Dos de las computadoras secuestradas en noviembre pasado por los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez en la sede Rosario del Ministerio de Seguridad son objeto de sospechas y suspicacias en el marco de lo que se denomina una variante local de lawfare, el carpetazo del presunto espionaje ilegal que el Ministerio Público de la Acusación pretendió endilgarle a la gestión de Marcelo Sain. Es que los fiscales mantuvieron desde entonces en reserva el contenido de aquel allanamiento sin orden judicial, y una vez que accedieron en estos días a permitir el acceso de las personas investigadas a las actuaciones, se encontró una singularidad: hubo una manipulación de esos ordenadores sin la presencia de representantes de quienes son objeto de la ofensiva fiscal, no sólo Sain sino también su directora de Control Policial, luego renunciante, Nadia Schujman. 

El abogado Hernán Martínez, representante legal de Sain en esta causa, acudió este jueves a una audiencia en Santa Fe donde personal del Departamento de Análisis Digital Forense, del Organismo de Investigaciones del MPA, procedió a exhibir a las partes los elementos secuestrados el 26 de noviembre en la sede ministerial de Rosario, sita en la delegación de Gobernación, Santa Fe 1950. Se revisaron una tablet, cuatro teléfonos móviles, dos notebooks, y allí se constataron diferencias entre lo que se secuestró y el estado en el que se encontraron esos dispositivos electrónicos.

Martínez declaró en el acta que "los elementos fueron obtenidos en un allanamiento ilegal, y se encontraban deficientemente preservados. No se respetó correctamente la cadena de custodia ni las fajas de seguridad", cuestionó.

Asimismo, observó que "existen diferencias entre la orden fiscal y los rótulos que se observan, además una computadora carece de disco rígido y la otra que sí lo posee se encuentra encendida, lo que habla de una manipulación posterior al secuestro que deberá ser investigada". Las computadoras que fueron manipuladas eran las que usaban Germán Montenegro, secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe hasta el momento de los allanamientos y Nadia Schujman, abogada de reconocido prestigio en la lucha por los Derechos Humanos y militante de HIJOS, que era la Directora de la Agencia de Control Policial del Ministerio.

El acta de la audiencia celebrada este jueves en Santa Fe.

En diálogo con RosarioPlus.com, el abogado Juan Lewis relacionó este caso con un método propio de la Inquisición en la Edad Media. "Aquí se ha armado una persecución judicial en base a rumores. No es serio. Los antecedentes en la historia del Derecho remiten a la Edad Media, cuando la forma clásica del procedimiento inquisitorial se iniciaba no con una denuncia, no con acusación de un funcionario estatal sino con rumores. Y a partir de eso, el Inquisidor podía tomar determinadas medidas con el sospechado. Algo semejante ocurre acá: no tenemos nada oficial, sin embargo hace tres meses que hay personas sospechadas de delitos graves cuya imputación concreta no se conoce", repudió el letrado, que defiende en esta causa a Nadia Schujman, Germán Montenegro, Pablo Álvarez y Débora Cotichini, todos integrantes del Ministerio de Seguridad de la provincia, hasta los cuestionados allanamientos.

"Es peligroso la forma en la que la Fiscalía maneja sus relaciones con la prensa y la publicidad de causas que tiene entre manos", reprochó Lewis en alusión a la causa de presunto espionaje del Ministerio sobre diferentes políticos, periodistas, y empresarios, fogoneada desde el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, enemistado con Sain desde el tiempo en que este era ministro.

El caso Lucchini

Además, Lewis habló sobre la grave denuncia que se conoció esta semana de Mariana Ortigala, testigo clave en el juicio a Alvarado. En presentación ante los fiscales del MPA en enero pasado, reveló que unos meses antes -en octubre y antes de los allanamientos al Ministerio de Seguridad- una persona con fuertes conexiones con el Poder Judicial y la política, le había anticipado que habría una movida en la cartera que preside Jorge Lagna.

Se trata de Horacio Lucchini, que en ese tiempo era secretario del Juzgado Federal de Venado Tuerto. Desde ese lugar, intentó gestionar una relación con las bandas de Los Monos y Alvarado, para ofrecer cierta protección una vez que fuera nombrado como funcionario en Seguridad, a cambio de dinero. Según lo que denunció Ortigala, ya sabía que antes de fin de años, habría "una cama a Sain" para potenciar cambios en el Ministerio y él obtendría un cargo importante. Tras los allanamientos de noviembre, Lucchini fue nombrado como Director Provincial de Análisis Criminal Estratégico. 

"Dado el tenor de las cosas que ha declarado esta persona, los fiscales Jiménez y Hernández, entendemos que deben haberse movilizado para tomar declaración. Porque lo que dijo esta persona luego fue ratificado y tiene una verosimilitud importante. Con lo cual, creemos que si mantienen el deber de objetividad, ya lo deberían haber convocado. Si no lo hacen, pediremos nosotros que lo hagan", resumió Lewis.