La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe se reunirá este jueves para dar entrada al pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad Marcelo Sain. Parece ser un proceso complejo que debe juntar una firme voluntad política dada la dimensión institucional de una destitución semejante. 

El pedido fue presentado por la diputada Lucila Lehmann (CC) luego del polémico audio que circuló donde Sain se refiere en términos despectivos hacia la policía santafesina. "Creo que ustedes juegan en la primera D y yo juego en la primera A ( …) "Y son… son unos negros pueblerinos. Les chupa un huevo lo que yo digo. Hacen lo que se les antoja (...). A las dos de la tarde están todos en la casa. Gracias a Dios que Dios atiende en la Capital Federal. Porque sino este país sería Uganda, hermano”.

El presidente de la comisión es el socialista Joaquín Blanco explicó cómo es el procedimiento del juicio político que se inicia administrativamente este jueves. Las próximas dos semanas son clave. Primero se debe determinar la veracidad y profundidad de la denuncia. Eventualmente se puede ampliar y hasta citar al acusado para que dé su versión de los hechos. 

Cuando la comisión reúne todos los elementos, decide por mayoría simple si avanza y gira al recinto la votación para elevarlo al Senado o descarta el juicio. Para elevar la acusación al Senado, se necesita una mayoría especial de dos tercios en el recinto de Diputados. 
En la comisión, cinco de nueve integrantes son del Frente Progresista, lo que en una mirada simplista podría decirse que, en términos políticos, podría darse lugar al trámite. 

Sin embargo, Blanco aclaró en LT8 algo que se viene diciendo en voz baja entre las diferentes fuerzas políticas, incluida la oposición: “Un juicio político no es un trámite más, es de una gravedad institucional muy profunda, sobre todo contra un ministro de Seguridad que tiene la conducción de la fuerza policial. Por lo tanto, una decisión de este tipo no puede responder a interés partidarios o especulaciones electorales”. 

Esto no es un juicio de la justicia ordinaria, tiene que ver cómo desarrolla su función en este caso un ministro, por lo que los fundamentos deben ser sólidos. Más allá de los cuestionamientos en los medios de la oposición, en off le sacan fichas a la posibilidad de un juicio. El último caso en el que se avanzó y destituyó a un funcionario fue al vicegobernador justicialista Antonio Vanrell, el 29 de junio de 1990.