después ratificada por la Corte Suprema. El 20 de diciembre de 2016 esa misma corte lo absolvió.

Barroetaveña participó, después, del tribunal que condenó al poderoso líder gremial José Pedraza por el crimen del ferroviario Mariano Ferreyra. También en el juicio que terminó en condena a miembros del Servicio Penintenciario Federal por torturas al joven Brian Nuñez. Últimamente, le negó el beneficio de prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz y a otros represores que alegaban peligro de contagio de coronavirus.

Hoy ese juez, que cultiva un bajísimo perfil, que se negó en varias oportunidades a concurrir al programa de Mirtha Legrand, integra la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país,  y debe dictaminar en estos días sobre otro tema de altísimo voltaje: la eventual responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner en la llamada causa Cuadernos.   

¿Y el caso Fraticelli?

Unos meses antes de que se declarara absuelto a Carlos Carrascosa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reparaba otro dislate jurídico de parecidas características, pero ocurrido en Santa Fe.

En febrero de 2016 el máximo tribunal del país dejó firme la absolución del ex juez penal de la ciudad de Rufino, Carlos Fraticelli por el crimen de su hija Natalia, quien tenía 15 años en mayo del 2000 cuando fue hallada asfixiada en el dormitorio de su casa familiar.

Fraticelli pasó seis años en la cárcel. Su esposa, Graciela Dieser, quien se suicidó, también habría sido beneficiada con la absolución de haber estado viva. Desde el comienzo del juicio Fraticelli y Dieser fueron acusados de deshacerse de su hija porque interfería en su vida social de pareja debido a un retraso de desarrollo que sufría.

El contexto de tan penoso episodio era el siguiente:

- Un gobernador, Carlos Alberto Reutemann, que exigía “resultados” a los investigadores, en medio de la tensión política y social del comienzo del siglo.

- Un sistema judicial inquisitivo, perimido, que ponía tanto la instancia investigativa como la condenatoria en manos de los jueces, nombrados en base a intercambios de favores políticos.

- Una Corte guardaespalda del gobierno provincial.

- Los medios de comunicación contenidos a través de las pautas de publicidad.     

Una investigación del periodista Luis Bastús, de la revista “Rosario Express”, basada en la lectura del expediente del juicio, era esgrimida inútilmente por los acusados y los abogados defensores durante el juicio.

En 2006 el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal ordenó revisar la condena a Fraticelli y Dieser, y cargó duramente contra el sistema penal santafesino.

Tras más de cinco años de trabajo, y a pesar de la tenaz resistencia de la “orga” judicial santafesina, recién en 2014 se empezó a poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal de la provincia que contempla el juicio oral y público para una serie de delitos graves, entre ellos el homicidio agravado como el que se le achacó al ex juez de Rufino y su esposa. Para que ello ocurra debió cambiar antes el signo político del gobierno de la provincia.

Quizás el caso Fraticelli no tenga el “glamour” del caso García Belsunce. Una ciudad-pueblo del sur de Santa Fe no es lo mismo que un country de Pilar. Pero generó un saludable cambio en la manera de impartir justicia en Santa Fe, aunque la mayoría de quienes participaron de aquel disparate jurídico siguen en puestos clave del sistema, disfrutando de estipendios que no se compadecen con los servicios prestados.